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    Cristina Zubillaga: “No podemos quedarnos sin avanzar en inteligencia artificial por no tener infraestructura”

    La directora de la Agesic plantea una transformación del Estado en la que los ciudadanos podrán hablarle al celular para hacer trámites y agentes de IA se encargarán de resolverlos; mientras, Uruguay busca cómo proteger sus datos sin contar aún con infraestructura suficiente y depende de las grandes empresas tecnológicas

    La Agesic trabaja en varios de esos cambios, desde nuevas formas de hacer trámites hasta reglas para el uso de IA en los organismos públicos. Zubillaga cree que Uruguay tiene buenas condiciones para enfrentar lo que viene, aunque también dice que al país le falta “un poco de audacia”.

    Entre los proyectos en los que trabaja la agencia están un sistema de voz para hacer trámites desde el celular y una plataforma con agentes de IA que puedan resolver gestiones entre organismos. Al mismo tiempo, prepara una billetera digital que comenzará con la cédula y tiene previsto incorporar otros documentos. También está por resolver dónde se almacenarán y procesarán los datos cuando la IA demande una infraestructura que Uruguay todavía no tiene. En paralelo, prepara un decreto con reglas para el uso de IA en las distintas áreas del Estado y trabaja en un conjunto de “buenas prácticas” para orientar su aplicación.

    —Uruguay suele aparecer entre los países de la región que más han avanzado en gobierno digital. Con la llegada de la IA, sin embargo, se abre una etapa nueva. ¿Qué debería hacer el país para no quedarse atrás?

    —Nos falta un poco de audacia, tener un relato del futuro. La tecnología existe y está, pero nosotros tenemos la capacidad de construir con ella. Yo no quiero que la tecnología me sustituya ni que piense por mí. Quiero que me sirva para hacer mejor lo que quiero hacer. Para eso tenemos que conocerla, utilizarla y formarnos. Ya no existe eso de recibirse a los 23 años y no volver a estudiar nunca más. Vamos a tener que formarnos, reinventarnos durante toda la vida. Van a aparecer profesiones nuevas y van a desaparecer otras.

    Uruguay es un país chico, pero tiene gente capacitada, estabilidad y una buena base tecnológica. Tenemos condiciones para desarrollar un proyecto nacional en serio. El problema es que no podemos entrar en la lógica de pensar que no vamos a poder. Si pensamos que no vamos a poder, seguro que no vamos a poder.

    —¿Cómo cree que la IA va a cambiar la relación entre las personas y el Estado?

    —Yo quiero llegar a que pueda hablarle al celular y que me haga el trámite. La interfaz por voz baja una barrera enorme. Es mucho más fácil hablar para pedir un trámite que entrar a un portal, encontrar dónde está y entender cómo funciona. Estamos trabajando en una interfaz con IA, integrada con la cédula para identificarme electrónicamente. Y después estamos trabajando en una nueva plataforma de interoperabilidad que va a ser agéntica, es decir, va a poder tener agentes.

    —¿Cómo sería eso de “agéntica”?

    —Un agente es un programa informático que puede recibir una tarea y hacer por su cuenta lo necesario para resolverla. No solo responde, sino que puede decidir qué pasos tiene que seguir sin que una persona tenga que indicarle todo el tiempo qué hacer. Si para resolver un trámite tiene que ir a otro organismo, conseguir un dato, volver y completar otro paso, debería poder hacerlo.

    —Si la gente puede hablarle directamente al Estado, ¿qué lugar van a tener los portales?

    —Es una evolución que va a llevar un tiempo, pero es una línea que tenemos que seguir. Qué sentido tiene que evolucionen portales que nadie va a mirar. Porque incluso ahora, si querés hacer un trámite, no entrás al portal de un organismo. Buscás directamente el trámite y llegás mucho más rápido. Algunos trámites incluso se hacen por WhatsApp. Entonces, tenemos que impulsar esto como un proyecto de IA y también de agilidad de gobierno. Y nada sustituye a nada. Las personas que necesiten hacer el trámite presencial van a seguir teniendo atención presencial. Y un lenguaje claro también va a permitir que quienes entren a la web entiendan más fácilmente lo que se les está diciendo. Cuando uno hace un documento del Estado aparecen muchas palabras que son precisas técnicamente, pero que la gente no entiende. Y cuando una persona está haciendo un trámite, generalmente está apurada y necesita resolver algo. No está en el mejor momento para ponerse a entender una jerga técnica.

    Cristina Zubillaga: “Yo quiero llegar a que pueda hablarle al celular y que me haga el trámite”.

    Cristina Zubillaga: “Yo quiero llegar a que pueda hablarle al celular y que me haga el trámite”.

    —Otro de los proyectos es la billetera digital, cuya puesta en funcionamiento está prevista para fin de año. Antes, el gobierno previó habilitar una identidad digital para usar la cédula desde el celular. ¿Cómo funcionará y qué va a cambiar para las personas?

