El Hospital de Treinta y Tres realizó en noviembre de 2021 y en junio de 2022 llamados a interesados a neumólogo y neurólogo. En ambos casos, la convocatoria de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) aplicaba tanto al “especialista” como al “doctor en Medicina cursando posgrado o residencia avanzada de especialista”. Estos últimos, claro está, no eran neumólogos ni neurólogos recibidos.
Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) de 2021, hay 0,3 neumólogos y 0,5 neurólogos cada 10.000 habitantes en Uruguay. Se trata de especialidades que no abundan. Pero los llamados sí abundan y se repiten incluso en otras ramas de la Medicina más comunes. En enero de 2023, el Centro Auxiliar de Young convocó a aspirantes a pediatra (21,7 cada 10.000) con posibilidad de aplicar también a residentes o cursantes del respectivo posgrado.
El fenómeno se da también en el sector privado y en el área metropolitana: un llamado de la mutualista Comeca de Canelones, cuya recepción de solicitudes vencía el 1 de junio de este año, pedía un “especialista en Psiquiatría” o “constancia de encontrarse cursando el tercer año de la residencia o haber aprobado cuatro semestres del posgrado”.
Está muy naturalizado que haya médicos que actúan en las distintas especialidades que estudian sin haber terminado sus posgrados. Los residentes son aquellos médicos que están cursando su especialización en centros docentes asociados (Cedas) en hospitales y sanatorios de todo el país. Es una actividad sobre todo formativa, ya que su actuación debe (en rigor, debería) estar supervisada por un especialista graduado. Sin embargo, ante la falta de especialistas titulados, terminan cumpliendo una tarea mucho más asistencial de la que les corresponde, como si ya fueran cardiólogos, neurólogos o cirujanos. En un país donde en su extremo norte hay una densidad de profesionales tres veces menor a la de Montevideo, son quienes sostienen en el interior la viabilidad del sistema sanitario, coincidieron distintas fuentes médicas consultadas por Búsqueda.
Avales
El caso de la médica María Laura Pagliotti sacudió al ambiente médico por sacar a la luz una situación, paradójicamente, más que conocida. Según consignó El Observador en junio, ella fue imputada por la Justicia por usurpación de título tras haber ejercido 21 años como cardióloga sin serlo. Había recibido su título de grado en 2000 y había comenzado su especialización en 2005. Al momento de iniciarse el proceso judicial trabajaba en la mutualista Instituto Asistencial Colectivo (IAC), de Treinta y Tres.
Todos los actores del sistema quedaron conmovidos. La Federación Médica del Interior (Femi), que sostiene que el 30% de quienes actúan como especialistas fuera de Montevideo en realidad no tienen tal titulación, que también había manifestado su “plena solidaridad y respaldo institucional” con Pagliotti, pidió el viernes 28 al MSP a través de un comunicado que establezca “criterios claros y uniformes” para el desempeño de los posgrados avanzados. Hasta tanto eso no ocurra, añadió, resolvió no participar en llamados a especialistas “mediante posgrados avanzados”.
Dos días antes, el Consejo de Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) había resuelto en su sesión ordinaria comunicar a las distintas unidades académicas “que no deben emitirse notas de aval de competencias para estudiantes de posgrado”. La propia facultad está preparando un informe al MSP que mapea las carencias de especialistas en el país, dijo a Búsqueda su decano, Arturo Briva. Una vez culminado, agregó, la cartera resolverá cómo instrumentar una solución.
“Muchas horas (de atención) están siendo sostenidas por colegas que no completaron su ciclo de formación y hay que buscar la forma de resolverlo”, señaló Briva. Si bien no quiso adelantar números hasta presentarlo al MSP, el decano sostuvo que ese 30% calculado por la Femi está “sobrestimado”.
Facultad de Medicina, en Montevideo.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Las “notas de aval” o “notas de cátedra” son desde hace décadas una práctica habitual en la carrera de Medicina, que con el paso del tiempo se fue “transformando”, al decir de Briva. Inicialmente, eran una suerte de recomendación de los docentes de las distintas cátedras (hoy unidades académicas) para que el aspirante se presentara a concursar para un cargo en el que, como correspondía a un médico general, iba a tener la supervisión requerida de los especialistas correspondientes. Luego se convirtió en un documento que acreditaba el avance del implicado en la carrera, tarea más propia de la bedelía que de la cátedra. Finalmente, “entendiendo la necesidad que hay de cubrir especialistas”, ese aval terminó siendo casi el equivalente a un diploma.
“Es incorrecta esta visión; si un profesor entiende que un estudiante de posgrado está en condiciones de actuar como un especialista, lo que corresponde es que se le dé el título, no una nota”, afirmó Briva.
