El proyecto de ley sobre nacionalidad que envió el gobierno al Parlamento tiene a priori los votos suficientes para ser aprobado. A los 48 diputados frenteamplistas se suman tres colorados que están a favor de la iniciativa y darían la mayoría necesaria para que sea ley.
Impulsada por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, la propuesta establece que los ciudadanos legales son nacionales uruguayos por naturalización. El proyecto genera discrepancias dentro del Partido Nacional y del Partido Colorado, y también entre constitucionalistas.
La Constitución distingue entre ciudadanos naturales, los nacidos en territorio oriental y sus hijos, de los legales, aquellos extranjeros que obtuvieron la ciudadanía. “La regulación constitucional de la nacionalidad y la ciudadanía en el ordenamiento jurídico uruguayo presenta, desde su formulación, ambigüedades técnicas y conceptuales que han generado múltiples interpretaciones divergentes y efectos prácticos de relevante trascendencia jurídica y social”, expresa la exposición de motivos del proyecto.
Las historias sobre ciudadanos legales que han sufrido esta ambigüedad son diversas. Por ejemplo, la Institución de Derechos Humanos (Inddhh) intervino en el caso de un cubano que llegó a Uruguay con seis meses, pero cuando intentó participar en una competencia deportiva en el exterior con la bandera uruguaya se topó con un problema. Sus padres tienen la ciudadanía legal, pero no son nacionales y, por lo tanto, él tampoco. Y como es menor de edad, no puede tramitar aun la ciudadanía legal. No pudo competir.
A partir de esa situación y de otras denuncias de casos similares que recibió, en diciembre de 2023 la institución recomendó al Estado uruguayo que reforme su legislación para garantizar “que los ciudadanos legales puedan ejercer su derecho a la libertad de movimiento y circulación internacional en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos uruguayos–naturales”.
El gobierno de Orsi intentó solucionar el problema en 2025 mediante un cambio en los pasaportes uruguayos —que dejarían de indicar el lugar de nacimiento—, pero luego de que algunos países informaran que la nueva confección del documento podía dificultar los trámites migratorios, el Poder Ejecutivo dio marcha atrás.
El proyecto enviado este mes al Parlamento propone otra solución: interpreta los artículos 73 a 75 de la Constitución y establece que “a la condición de nacional o uruguayo se accede en el momento del nacimiento en el caso de los ciudadanos naturales y desde el otorgamiento de la carta de ciudadanía en el caso de los ciudadanos legales”.
La iniciativa busca fortalecer “la seguridad jurídica respecto de la condición nacional de los ciudadanos legales; la protección efectiva del derecho a la identidad y a la nacionalidad; la coherencia entre las categorías constitucionales de ciudadanía natural, ciudadanía legal y nacionalidad; la adecuada identificación documental de los ciudadanos uruguayos en el ámbito nacional e internacional; la armonización del derecho interno con los compromisos internacionales asumidos por la República en materia de nacionalidad y prevención de la apatridia; y la uniformidad de los criterios administrativos y jurídicos aplicables a los ciudadanos legales”.
El apoyo colorado
En 2025, al poco tiempo de asumir como diputada colorada, Elianne Castro se reunió con Jimena Fernández, directora de la Inddhh, quien le planteó que Uruguay tiene “una deuda muy grande” con los inmigrantes. Castro está a favor del proyecto que anunció Díaz y que ingresó por Diputados. También lo apoyan otros dos diputados colorados: Felipe Schipani y Horacio de Brum. Los tres integran el sector Unir Para Crecer.
Castro señaló a Búsqueda otro problema que genera la normativa uruguaya al no reconocer la nacionalidad de los extranjeros. Por ejemplo, aquellos que obtienen la ciudadanía legal uruguaya y pierden en ese momento su nacionalidad de origen —porque varios países niegan la doble ciudadanía—, quedan en situación de apatridia (sin nacionalidad).
Uruguay es un país formado por inmigrantes, que, además, ha recibido una ola de inmigración en los últimos años de cubanos y venezolanos que “están pagando impuestos, trabajando, aportando con servicios, con mano de obra, a las profesiones, que forman parte del entramado de la sociedad. ¿Cómo le vamos a cerrar las puertas a esa gente?”, planteó la diputada.
Schipani anunció el lunes 12 en X que apoya “totalmente” el proyecto de Díaz por un tema de “derechos” y de “sentido común”.