    —La identidad digital es una forma de identificarse desde el celular. En principio va a contener la cédula. Yo me bajo la billetera, pongo mi cédula y después puedo usar la cédula digital de la misma forma que la física. Va a haber un organismo que emite la credencial, una billetera donde queda guardada y un sistema para verificar que sea válida. Cualquiera va a poder bajarse una aplicación y verificar mediante un código QR que la cédula que estoy mostrando es válida. También va a existir la posibilidad de revocarla. Si perdí la cédula, la revoco y pierde validez inmediatamente, como ocurre con una tarjeta de crédito cuando se denuncia una pérdida.

    —Se informó además que la billetera va a ir incorporando otros documentos. ¿Cuáles serían?

    —Sí. Estamos avanzando con el Congreso de Intendentes para incorporar la libreta de conducir, también el carné de salud y el carné de vacunación. Y eventualmente una persona podría tener otras credenciales, como un título universitario verificable. Podría mostrarlo y el organismo correspondiente verificar que es verdadero. A medida que evolucione puede ser más inteligente. Por ejemplo, puede permitir demostrar que una persona es mayor de edad sin entregar todos sus datos. Si voy a un comercio y necesito acreditar que soy mayor de edad, no necesariamente tengo que decir quién soy ni entregar toda la información de mi cédula. Puedo demostrar solamente esa característica.

    —¿La idea es que esa billetera sea solo la de la Agesic?

    —No necesariamente. Después, a medida que avancemos, otras billeteras van a poder ser homologadas por la Unidad de Certificación Electrónica de Agesic. Entonces, puedo tener la billetera que quiera, por ejemplo, la que ofrece el fabricante del celular, la de un banco o la de otra institución, pública o privada. Si está homologada, voy a poder poner ahí la cédula.

    Así, una billetera podría llegar a tener todos los documentos que estén homologados. Y una billetera privada también podría ofrecer otros servicios. Por ejemplo, podría tener el título universitario como una credencial verificable. Yo podría mostrarlo en cualquier universidad y decir “mirá, este es mi título”, y no habría forma de que fuera falso, porque se verifica con el organismo que lo emitió y se certifica que es verdadero.

    —¿Y puede funcionar fuera de Uruguay?

    —Estamos trabajando con el Mercosur. Con el avance que tenemos vamos a proponer que se empiece a trabajar en el reconocimiento transfronterizo. La idea es que el documento de identidad pueda ser válido en Brasil, Argentina y otros países del Mercosur. Después podría avanzar hacia Europa. Es un proyecto a tres años.

    Torre Ejecutiva, sede de la Agesic.

    Torre Ejecutiva, sede de la Agesic.

    —Hay una discusión mucho más grande detrás de todo esto: la soberanía digital. Uruguay quiere tener soberanía sobre sus datos, pero todavía no tiene la infraestructura necesaria para desarrollar IA a gran escala. ¿Cómo se resuelve esa contradicción?

    —Ese es el gran problema. Nosotros no podemos quedarnos sin avanzar en IA por no tener infraestructura. Si habilitamos la nube pública, es decir, infraestructura de empresas como Amazon, Google o Microsoft, estamos poniendo datos en esas empresas. Entonces tenemos que ver cuáles son las condiciones que permiten hacerlo de forma segura.

    Tenemos que pensar que la única posibilidad que tenemos, en el corto o mediano plazo, para un país como nosotros es o les decimos a los organismos del Estado que no pueden usar IA o vemos de qué manera pueden utilizarla en la nube pública.

    Estamos tomando como referencia la normativa europea, que es la más exigente. La idea es que las empresas cumplan determinadas condiciones contractuales, que los datos no se utilicen para entrenar modelos, que estén encriptados y que las empresas no tengan acceso a ellos. Porque, si bien la Unión Europea va hacia eso, hacia la soberanía, mientras construye esa infraestructura sube sus datos a la nube pública.

    —Pero, entonces, mientras Uruguay habla de soberanía digital, ¿se les va a dar los datos a las grandes empresas tecnológicas?

    —Con contratos que dicen que no van a usarlos para entrenar y que están encriptados y que ellos no conocen los datos que se ponen. Estamos cumpliendo con una normativa muy restrictiva en materia de protección de datos. Además, ningún país occidental tiene hoy la capacidad de tener todos sus datos en su propio data center. No somos solamente nosotros.

    —Y entonces Uruguay va a hacer lo mismo…

    —Mientras podamos construir infraestructura propia, consideramos que eso también es parte de la soberanía. Pero, mientras tanto, tenemos que ver cuáles son las empresas que cumplen con las condiciones de la Unión Europea y que pueden adecuarse a los requisitos de protección de datos personales de Uruguay. Esas empresas, si están homologadas y firman contratos con determinadas cláusulas, podrían ser utilizadas.