Esta “transformación” provocada por los hechos fue “avalada por ASSE y Fepremi (Federación de Prestadores Médicos del Interior)”, subrayó por otro lado un médico y gremialista.
No hay unanimidades en el ámbito médico. “El sistema sanitario, sobre todo el público, sería absolutamente inviable sin estos avales”, aseguró a Búsqueda un médico y docente de destacada trayectoria. Nuevamente, la demanda de profesionales “y de un plan serio que permita la radicación de médicos en el Interior” explican esa realidad. Según esta fuente, la formación brindada en Uruguay permite saber qué conocimientos tiene cada posgrado. Por caso, en un tercer año de posgrado, un cirujano vascular ya está capacitado para hacer accesos venosos para diálisis, ejemplificó este especialista; con dos años de posgrado un neurocirujano no podrá hacer un aneurisma pero sí operar traumatizados, añadió.
Reválidas
Hay sociedades científicas que ya otorgaron su visto bueno al fin de los avales. La Sociedad Anestésico Quirúrgica (SAQ) no solo subraya la inconveniencia de trabajar como especialistas sin el título correspondiente, sino que ha distribuido entre sus afiliados un informe legal realizado a principios del mes pasado para que sus socios todavía residentes o en el posgrado —aproximadamente el 10% del total— sepan a qué atenerse si aceptan un cargo sin el diploma habilitante.
“Desde hace unos años comenzaron a hacerse llamados a residentes avanzados y se pedía que trajeran el aval del profesor correspondiente”, dijo a Búsqueda Daniel Montano, presidente de la SAQ. El llamado para neumólogo en Treinta y Tres, consignado al principio de la nota, pedía “constancia de la cátedra” como uno de los requisitos para los aspirantes. “Así se buscaba que ese aval tuviera un efecto legal, lo que es un disparate y no sirve para nada. Era una triquiñuela de los prestadores porque no había suficientes profesionales titulados”, expresó.
Pese a eso, Montano reconoce que de salir todos aquellos que trabajan sin título habilitante se generaría “un caos asistencial tremendo”, sobre todo en el interior, donde muchas veces estos médicos con título son la primera y única línea de combate, sin el respaldo requerido de un especialista. “No te estoy hablando de pueblos perdidos. Hay capitales departamentales que tienen tres cirujanos, un ginecólogo y ni un solo urólogo”, graficó.
La postura de la SAQ tiene respaldo legal. El decreto 346 de 1972 señala que para ser considerado especialista es imprescindible el título. La Ley 19.301 sobre residencias médicas establece que la especialización se realizará “en un centro docente asistencial debidamente acreditado (...) bajo la orientación y supervisión del personal docente responsable integrante de la estructura académica de los diferentes servicios de la Facultad de Medicina”. En otro decreto, el 258 de 1992, se le prohíbe a un médico “arrogarse especializaciones cuyo reconocimiento por las autoridades competentes no posee”. El informe legal distribuido a los afiliados de la SAQ resalta especialmente que un aval no puede suplir la titulación. Más aún: documenta que tanto el involucrado como los docentes y la institución contratante saben con una nota de ese tipo que el primero no está habilitado como tal. Esto trae consigo una multiplicidad de consecuencias jurídicas que —salvo actuar bajo la supervisión ya señalada o ante una emergencia con riesgo de vida— los hace pasibles de acciones civiles y penales.
Lo ambiental también juega. “En una mutualista como el Casmu, así como está, puede ir un posgrado porque siempre va a haber un especialista que supervise. Pero si vas a, por ejemplo, Young (Río Negro), donde a lo mejor solo tenés dos cirujanos generales, estás regalado”, dijo una fuente médica.
Según Montano, hay una situación similar con los médicos extranjeros que cuentan con habilitaciones provisorias, por dos años, para trabajar como especialistas mientras tramitan su reválida en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). “Lo real es que nadie controla nada, las habilitaciones provisorias se renuevan y hay médicos, no todos egresados de universidades conocidas, sin que se sepa a ciencia cierta su idoneidad, que llevan seis u ocho años trabajando”, dijo. De acuerdo con sus cálculos, hoy en Uruguay hay unos 200 profesionales en esa situación.
Desde el MEC indicaron a Búsqueda que “se está trabajando con el MSP y con la Udelar para mejorar los procesos de reconocimiento de especialidades”, que ya hay “un texto de convenio acordado que se va a firmar a la brevedad y que busca fortalecer el proceso de reconocimiento y mejorar el funcionamiento del registro temporal”.
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