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En diciembre de 2013, el Ministerio de Salud Pública (MSP) contrató a una cooperativa formada por exempleados de la multinacional tabacalera Philip Morris para que se desempeñen, en primer lugar, como agentes de prevención del tabaquismo, y después como fiscalizadores del cumplimiento de la normativa que prohíbe fumar en espacios cerrados. La cooperativa se llama 21 de Octubre, la fecha en que la multinacional cerró sus puertas en Uruguay. En ese día sus empleados quedaron sin trabajo. A cuatro años de que se formalizara el ingreso de este grupo de extrabajadores al cuerpo inspectivo del MSP, persisten cuestionamientos sobre el vínculo de la cooperativa con el Ministerio y sobre las tareas de fiscalización que realizan.
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El diputado blanco Martín Lema realizó dos pedidos de informes sobre este tema. El primero lo hizo a mediados de año y ahora volvió a insistir con más información en un nuevo pedido formulado esta semana. Lema dijo a Búsqueda que en las respuestas al primer planteo, el MSP “evitó responder cuestiones importantes”.
“La respuesta que nos dieron fue incompleta, ya que no responden sobre la cantidad de socios que tiene la cooperativa, tampoco nos dicen cuál es la cantidad de empleados y no adjuntaron documentación sobre las actas de inspecciones e informes que por convenio debía realizar la cooperativa”, señaló.
Para el legislador, el MSP debería “fortalecer” su División Fiscalización para tareas de inspección en lugar de recurrir a tercerizar una función inherente a la propia cartera. El organismo cuenta con unos 21 inspectores para fiscalizar el cumplimiento de la ley antitabaco en todo el Uruguay. Según un artículo publicado por el diario El País, un inspector de fiscalización, a horario completo y debiendo controlar además los CTI, las farmacias de hospitales, entre otras dependencias, gana $86.000 mensuales.
En el nuevo pedido de informes, Lema insiste sobre interrogantes que no fueron contestadas por el MSP y solicita otros datos como la formación que recibieron los integrantes de la cooperativa para tareas de educación, promoción de salud e inspección.
El diputado dijo que este vínculo con la cooperativa llevó a que el MSP “violara la normativa de contrataciones en forma reiterada durante tres años”. La cooperativa 21 de Octubre se contrató en forma directa con observaciones del Tribunal de Cuentas desde 2013 a 2016. “Cuando se llamó a licitación se dirigió la misma a cooperativas de trabajo, valorándose especialmente los antecedentes en tareas similares, lo que parecería ser un traje a medida”, explicó Lema.
Pero además, según cuentas que sacó el diputado en función de las respuestas oficiales, el MSP que en el momento de la contratación tenía a la actual presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, como ministra, pagó aproximadamente $ 1,5 millones para “capacitación y trabajo de campo” de los integrantes de la cooperativa.
“¿Por qué contrataron en el año 2013 en forma directa a una cooperativa que hubo que capacitar a sus inspectores para desarrollar la tarea? No se entiende cómo se contrata una cooperativa que hay que capacitarla para que pueda prestar funciones teniendo una división de Fiscalizacion”, insistió.
En el pedido de informes, Lema pregunta sobre la cantidad de inspectores que participan en cada evento de fiscalización y pide que se discrimine los que corresponden a la cooperativa y los que son funcionarios del MSP.
También inquiere sobre “las razones de necesidad y/o urgencia” de contratar directamente a la cooperativa con observaciones del Tribunal de Cuentas desde el año 2013 a setiembre 2016.
Satisfacción.
En su respuesta al primer pedido de informes, el MSP señaló que la cooperativa 21 de Octubre “ha cumplido a satisfacción con las tareas que le corresponden” y que incluso ante los requerimientos del Programa Nacional de Control de Tabaco (PNCT) concurre a realizar inspecciones fuera de su horario de trabajo. La respuesta detalla que durante el período que va desde abril de 2014 a junio de 2017, la cooperativa realizó 22.132 inspecciones, de las cuales en 1.652 situaciones se detectaron infracciones.