    La intersección de las rutas 5 y 48, donde Antel levantará su nuevo centro de datos.

    La intersección de las rutas 5 y 48, donde Antel levantará su nuevo centro de datos.

    —¿Dónde están hoy los datos uruguayos?

    —Los datos que no utilizan IA están alojados acá, en los data centers de Uruguay.

    —¿Y los que utilizan IA?

    —Bueno, yo creo que hay poco desarrollo efectivo del uso de datos con IA. Lo que es importante es lo que vamos a hacer en la nube, y habilitarlo tiene dos componentes: uno, que hayan firmado los contratos para el tema de protección de datos personales, y después, la norma va a plantear que, cuando se trate de datos críticos, como los de salud o los que tienen que ver con el giro de la organización, hay que hacer un análisis de riesgos. Hay una metodología de análisis de riesgos en la cual el organismo tiene que evaluar qué riesgos está dispuesto a asumir y qué datos puede exponer tomando en cuenta esos riesgos.

    —¿Y quién va a decidir si esos datos se pueden poner en la nube?

    —Vamos a habilitar que los organismos decidan si quieren que Amazon, Google o Microsoft u otra empresa los aloje ahí… siempre que pasen por la Unidad de Protección de Datos Personales y veamos que cumplen con normativas, aseguran que los datos no se usan para entrenar, que están encriptados, y cantidad de condiciones. Pero esa es la única forma de no cortarnos las manos y usar IA.

    —¿Qué quiere decir con que, de lo contrario, no podríamos usar IA?

    —No existe infraestructura en Uruguay. Ese es el gran problema. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero, cuando preguntás en qué infraestructura la van a desarrollar, no hay infraestructura suficiente. El data center de Antel va a estar para 2028 o 2029, y habrá que ver cómo evoluciona y qué escala alcanza. No tengo claro que dé para todos los datos. Todo depende de cómo nosotros también avancemos con estos temas. No podemos quedarnos sin avanzar en inteligencia artificial por no tener infraestructura. Tenemos que resolver el problema de infraestructura.

    El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la directora de la Agesic, Cristina Zubillaga, y el presidente de Antel, Alejandro Paz, durante la presentación de la Estrategia Digital de Uruguay para la modernización del Estado, el 5 de mayo de 2026.

    El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la directora de la Agesic, Cristina Zubillaga, y el presidente de Antel, Alejandro Paz, durante la presentación de la Estrategia Digital de Uruguay para la modernización del Estado, el 5 de mayo de 2026.

    —Durante la presentación de la Estrategia Digital de Uruguay, el gobierno anunció un acuerdo para “fortalecer la nube de gobierno” y trasladar el data center de la Agesic al de Antel. ¿Es una estrategia del Estado concentrar los datos de los organismos en Antel?

    —Entendemos que sí. Nosotros estamos usándolo como piloto. Toda la infraestructura que tenemos en Agesic la estamos llevando al data center de Antel porque queremos ser un piloto para el resto del Estado. Si yo tengo un data center y consolido todo ahí, tengo una economía de escala importante. Es mucho más eficiente a que cada organismo tenga que resolver por separado la ciberseguridad y la evolución tecnológica.

    —¿Qué posibilidades hay de que Uruguay albergue un data center para el Mercosur?

    —Es una propuesta que para mí está abierta. Uruguay es el país más confiable y tiene condiciones adecuadas. Se podría tener un data center para el Mercosur en Uruguay. Han existido iniciativas a nivel latinoamericano y del Mercosur. Creo que hay mucha gente que quiere eso y ahora, además, tenemos la presidencia del Mercosur hasta diciembre. Son cosas que se están hablando.

    —¿Qué pasa con los organismos públicos que hoy utilizan herramientas gratuitas de IA?

    —Ese es un problema. Cuando no hay una directiva, cualquiera se puede bajar una cuenta gratuita de ChatGPT y utilizarla. Pero los datos que se introducen pueden quedar expuestos y ser utilizados de determinadas maneras. Eso pasa en organizaciones públicas y privadas porque la gente encuentra estas herramientas útiles. Los organismos tienen que ofrecer herramientas que permitan decir “esta herramienta no, porque expone los datos; esta otra sí, porque cumple con determinadas condiciones”.

    —¿La Agesic puede decir qué herramientas de IA pueden usar los organismos públicos y cuáles no?

    —Tenemos capacidad para regular y articular. Y lo que vamos a sacar es un decreto que obliga a los organismos de la administración central y a los ministerios a tener en cuenta determinadas reglas. Hoy existe mucha incertidumbre sobre qué se puede hacer y qué no. Queremos escribir claramente cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles no.

    —¿Cuándo va a estar ese decreto?

