Crisis humanitaria en Armenia y Artsaj

La puesta en escena es de comedia pero los resultados son propios de una tragedia: una dictadura que vive casi exclusivamente de la extracción de combustibles fósiles y donde las protestas están prohibidas organiza una protesta en defensa del medio ambiente para bloquear la única ruta por la que 120.000 personas que habitan una república democrática acceden diariamente a tratamiento médico, alimentos, medicinas y otros insumos básicos. Desafiando los límites del género, los “ecologistas” usan abrigos de piel animal y sueltan al aire una paloma que acaba de morir asfixiada por la “activista” que la sostiene mientras grita consignas a favor de la paz.?Azerbaiyán, un país atendido por sus propios dueños desde 1969 y recientemente ascendido al grado de “socio confiable de Europa” por Ursula von der Leyen, bloquea desde el 12 de diciembre el corredor de Berdzor, que conecta la enclavada República de Artsaj (Nagorno Karabagh) con el resto del mundo a través de Armenia. Al bloqueo terrestre se suma la amenaza de derribo por parte de Azerbaiyán a cualquier aeronave que intente despegar o aterrizar en el aeropuerto de Artsaj y la interrupción intermitente del gasoducto que llega desde Armenia atravesando territorio bajo control azerbaiyano. Se trata de su más reciente intento por vaciar este territorio de su población armenia autóctona, intentando que mueran de hambre quienes sobrevivieron a los tres intentos previos de aplastarlos por la fuerza militar (1991-1994, 2016 y 2020).?La última agresión militar a gran escala emprendida por Azerbaiyán y Turquía contra Armenia y Artsaj finalizó en noviembre de 2020 con una declaración mediada por Rusia y un desfile en Bakú. La declaración, firmada por las autoridades de Armenia, Azerbaiyán y Rusia, establecía que fuerzas de paz rusas se desplegarían en el área del conflicto para proteger a la población de Artsaj, incluyendo el corredor terrestre hacia Armenia, única conexión con el mundo exterior. A lo largo de ese corredor, Azerbaiyán debía “garantizar la seguridad de personas, vehículos y cargas en ambas direcciones”. Un mes después, para despejar cualquier duda de sus intenciones, durante un desfile militar en Bakú los presidentes Ilham Aliyev, de Azerbaiyán, y Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, celebraron la memoria de Enver Pashá, uno de los integrantes del triunvirato otomano que planificó y ejecutó el genocidio contra el pueblo armenio entre 1915 y 1923.?Esta evocación cobra un nuevo significado a la luz de los hechos de este mes y remite casi textualmente a aquella convención de 1948, que, a partir del análisis de los crímenes de Enver Pashá y Adolf Hitler, tipificó el genocidio como el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”, entre otros. ?Más cerca en el tiempo, el Estatuto de Roma (1998) definió como un crimen de guerra el “hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro”. Más cerca aún, en 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas afirmó la “responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad” de parte de todos los Estados miembros.?La comunidad internacional —esa entelequia hipócrita—, contando con amplia base legal para intervenir y evitar una catástrofe humanitaria, se ha limitado a declaraciones tibias que no comprometan el flujo de gas y petróleo desde los yacimientos de Bakú hacia Europa durante el invierno. Lejos de promover duras sanciones al régimen azerbaiyano o desafiar un bloqueo a todas luces ilegal, enviando ayuda humanitaria de emergencia por vía aérea, legisladores europeos y estadounidenses continúan siendo receptivos a los regalos y sobornos de Azerbaiyán, por los que varios ya han sido condenados y otros lo serán en el futuro. Quizás en Uruguay suceda algo similar el día que alguien investigue por qué más de 30 legisladores y funcionarios viajaron con todos los gastos pagos —algunos hasta cuatro veces— a fotografiarse con el dictador de un país con el que apenas tenemos relaciones diplomáticas o comerciales.