Crónica de un ajuste largamente negado

Dado que por entonces el déficit fiscal superaba el 3% del PBI, cuando se le preguntaba cómo pensaba financiar estas iniciativas, Vázquez negó una y otra vez que fuese a aumentar o a crear nuevos impuestos. A excepción de reimplantar el Impuesto de Primaria sobre “los grandes terratenientes”, acto que consideró de estricta justicia.

Consideraban que, cualquiera fuese el vencedor de la contienda electoral, tarde o temprano el país tendría que proceder a un ajuste de las cuentas públicas.

Vázquez consideró alarmistas tales consideraciones y prometió manejarse con “prudencia”.  Para ello confió nuevamente la cartera de Economía a Danilo Astori.

Aun cuando los jerarcas de Economía de la administración saliente integraban el “equipo” que acompañó a Astori durante la primera presidencia de Vázquez, tras la instalación del nuevo gobierno fuentes del Poder Ejecutivo dijeron haber encontrado un deterioro de la situación financiera mayor al esperado y cuestionaron tanto decisiones como inversiones realizadas o proyectadas. Ello generó rispideces y distanciamientos políticos entre algunos de los involucrados.

Mientras el contexto externo continuó deteriorándose —caída de exportaciones, pérdida de recaudación, déficit fiscal en torno a 4% del PBI, aumento de la desocupación, inflación de casi dos dígitos— el equipo económico proyectó el Presupuesto para los años 2016-2017 sobre supuestos excesivamente optimistas, como quedó de manifiesto en los meses siguientes. La estimación oficial de crecimiento del PBI para el bienio se redujo de 2,5% a 1% en 2015 y a una cifra aún inferior para este año.

El programa económico inicial del gobierno implicaba reducir en los dos primeros años de gestión el déficit fiscal en un punto del producto (de 3,5 a 2,5%), pero las medidas adoptadas, postergación o cancelación de inversiones, nuevas pautas salariales, apenas evitaron números en rojo aún mayores.

 Sobre fin de año, urgido por el cierre de las cuentas del ejercicio 2015, un decreto del Ejecutivo eliminó el ajuste en la liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) por inflación. Un par de semanas después hubo una actualización de las tarifas de los servicios públicos que no contempló en el precio de los combustibles la baja del petróleo. Antes, Economía tuvo que recomponer las finanzas de Ancap con una asistencia de U$S 600 millones más un crédito internacional por otros U$S 200 millones. Simple “asiento contable”, al decir de Mujica.

Si alguna duda quedaba de que “la fiesta” se había acabado y que estaba pendiente el pago de la factura, en su mensaje a la ciudadanía del 1º de marzo el presidente reconoció el deterioro de la economía producto de la situación económica regional y mundial. Frente a lo cual enfatizó en cuidar el grado inversor.

A buen entendedor pocas palabras bastan. Había llegado la hora de reconocer la realidad y de aplicar correctivos. ¿Cortando el gasto público? Poco, porque por allí hay poco margen para actuar y obtener rápidos resultados.

Legisladores oficialistas propusieron no devolver lo cobrado en exceso como aporte al Fonasa, apropiación indebida que no prosperó. Otros señalaban que había margen para aumentar los aportes por IRPF y IASS sobre sueldos y pasividades. Aparentemente ajenos a la realidad, dirigentes del Partido Socialista reclamaron aumentar el salario mínimo…

Al anunciar el lunes 23 las “medidas correctivas”, algunas de las cuales requerirán de leyes que tendrá que votar el Parlamento, Astori las atribuyó al “enlentecimiento del crecimiento” del país que “ha obligado a revisar las proyecciones” oficiales. Aseguró que no proceder así implicaría el “deterioro de la calificación crediticia” y la pérdida de “las fortalezas” que hoy tiene Uruguay. Vázquez, por su parte, consideró del caso destacar que el 80% de la mayor recaudación adicional del IRPF será aportado por el 10% de la población de mayores ingresos. Más carga sobre los mismos bolsillos. Pero no sobre los que más tienen sino sobre los que más ganan producto de su mayor esfuerzo y/o capacitación.

Está claro que la situación fiscal en la que se encuentra el país requiere “correctivos” necesarios, estos debieron llegar antes. Postergarlos por más tiempo supondría costos mayores más adelante.

Pero aunque se ha evitado reconocerlo, no es menos evidente que estos “correctivos” propuestos son un reconocimiento implícito del voluntarismo y el despilfarro de recursos públicos que caracterizó la “administración Mujica”. De lo cual la gestión en Ancap y el proyecto Antel Arena son apenas muestras. Los sueños del puerto de aguas profundas en Rocha, el proyecto original de la regasificadora, marchan por la misma senda.

El ajuste fiscal proyectado debería dejar claro que los excesos se pagan y que, como en la fábula de la cigarra y la hormiga, hay que tener disciplina y ahorrar en tiempos de bonanza para tener reservas para los tiempos malos.

Se asegura que las medidas anunciadas —aumento de tasas del IRPF y del IASS, contención de ingresos de personal al sector público, reformas en el sistema de pasividades militares, postergación de inversiones y reducción del gasto público— deberían rendir unos U$S 500 millones, de los cuales unos U$S 350 millones por incrementos tributarios y el resto por postergación o reducción de gastos.

Economistas independientes que reclaman la baja del gasto público, no creen que con las medidas proyectadas se corrija “lo más superfluo e ineficiente” de dicho gasto y señalan que los ciudadanos “están menos dispuestos a aceptar más impuestos porque no ven resultados”.

Habrá que ver los resultados de los “correctivos” anunciados y cómo impactarán en la situación fiscal. Pero entretanto, es obvio que la credibilidad del gobierno y del Frente Amplio no sale bien parada de todo esto. Una gota más que va llenando el vaso.

Ganar la elección es importante, pero en política no solo importa ganar la elección.