    —Primero lo vamos a presentar a los responsables de tecnología de los distintos organismos. Después va a haber un período para que los organismos puedan opinar. Tiene que ser algo muy disruptivo, y necesitamos que ellos puedan decir cómo impacta en sus organizaciones antes de aprobarlo. Los responsables tienen tiempo hasta la próxima semana para hacer comentarios. En dos semanas pensamos enviar el decreto a Presidencia.

    —¿Usted está a favor de regular la IA?

    —(Piensa). Estoy de acuerdo en regular en la medida en que sepamos qué regular. Estamos atentos a lo que está pasando con la regulación en distintos lugares. Acá, ha habido proyectos de los tres partidos políticos mayoritarios en el Parlamento y hemos sido consultados, hemos participado. Por suerte, creo que hay un ambiente de tener políticas de Estado en lo que es transformación digital e inteligencia artificial. Creo que ese ambiente es muy bueno. Somos un país chico y tenemos la ventaja de poder hablar entre todos y pensar algo juntos.

    Nosotros estamos hablando de una estrategia hacia 2040, una mirada un poquito más larga. Todo lo que es inteligencia artificial o lo que puede ser data centers son cosas que hay que mirar con una perspectiva más larga. Sería buenísimo que fuera una política de Estado, y yo creo que hay buenas condiciones para eso.

    —¿Cómo están pensando esa regulación?

    —En el aspecto regulatorio de la IA nosotros tenemos un mandato legal. Hay varios temas. En lugar de ir directamente con una ley, por ahora estamos planteando un conjunto de buenas prácticas. Ahí decimos qué funciona, qué no funciona y cuáles son los riesgos. La idea es encontrar un balance entre todo lo bueno que tiene la IA y los riesgos que también tiene.

    Capaz que ese conjunto de buenas prácticas, al revés de lo que uno puede pensar, terminan permitiendo que los organismos hagan más cosas. Porque es empezar a trabajar en base a las oportunidades, pero teniendo claro cuáles son los riesgos.

    —¿También debería regularse el uso de las redes sociales en los menores?

    —Yo estoy a favor de buscar un mecanismo por el cual todos nosotros podamos salir de esta dopamina que nos generan los algoritmos. No sé todavía cuál es el mecanismo. Lo que sí está clarísimo es que el tema de la salud mental está muy afectado y que hay un problema fuerte de adicción. Parte de la protección frente a la tecnología consiste en entenderla y entender dónde están los riesgos. Por eso estamos trabajando en el proyecto de (Rodrigo) Goñi, que estamos apoyando mucho, sobre el impacto de las plataformas digitales. Está bueno que haya participación y discusión sobre qué se debe regular, cuánto y de qué manera.

    Y ahí aparece también la billetera digital. La billetera va a tener la posibilidad de decir si una persona es mayor o menor de edad. Entonces, si en algún momento se establece que las plataformas tienen que preguntar si una persona es mayor o menor, nosotros vamos a estar preparados. ¿Por qué? Porque uno de los cuestionamientos es que, para demostrar que una persona es mayor o menor de edad, puede terminar entregando datos personales. La billetera permitiría demostrar solamente esa característica, sin tener que entregar los demás datos.

    La computación cuántica requiere entornos físicos específicos, lo que implica un diseño muy diferente al de las computadoras convencionales; en la imagen, un empleado de IBM examina partes de un ordenador cuántico en el Centro de Investigación en Nueva York.

    La computación cuántica requiere entornos físicos específicos, lo que implica un diseño muy diferente al de las computadoras convencionales; en la imagen, un empleado de IBM examina partes de un ordenador cuántico en el Centro de Investigación en Nueva York.

    —¿Qué otros riesgos tecnológicos deberían preocuparle hoy a Uruguay?

    —La ciberseguridad dejó de ser hace mucho tiempo un problema exclusivamente informático. Necesitamos que los directores generales conozcan cómo está su organismo en materia de ciberseguridad. Hay que elevar el nivel de conocimiento sobre estos temas a nivel político.

    Después aparece otro desafío que todavía no es inmediato, que es la computación cuántica. Estuve hace poco en España y nos dijeron que una fecha de referencia puede ser 2035, pero en algún momento vamos a tener que empezar a pensar en esto. La computación cuántica tiene una enorme velocidad y podría llegar a vulnerar la criptografía que utilizamos actualmente. Las claves que tenemos hoy podrían ser desencriptadas por una computadora cuántica mediante una capacidad de procesamiento mucho mayor. Y eso no es un problema solo de Uruguay, lo tiene todo el mundo.

    Por eso vamos a tener que pasar a un tipo de encriptación poscuántica, que tenga un nivel de seguridad mayor y que una computadora cuántica no pueda vulnerar. No es una amenaza para mañana, pero tampoco es algo para dejar para después. Tenemos que empezar a prepararnos.