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Apostados en la caja 11 de la sucursal de Tienda Inglesa del Montevideo Shopping, Susana, la cajera, y Eduardo, un joven embolsador, esperaban nerviosos el inicio del acto, sobre las 14 horas del lunes 20. Durante algunos minutos, inquietos, ejecutivos de la cadena supermercadista hicieron algunas pruebas, como si fueran clientes, simulando la compra de productos (una lata de ananá y otra de durazno en almíbar de la marca propia, una jarra refrigerada para cerveza con el escudo de Peñarol y una taza alusiva también a ese club de fútbol) y registrándola mediante una factura electrónica.
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Estaba previsto que fuera el presidente José Mujica quien hiciera una compra para que se emitiera la primera factura digital real en Uruguay —que sustituye al duplicado en papel que las empresas deben conservar para presentar a la Dirección General Impositiva (DGI)—, pero el mandatario no asistió a la ceremonia por estar enfermo. Por eso fue el director general de Rentas, Pablo Ferreri, quien hizo la transacción, que se limitó a los recipientes alusivos a Peñarol, club del que es fanático.
En ese momento, un ejecutivo de Henderson & Cía. (Tienda Inglesa) que estaba a pocos metros de la caja le dijo a otro: “oremos”. Susana registró sin problemas la compra y la primera factura electrónica, que incluye un código de barras bidimensional, vio la luz a las 14:47 horas y fue por $ 159 (de los cuales $ 28,67 correspondieron al IVA). Todos aplaudieron y, orgulloso, Ferreri mostró el histórico tique a fotógrafos y camarógrafos.
Antes el propietario de Tienda Inglesa, Robin Henderson, había hecho un brevísimo discurso en el que dijo, sonriéndose: “Volvemos a encontrarnos con nuestros amigos de la Impositiva… La verdad es que va a ser un placer”. Años atrás Tienda Inglesa fue acusada por la DGI de defraudación fiscal, pero la resolución con la que la oficina recaudadora pretendía aplicar una sanción fue desestimada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el caso terminó clausurado.
Ferreri destacó a su turno la importancia de la factura electrónica, por la cual las empresas le reportarán a la DGI electrónicamente en tiempo real la información de cada venta que hagan a clientes y los pagos a proveedores.
Bajo el marco normativo vigente desde 1992 las firmas están obligadas a emitir dos facturas, una para el cliente y otra como respaldo documental de la transacción que deben conservar durante varios años con propósitos de fiscalización. Anualmente en Uruguay se emiten unos 580 millones de documentaciones económicas, lo que implica “complejidades de gestión”, indicó el jerarca.
El nuevo sistema de factura electrónica estaba siendo testeado desde hace algunos meses en un grupo de empresas, entre ellas las mayores cadenas supermercadistas, Conaprole, algunas importadoras y financieras del consumo, y la estatal Antel. Esas firmas representan 8% de la facturación total.
Ferreri informó que el plan piloto terminó y que todas estarán facturando electrónicamente en la realidad en un período de dos meses, con lo que se beneficiarán con un ahorro de costos al “desaparecer la necesidad de gestionar, administrar y archivar el papel”, y al abrirse “nuevas oportunidades de negocios”. Desde el 1º de setiembre, las demás firmas del país podrán adoptar esta modalidad de registración de las transacciones, y desde 2013 la factura electrónica será obligatoria para empresas grandes y de determinados sectores de actividad, anunció. La DGI espera que en 2014 o 2015 más de 60% de las facturas sean emitidas electrónicamente.
Ello supondrá un “cambio dramático en cuanto a la calidad, la cantidad y la oportunidad de la información” que recibirá on line, lo que mejorará “significativamente la eficacia y la eficiencia de los controles” impositivos, comentó el titular de esa repartición.
“Cuando tengamos una masa crítica donde estén todas las compras y todas las ventas de las empresas” se podrá “en el futuro desaparecer la obligación de llevar registros contables” y usar libros electrónicos, adelantó Ferreri.
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