Crítica del Ministerio del Interior a la actuación de los jueces no le “hace bien” al sistema de Justicia porque “cae la confianza” de los ciudadanos, opina un ministro de la Suprema Corte

No obstante, para Chediak “no es muy fácil hacer algún tipo de vaticinio sobre cómo va a afectar el código la eficacia represiva del sistema”. Sí espera que la reforma tenga impactos sustanciales en la reducción del tiempo de duración de los procesos y de la cantidad de presos sin condena, y que crezca la confianza de la ciudadanía en el sistema, gracias a una mayor transparencia. “Esos son los balances positivos racionalmente esperables de la reforma”, afirmó.

—¿Piensa que la reforma del proceso penal tendrá un impacto en la seguridad pública?

—Mi respuesta es que no lo sé. Hay impactos que se han dado en otros países y que es lógico que se den. Por ejemplo, debería impactar fuertemente en la celeridad de los procesos, tienen que pasar de un promedio de un año y medio a días y semanas. Debería modificar sustancialmente la relación de presos sin condena frente a presos con condena, y pasar a tener 30% menos de presos sin condena y más de dos tercios con condena. Probablemente, va a haber una confianza mayor en el sistema, derivada de la transparencia. No es que el ciudadano común va a poder acceder a las audiencias, porque no es verdad. No va a ir y no hay lugar. Se puede admitir público si el espacio es lo suficientemente grande como para que no interfiera en la audiencia, pero acá las salas son muy chicas. Pero a través de los periodistas, de las salas de prensa y los circuitos de TV, y en algún caso la posibilidad de que integrantes del público estén presentes en las salas, pensamos que va a aumentar la confianza en el sistema. Esos son los balances positivos racionalmente esperables de la reforma.

—Pero las autoridades han hablado de que la reforma mejorará la eficacia en la persecución de los delitos, lo que contribuirá a bajar la inseguridad. ¿No cree que el código vaya a tener un impacto en ese tema?

—No es muy fácil hacer algún tipo de vaticinio sobre cómo va a afectar el código la eficacia represiva del sistema. La eficacia medida como la tasa de resolución de los delitos, que es el comparativo entre el número de delitos denunciados y el número de sentencias de condena. En Uruguay y en la región esa tasa es de un dígito. Hay que ser muy cuidadoso en no generar expectativas desmesuradas. Por ejemplo, en Chile, algunos delitos como las rapiñas llevaron a una mejora que de acuerdo a como se exponga puede interpretarse como más exitosa de lo que es. Determinados guarismos pasaron de 6% a 9%. Si se plantea como marketing, se puede decir que mejoró la eficacia del sistema en un 50%. Pero sigue siendo de un dígito. Entonces, ¿podemos esperar mejoras en la eficacia del sistema con esta nueva modalidad? Sí podemos. Lo que no hay que hacer es generar expectativas desmesuradas. Porque a lo mejor logramos que determinados guarismos sean mejores, pero van a seguir siendo de un dígito; seguiríamos hablando de que 9 de cada 10 delitos no se resuelven. No va a generar, y por eso las advertencias, un impacto formidable en la seguridad. En la sensación de la gente no va a haber un cambio. Cuando veamos las estadísticas podremos tener la satisfacción de que este sistema, más moderno, más tecnológico, más coordinado, funciona mejor que el otro. Ahora, hay una pregunta legítima: ¿van a pasar a resolver el 15% de las rapiñas? ¿Dos dígitos? Es muy difícil. Eso ya significaría multiplicar la eficacia del sistema actual. Entonces, ¿se puede esperar una mejora? Sí. Una mejora muy significativa, no.

—¿A su juicio no puede entonces esperarse que haya una disminución de los delitos en el corto o mediano plazo?

—Llevó 30 años llegar a la situación actual. Había 1.500 rapiñas en 1985, unas 6.000 en el 2000, y 21.000 en 2015. Es razonable que una vez que logremos alcanzar una meseta y que los delitos dejen de crecer, empecemos gradualmente a disminuirlos. Esperemos que no lleve 30 años. Pero en una situación que se fue agravando a través de décadas, no es razonable esperar un cambio sustancial en cuestión de meses o pocos años, nada más por la implantación de una nueva modalidad procesal penal. La magnitud del impacto la empezaremos a medir probablemente al año de implementación del sistema. Hay un periodo de adaptación del funcionamiento del sistema y las mejoras no se ven en los primeros meses. El problema es que los ciudadanos dicen: “Sí, ustedes muestran estadísticas, mejoran esto y aquello, ¿y la seguridad?”. Allí yo no creo razonable alentar expectativas desmesuradas. Me parece que esto va a ser un proceso largo de desandar este agravamiento en el cual llevamos incurriendo 30 años y la salida va a ser trabajosa y progresiva. Pero este es un primer paso.

