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Los legisladores frenteamplistas primeramente declaran que querían citar a comisión legislativa a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que informara las razones del traslado de la jueza Mota.
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El cambio de destino es un acto administrativo común a cualquier organismo estatal y constituye —en caso de recurso de la parte afectada—competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Sin duda, además de una violación al principio de separación de poderes,es una violación al art.118 de la Constitución: “…No podrá ser objeto de dicho pedido lo relacionado con la materia y competencia jurisdiccionales del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.
Si algo faltara en el acto administrativo de traslado, entonces el afectado tiene el derecho de recurrir primeramente ante el órgano que dictó el acto y luego ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El vicepresidente Astori expresó que le “gustaría que fuera la propia SCJ la que tome la iniciativa de concurrir ante el Parlamento a explicar el porqué del traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil”.
Le está dictando normas de conducta a la SCJ.
Al vicepresidente le preocupa que el Poder Ejecutivo respete la política económica del Ministro de Economía (de su grupo político y equipo económico), pero no le preocupa como legislador y presidente de la Asamblea General del Poder Legislativo que sus compañeros legisladores del Frente Amplio respeten la Constitución y la Ley.
Simulando ser respetuosos del Derecho, luego manifestaron que no se trata de una citación o convocatoria, sino de una“invitación” o de una “consulta” para que la opinión pública esté informada de las razones del traslado de la jueza Mota. Otro disparate, ya que el Legislativo puede invitar a la SCJ solo a los efectos de consultarle sobre asuntos de elaboración de Leyes por lo cual, la Constitución otorga competencia a la SCJ según el art.240 y no a fin de “informar a la opinión pública”. De la misma forma el art.14 del Código Civil establece que la SCJ, a su conveniencia, informará de las dudas, dificultades y vacíos que hayan surgido en la aplicación de las leyes previamente sancionadas por la legislación.
Se comprueba que en dualidad de criterios, los legisladores del Frente Amplio no efectuaron invitación y consulta alguna a la SCJ cuando pisotearon la “ley de caducidad” debidamente apoyada en dos pronunciamientos de la ciudadanía y así, la SCJ declaró la inconstitucionalidad de la primera causa presentada.
Cuando deben consultar no consultan y consultan cuando no deben consultar.
El FA fue al Club Naval a pactar con la dictadura traicionando los postulados populares del Obeliscazo de noviembre de 1983, autorizando a que loe eventuales violadores de los derechos humanos no concurrieran a la Justicia; luego oculta lo que pactaron(esta es su conducta permanente) y Wilson “sacó las castañas del fuego” impulsando la “ley de caducidad”.
Recurrieron contra ella mediante un referéndum y un plebiscito (¡para una reforma constitucional!) en los que la ciudadanía respaldó la ley. Posteriormente, desde el Parlamento, pisoteando aquellos pronunciamientos ciudadanos, intentaron abolirla en una primera vez y no tuvieron votos; por lo que en la segunda —a pesar de que se les advirtió la inconstitucionalidad por la oposición y varios juristas— lograron los votos para sancionar la ley “interpretativa” (de la ley de caducidad) que declaraba la no prescripción de delitos cometidos en dictadura sin respetar los más elementales principios del Derecho.
Generaron falsas expectativas sancionando una ley sabiendo que era inconstitucional y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la inconstitucionalidad de la ley”interpretativa”. Pero, fieles en atentar contra la democracia y el Estado de derecho, en jugar con la gente y desconocer la Justicia y “guardando todo en la misma bolsa” como acostumbran (acto administrativo de la SCJ de traslado de un magistrado, increíble), arremeten contra la SCJ ,rechazando la sentencia, acusándola de obedecer móviles políticos,anunciando un juicio político a sus integrantes (no corresponde, según art.93 de la Constitución) y amenazando con denunciarla por su responsabilidad ante organismos de Justicia internacionales. ¿Qué más falta para que liquiden la República?
El Dr.Tabaré Vázquez, al ser consultado como presidente el 17 de noviembre de 2005 sobre el procesamiento con prisión del ex presidente Juan María Bordaberry, dijo: “Habló la Justicia”.
¿Ningún medio de prensa le preguntará opinión sobre esta última sentencia de inconstitucionalidad de la SCJ?¿En ese caso no habló la Justicia?¿O la Justicia habla cuando los fallos les gustan a él y a su Frente Amplio?
