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De Carlotto pidió que Uruguay insista en juzgar los crímenes cometidos en dictadura “porque la amenaza es que se repita”
“Si quieren el silencio, la impunidad, y los conforma, allá ustedes, pero tienen que reaccionar aquellos que tienen las cosas un poquito más claras”, afirmó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo
imagen de De Carlotto pidió que Uruguay insista en juzgar los crímenes cometidos en dictadura “porque la amenaza es que se repita”
A Estela de Carlotto, presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, se la ve sonriente. Como si la alegría por haber encontrado a su nieto Ignacio Guido Montoya Carlotto un año atrás se hubiese fijado para siempre en su rostro. Es uno de los 116 nietos secuestrados durante la dictadura militar argentina que ha localizado la asociación civil, pero para su líder todavía queda historia por recuperar. Más aún en otros países de América Latina que sufrieron golpes de Estado en la década de 1970, como Uruguay.
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Con simpleza y voz suave, dispara: “Si quieren el silencio, la impunidad, y los conforma, allá ustedes, pero tienen que reaccionar aquellos que tienen las cosas un poquito más claras y hacer visible el deseo de Justicia para el pueblo uruguayo. Es un país que merece saber”.
Estas declaraciones las hizo en Madrid semanas atrás durante la conferencia “La sociedad civil frente a la impunidad de las dictaduras y la lucha por la identidad”, organizada por la Asociación de Mujeres de Guatemala, y a la que asistió Búsqueda.
El vínculo entre las Abuelas de Plaza de Mayo y las madres uruguayas de desaparecidos es estrecho hace décadas. De ambas orillas del Río de la Plata cruzaron para manifestarse en silencio y para llevar pruebas de un lado al otro en numerosos juicios. Por esta hermandad es que a De Carlotto le preocupa que todavía no haya información de “más de 200” uruguayos desaparecidos.
El mayor obstáculo que ve es la “ley de caducidad”. Si bien en 2011, a iniciativa del oficialismo, fue derogada por el Parlamento a través de una norma interpretativa, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional esa solución legal. Por ello, para De Carlotto las estrategias deben centrarse, otra vez, en dejar sin efecto la “ley de caducidad”. Sabe que la ciudadanía decidió no hacerlo en dos consultas populares, pero no le importa. Para ella, saldar el tema “depende exclusivamente de los uruguayos”.
“Es el pueblo el que votó que siga la ley, entonces es el pueblo el que tiene que decir no. El que pidió que se derogue tiene que insistir para que haya Justicia”, afirmó.
Lo mismo opinó la directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG), Mercedes Hernández, quien considera este tipo de normas como “una forma de falsificar el pasado” y “la negación legal de que hubo graves crímenes con sus víctimas y victimarios”.
Por eso, asegura que el “Estado está obligado a recordar, asegurando la conservación y el mantenimiento de los archivos y otras pruebas destinadas, según Naciones Unidas, a ‘preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas’”.
AMG es una asociación radicada en Madrid que trabaja con casos de “femicidio”, violencia sexual, tortura y genocidio. Entre 2011 y 2013 llegaron dos uruguayas con lesiones. Se comprobó luego que eran víctimas de violencia de género, tanto psicológica como económica y hasta física. Asimismo, la organización supo de otras uruguayas víctimas de trata de personas y lo denunció. Hernández no quiso dar detalles de los casos, pero sí explicó a Búsqueda que eran captadas “con engaños, transportadas y más tarde explotadas en España”.
Miedo a repetir.
Pese a la buena voluntad del presidente Tabaré Vázquez al conformar en marzo una comisión “por verdad y justicia” que acelere el esclarecimiento de los casos de detenidos desaparecidos durante la dictadura (1973-1985), los resultados se alejan por el temor de los militares retirados a brindar información y terminar presos (Búsqueda Nº 1.804).
A De Carlotto esto no la detiene. Recuerda entre risas las incontables veces que escuchó los “no vas a encontrar nada” o “eso ya no se puede saber”. Por eso insiste en que la sociedad civil tiene que seguir dando la batalla por los familiares de las víctimas, pero más importante aún, por el futuro.
“No es bueno dejar para las generaciones futuras algo incompleto porque la amenaza grande con esas cosas es que se repitan”, advirtió.
Y ese miedo la lleva a pedir que los militares con condena la sigan cumpliendo en prisión. El ex presidente José Mujica se cansó de plantear que todos los reclusos, incluyendo a los militares presos por crímenes cometidos durante la dictadura, que superen los 75 años continúen su pena en sus casas.
Pero para la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo no hay garantías de las cuales fiarse porque “ninguno demostró arrepentirse”. Al respecto, agregó: “Son peligrosos para la sociedad, tienen que seguir en la cárcel”.