—¿La reforma reducirá la cantidad de presos en las cárceles?

—Cómo va a impactar en la población carcelaria no lo sabemos, porque cambia mucho la modalidad procesal. Es verdad que pasa a ser más excepcional la prisión preventiva, pero por otro lado hoy solo se procesa con prisión a la mitad. Y el perfil de los delitos que se procesan con prisión grosso modo encarta en las excepciones a la espera del juicio en libertad que prevé el código (quienes se puedan fugar, no tengan domicilio conocido, puedan amedrentar a víctimas y testigos). Entonces tenemos tres hipótesis: puede aumentar la población carcelaria, lo que va a obligar al Estado a hacer fuertes inversiones porque no tenemos capacidad locativa para albergar a un número mayor de presos; puede darse un leve descenso en la población carcelaria, que no lo creo; o puede mantenerse dentro de los parámetros actuales, quizás la apuesta más probable.

—El Ministerio del Interior ha cuestionado a la Justicia por no procesar a detenidos o por la tipificación de algunos delitos, lo que ha generado algún cruce con la Corte en los medios. ¿Qué opina?

—La mayoría de los casos de la Justicia penal se resuelven adecuadamente. Hay situaciones donde hay rispideces, por una razón lógica de que la persecución de los delitos es un problema complicado, que depende de muchos operadores. A veces, más allá de que no le corresponda —porque dentro de las enormes potestades que tiene el Ministerio del Interior con relación al mantenimiento del orden público, si hay algo que claramente no le corresponde constitucional y legalmente es la calificación jurídica de los hechos— tenemos esas situaciones donde en hechos cuya calificación jurídica puede ser opinable se ha generado alguna rispidez, en tanto a juicio del Ministerio se trataba de una rapiña, y a juicio de la Fiscalía y del Poder Judicial se trataba de un hurto agravado. Esos son casos minoritarios y sin embargo generan una sensación de falta de coordinación, de falta de protección al ciudadano. Por eso no nos hace bien a ninguno marcar ese tipo de situaciones. Hay muchas instrucciones policiales que son defectuosas, y en muchos casos por eso mismo no se logran los elementos de convicción suficientes para poder procesar a alguien. ¿Pero se gana algo señalando que hay defectos en la parte que corresponde al Ministerio del Interior? ¿Se gana algo si el Ministerio señala que pudo haber a su juicio un defecto en la instrucción judicial? ¿Se gana algo haciendo hincapié en esos casos minoritarios donde el sistema no funciona bien? Es una especie de juego de sumatoria cero. Lo que termina pasando es que cae la confianza de la ciudadanía en el sistema todo. No es que aumente la apreciación pública del Ministerio y decaiga respecto a los jueces penales, y viceversa. No. Cuando hay una percepción positiva o negativa del sistema penal vamos todos en el mismo carro. Teniendo presente que las reglas del juego son que es más noticia el error que el funcionamiento normal, habría que cuidar eso, para el mejor funcionamiento y la mejor imagen del sistema penal.

—¿La incorporación de tecnología, como las cámaras con software de identificación facial, puede tener un impacto en la eficiencia de la Justicia?

—La tecnología no es magia. Pensar que la incorporación de tecnología va a impedir que se cometan crímenes no es realista. Lo que va a cambiar es la modalidad y sobre todo la eficacia de la lucha contra el delito. No es que deba incorporarse tecnología porque va a solucionar el problema de la delincuencia. Debe incorporarse porque la tecnología disponible ayuda a que seamos más eficaces en la represión de los delitos. La Corte ha dado un fuerte ejemplo al apoyar las distintas iniciativas del Ejecutivo respecto a la incorporación de tecnología. Desde el inicio fuimos favorables a las tobilleras o pulseras electrónicas. Estuvimos absolutamente a favor de la instalación de cámaras de alta definición en las calles. Cuando ha habido algún chisporroteo sobre su aplicación hemos tratado de explicar las enormes dificultades que se dan por la imposibilidad de identificar a una persona. Ahora se empieza a hablar —nosotros lo teníamos claro porque sabíamos que la tecnología existía— de incorporar el software de identificación facial. Que no va a solucionar una cantidad de casos, lo que va a hacer es mejorar la posibilidad de identificación. Lo seguiremos apoyando, creemos que ese es el camino a seguir, pero teniendo claro que no es magia. No nos va a permitir un aumento importante en la eficiencia de la represión del delito.