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    Crysol dice que el gobierno incumple ley de atención sanitaria a expresos políticos

    Los registros de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) establecen que hay 5.633 beneficiarios al amparo de las leyes reparatorias a víctimas del terrorismo de Estado. La normativa establece que estas personas, sus hijos y sus nietos tienen derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia prestaciones médicas como asistencia psicológica, oftalmológica u odontológica. Así lo señala el artículo 10 de la Ley 18.596 de 2009 y el decreto respectivo.

    Según dijo a Búsqueda Gastón Grisoni, presidente de Crysol, la organización de expresos políticos, el actual gobierno “ha desconocido esta normativa por la vía de los hechos”.

    En una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou, fechada este miércoles 25, Crysol expresó su “malestar y rechazo” por esta situación. El texto enumera entre los incumplimientos: “1) Falta de pago a los proveedores, lo que en la práctica ha llevado a que no se suministren las prestaciones odontológicas, oftalmológicas y similares, 2) supresión de la atención en salud mental, 3) atrasos injustificados para las autorizaciones de servicios cuando se solicitan, 4) excesiva lentitud en las fiscalizaciones, lo cual dilata en el tiempo los plazos de atención, 5) enormes demoras por falta de personal para consultar a los especialistas en ASSE”.

    La organización sostiene que a través de “modificaciones sucesivas y permanentes en las disposiciones administrativas” por parte de los ministerios de Salud Pública (MSP) y de Economía y Finanzas (MEF), “con diferentes excusas”, estas prestaciones “se han reducido a la mínima expresión”, en un contexto de “menor presupuestación económica” durante esta administración. Finalmente, la nota solicita al mandatario “que imparta las directivas necesarias a los ministerios y servicios pertinentes” para regularizar esta situación.

    En salud mental el panorama es el más crítico. Según la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry, del Movimiento de Participación Popular (MPP), la atención psicológica hoy es “nula”.

    “En anteriores administraciones podía haber dificultades y demoras en el traspaso de las transferencias de dineros del MSP. Pero eso no implicaba ni restricciones desde la asistencia ni en el tipo de asistencia. Lo que está sucediendo acá con el cambio de gobierno es que directamente empiezan no solo a enlentecer sino a negar la asistencia”, dijo a Búsqueda Etcheverry, quien integra la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La legisladora agregó que a las dificultades de atención se suman dificultades de los profesionales para cobrar por la atención que brindan. Eso, indicó, sucede en el caso de los odontólogos.

    “Revisionismo”

    A través de un pedido de informes realizado por esta diputada, ASSE señaló que al 15 de mayo de este año 1.014 de esos usuarios realizaron 1.288 solicitudes de prestaciones, incluyendo 912 anteojos y 196 tratamientos odontológicos, durante la actual administración. En otro, enviado al MSP, la cartera señaló que a agosto de 2023 había 184 facturas pendientes de pago para estos casos, que ascendían a $ 3.966.329.

    Este mismo pedido de informes, empero, señala que entre 2020 y 2022 el MSP abonó por este concepto $ 36.734.485. La cartera también indicó que al asumir la actual administración encontró 400 facturas con fecha 2018 y 2019 pendientes de pago.

    “El último año del gobierno del Frente Amplio dejó un atraso importante con este tema y lo reconocemos. Al principio de la actual gestión nos reunimos con el director general de Salud Pública, el coronel (Gustavo) Cardoso, y se pusieron al día. Al César lo que es del César”, precisó Grisoni en diálogo con Búsqueda. Sin embargo, sostuvo que a partir de ese momento “se complicaron los pagos”.

    “Hay cambios en la metodología, trabas burocráticas que hacen que no se cumplan las prestaciones oftalmológicas, odontológicas o auditivas. Yo voy a una óptica o a un dentista y me dicen que Salud Pública no está pagando hace tiempo”, agregó el presidente de Crysol.

    Tanto la diputada Etcheverry como el titular de la asociación de expresos políticos creen que existe un componente ideológico. “Si bien las autoridades siempre han hablado de demoras en las transferencias, lo cierto es que esto no puede ser leído aisladamente de la actitud revisionista que ha mantenido el gobierno, restricciones a reconocer los derechos a víctimas del terrorismo de Estado, que en definitiva eso es esta población”, indicó la legisladora.

    Grisoni no diría que es un gobierno “hostil” pero sí “sospechoso” en el tratamiento a su colectivo. Señaló que estos atrasos y las restricciones a la asistencia se están dando en un contexto de “un gobierno cabildodependiente”, donde “se pide prisión domiciliaria para los represores” y “se aprueba el resarcimiento a víctimas de grupos armados” pero con los expresos políticos “no se respeta la ley reparatoria”.

    Atención psicológica

    La atención a la salud, señalada como la más deficitaria, estuvo cubierta entre 2009 y 2020 por un convenio suscrito entre el Estado y la Cooperativa de Atención a la Salud Mental y Derechos Humanos (Cosameddhh), al amparo de las leyes reparatorias, como la ya citada 18.596 y la 18.033 de 2006.

    “Este servicio psicosocial atendió de forma ininterrumpida desde el año 2009 al 2020 ofreciendo psicoterapias individuales, grupales, atención psiquiátrica y atención social a aproximadamente 300 usuarios por año. También se realizó acompañamiento psicosocial al grupo de 28 mujeres que denunció judicialmente violencia sexual durante el terrorismo de Estado. Otro objetivo que se propuso la cooperativa fue generar conocimientos sobre las características del daño, la configuración específica de las patologías y los efectos transgeneracionales”, señaló Cosameddhh en un texto enviado a Búsqueda, firmado por los psicólogos Lala Mangado y Facundo Farrando y la docente Magdalena Lemmonier.

    Según los responsables de la cooperativa, la situación cambió con la llegada de la nueva administración. Desde marzo hasta agosto de 2020 se trabajó sin percibir honorarios, indicaron. Recién en diciembre de ese año se pudo cobrar lo adeudado. Pero desde agosto de 2020 los beneficiarios de las leyes de reparación “estuvieron sin atención especializada”, por lo que “el Estado está incumpliendo la ley desde hace más de tres años”.

    “La atención en salud mental dejó de funcionar, estuvo parada durante tres años y nosotros nos arreglamos como pudimos”, señaló al respecto Grisoni.

    Cosameddhh se presentó a una licitación del MSP en mayo de 2022 para el servicio que antes brindaban. Según la cooperativa, fueron los únicos oferentes de un llamado que, dos meses después, quedó sin efecto. “El director general de Secretaría informó que hubo un error administrativo pero que se subsanaría con un nuevo llamado”, agregaron. Estos resultados demoraron “meses” y “recientemente” fueron informados “que el servicio fue adjudicado al Casmu”, agregaron. Los responsables de la cooperativa dicen desconocer los motivos por los que quedaron afuera.

    El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo a Búsqueda que no está al tanto de la situación. “Es raro, porque estamos trabajando con el mismo equipo y no hubo ninguna política nueva”, agregó. El jerarca aseguró que va a investigar la situación. Desde la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo de Estado, que funciona en la órbita del prestador público, se indicó que “semanalmente” se envían las solicitudes al MSP.

    En la cartera, el tema funciona bajo la órbita de la Dirección General de Secretaría. Hasta el cierre de esta edición, Búsqueda intentó, sin éxito, contactarse con el responsable de esta dirección, Gustavo Cardoso, integrante de Cabildo Abierto.