De Brum lo votará porque “contribuye a corregir una situación injusta y a cumplir los compromisos internacionales” en materia de derechos humanos. Propondrá además que se le incorpore un artículo que otorgue “un beneficio concreto” a los padres extranjeros de ciudadanos naturales uruguayos para que puedan iniciar las actuaciones preparatorias para obtener la ciudadanía legal hasta seis meses antes de cumplir el plazo que establece la Constitución. Plantea “un tratamiento preferente” para que “quienes han formado una familia uruguaya y son padres de hijos uruguayos encuentren en nuestro país un camino más ágil para integrarse plenamente a nuestra comunidad nacional”, explicó el diputado salteño a Búsqueda.
En el otro sector del Partido Colorado, Vamos Uruguay, hay críticas al proyecto. El diputado Conrado Rodríguez dijo a Búsqueda que “en principio” está en contra, pero esperará la definición que tome el partido. Rodríguez adhiere a la postura del constitucionalista Justino Jiménez de Aréchaga al considerar que la nacionalidad y la ciudadanía son dos categorías diferentes, tal como estipula el artículo 81 de la Constitución: “La nacionalidad no se pierde ni aún por naturalizarse en otro país, bastando simplemente, para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico”, mientras que “la ciudadanía legal se pierde por cualquier otra forma de naturalización ulterior”.
La interna blanca y el cruce con el catedrático Risso
En el Partido Nacional también hay diferencias. El diputado Pablo Abdala tiene reparos jurídicos sobre la iniciativa, mientras que Leydis Aguilera, su suplente, nacida en Cuba, la defiende. “Nacionalidad, ciudadanía, identidad, sentido de pertenencia, arraigo y derechos: eso es lo que procura garantizar el proyecto de ley interpretativa de los artículos 73, 74 y 75 de la Constitución en materia de nacionalidad que ingresó al Parlamento el 14 de octubre”, dice Aguilera en un reciente video publicado en Tik Tok. Aguilera dijo a Búsqueda que se reunirá con Abdala en los próximos días para hablar del asunto.
El primer rechazo al proyecto fue de Juan Martín Rodríguez. El viernes 9, horas después de que Díaz lo anunciara en conferencia de prensa, el diputado herrerista publicó en X que “nacionalidad y ciudadanía son dos conceptos que nuestra Constitución asigna significados muy distintos, y cuya discusión se remonta a los tiempos de Jiménez de Aréchaga”. Y acotó: “Esperaremos leer el proyecto, pero adelantamos nuestra postura contraria, por razones de constitucionalidad”.
Para la elaboración del proyecto, Presidencia consultó a “los profesores Ruben Correa Freitas y Martín Risso Ferrand, reconocidos especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Público”, cuyos aportes constituyeron “elementos centrales para el estudio de la problemática planteada y para la elaboración de las soluciones jurídicas propuestas”, expresa la exposición de motivos. El gobierno también cuenta con un informe del politólogo Óscar Bottinelli, al que accedió Búsqueda, que concluye que “todo ciudadano tiene nacionalidad oriental, sin distinción entre natural y legal“.
Risso explicó en los canales 5 y 12 que tuvo un cambio de posición con respecto a este tema y cuestionó a Rodríguez por expresar su oposición al proyecto antes de leerlo. Para hablar de inconstitucionalidad, explicó el catedrático, es necesario señalar el artículo o el principio constitucional que violaría el proyecto, lo que no sucedió en su caso.
Por su parte, Rodríguez dijo a Búsqueda que Risso, “junto a otro grupo importante de juristas”, es “referencia” en materia de “análisis constitucional”, pero consideró “absurdo” que “menosprecie y subestime la opinión de quien no está de acuerdo con él”, cuando “hasta no hace tanto tiempo” pensaba igual. “No voy a incurrir en la falta de respeto en la que incurrió el doctor Risso. Porque es como que yo mañana dijera que el doctor Risso es un mercenario, porque a cambio, eventualmente, de un monto o una erogación económica, cambia su posición. No voy a afirmar eso. Ponerse en un pedestal moral o académico no le hace bien al debate democrático”, acotó el diputado blanco.
El legislador considera que la Constitución diferencia a nacionales de ciudadanos legales. El artículo 75 dice que “tienen derecho a la ciudadanía legal los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta…”. La Real Academia Española reconoce a “extranjero” como antónimo de “nacional”, apuntó Rodríguez. También apeló al artículo 81 y concluyó que al asimilar ciudadanos legales y naturales al concepto de nacionales se da un choque contra lo que la Constitución establece.
A nivel académico tampoco hay unanimidad. El director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Jaime Sapoliski, también considera que contraviene la Constitución darle la nacionalidad a los ciudadanos legales.
+ 
