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Diputados: una interpelación, un debate postergado y la ley de competitividad marcarán el final del año
El proyecto del Ministerio de Economía, único en el que la oposición tiene importantes consensos, tiene más chances de ser aprobado durante este período legislativo
A poco más de seis semanas del final del actual período legislativo, la Cámara de Representantes enfrenta una interpelación, el cierre a un debate postergado y la prioridad puesta en varios proyectos con miras a ser aprobados. Entre estos últimos, el de competitividad y reducción del costo de vida es el que aparece con más chances de ver luz verde este mismo año.
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Esto se debe no solo a que es un proyecto proveniente del Poder Ejecutivo, una prioridad del ministro Gabriel Oddone, que ya cuenta con media sanción del Senado, sino que desde la oposición, como dijo a Búsqueda el diputado nacionalista Pablo Abdala, “es la única iniciativa del gobierno con la que hay un grado de coincidencia importante”.
Según la diputada Susana Camarán, coordinadora de bancada del Frente Amplio, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja terminará de recibir a las delegaciones a mediados de este mes. La idea es que enseguida sea elevado al plenario para su aprobación. Como la oposición planteó algunos cambios —sobre todo, en el artículo 140 de este proyecto, que habilitaba la figura de “múltiples proveedores para un mismo producto” salvo casos excepcionales— es probable que vuelva al Senado para su votación definitiva como “tercera cámara”. En ambas partes hay optimismo en que esto último pueda ocurrir antes del final del período, el 15 de diciembre.
La recta final del trabajo en Diputados no abundará en emociones, según un relevamiento realizado por Búsqueda. Para el miércoles 4 de noviembre se fijó la interpelación al ministro de Trabajo, Juan Castillo, que será llevada adelante por el colorado Adrián Juri. En la moción se indicó que se espera que el jerarca “brinde explicaciones sobre la gestión de su cartera” desde el inicio de su gestión, sobre todo en “prevención y resolución de conflictos laborales, sus consecuencias sobre el empleo, la producción, el comercio exterior y la actividad económica”. El llamado ocurrió después de que terminara un prolongado conflicto portuario, lo que generó algunas dudas en la propia oposición sobre la oportunidad de llevarla a cabo.
Para evitar un eternizamiento de la discusión, se acordaron dos horas para interpelante e interpelado, así como 15 minutos de intervenciones para los legisladores que quieran hacer uso de la palabra, dijeron fuentes parlamentarias.
A la semana siguiente, el jueves 12, se realizará una sesión sobre la cuestionada compra de la estancia María Dolores, en Florida, por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). Esta adquisición motivó la creación de una comisión investigadora en Diputados que duró tres meses, de marzo a junio, y que terminó en el mismo lugar donde empezó: con el oficialismo subrayando la inexistencia de ilicitudes y la oposición englobada en la coalición republicana (partidos Nacional, Colorado e Independiente) apuntando a presuntas irregularidades que le habían merecido una denuncia previa en Fiscalía. El estudio de la Rendición de Cuentas postergó la elevación al plenario de los informes finales para su discusión. La instancia del 12 es considerada un “cierre” del tema “quizá tardío”, según coincidieron tirios y troyanos consultados por Búsqueda.
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El otro proyecto del Poder Ejecutivo considerado prioritario para el Frente Amplio es el que crea una causal jubilatoria anticipada desde los 60 años, recién ingresado a Diputados. Camarán dijo a Búsqueda que su partido propondrá la creación de una comisión especial “para que lo trate rápidamente”.
El acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto para la ley que protege a los deudores de bajos recursos también está en carpeta. Para Cabildo Abierto es una “absoluta prioridad”, según destacó el diputado Álvaro Perrone. El entendimiento entre las partes se logró luego de que el oficialismo atendiera que el texto contemplara las deudas con los organismos públicos, algo que solicitaba el partido liderado por Guido Manini Ríos, y que fue clave para que se lograran los votos para aprobar en Diputados la última Rendición de Cuentas. Sin embargo, al estar en el mismo organismo que el proyecto sobre competitividad —la Comisión de Hacienda— su tratamiento “es más complejo”, indicó Camarán.
Desde el lado coalicionista, avanza un proyecto de Abdala para que los mayores de edad que tengan saldos pendientes de cumplimiento de delitos como menores no vuelvan al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, sino que sean derivados a centros de adultos. Esta iniciativa logró aprobación y consenso en la Comisión de Población y Desarrollo y será tratado en el plenario el mes próximo. El legislador nacionalista añadió que también hay apoyo entre el oficialismo y la oposición para modificar el proceso de adopciones, que incluye agilización de plazos, más participación de los interesados en recibir un niño y licencias especiales; en esta iniciativa intervienen la colorada Paula de Armas y la frenteamplista Tatiana Antúnez.
Colorados y nacionalistas tomaron como propios a su vez un proyecto que en la legislatura pasada —siendo oposición— presentó el Frente Amplio para ampliar el acceso a la información pública y que ahora prefería archivar. “Cuando lo trabajemos en la Comisión (Especial contra el Lavado de Activos) en noviembre, vamos incluir algunas modificaciones al original”, dijo a Búsqueda el diputado Conrado Rodríguez. El mismo legislador anunció que en este mes, en esa misma comisión, se citará al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y a la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República para su proyecto que apunta a modificar los criterios de designación de los integrantes del Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública.
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