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    Decisión de romper el monopolio en pasividades

    En diciembre se pagaron unas 24.000 jubilaciones u otras prestaciones a retirados o a sus herederos tras haber aportado como trabajadores al régimen de AFAP. La gran mayoría correspondió a pólizas previsionales del Banco de Seguros del Estado (BSE).

    Si bien al inicio del sistema de administradoras de fondos previsionales fueron varias las aseguradoras privadas que vendieron ese tipo de coberturas (generando pólizas que algunas siguen pagando hoy), pocos años después dejaron de ofrecerlas. Desde algunos ámbitos del gobierno se visualiza como un riesgo que el BSE sea la única compañía que pague las rentas previsionales cuando se avecina la etapa de jubilaciones masivas por el régimen de AFAP.

    Por ello, entre otras acciones, el Banco Central (BCU) contratará a un consultor internacional para que le aporte insumos para buscar soluciones, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales. “La idea es tener este año un marco para tomar decisiones de modo que el asunto quede encaminado para 2016 y 2017, cuando empiece el malón” de las jubilaciones, añadieron. El gobierno tiene la decisión de que haya más de una compañía ofreciendo estos seguros previsionales.

    Las AFAP comenzaron a funcionar en 1996 como parte de una reforma que mantuvo como un segundo pilar el régimen de solidaridad intergeneracional en manos del Banco de Previsión Social (BPS). Estuvieron obligados a afiliarse a las administradoras quienes entonces tenían menos de 40 años. Pasadas casi dos décadas, esas personas están cerca de alcanzar la edad mínima requerida para la jubilación común.

    Actualmente son unos 1,2 millones los afiliados a las AFAP, aunque los que efectivamente hacen aportes a su cuenta individual rondan los 780.000 (de los cuales más de 120.000 son mayores de 50 años), según datos del BCU.

    Al momento del retiro, el dinero acumulado en la cuenta personal en una AFAP es transferido a una compañía de seguros (actualmente solo el BSE) que, por la vía de una póliza de vida previsional, le paga la pasividad mes a mes.

    Las aseguradoras privadas se apartaron de este mercado básicamente por la diferencia que se produce entre la moneda a la que se ajustan las obligaciones que asumen y la moneda de los activos que estas pueden adquirir para cubrir las mismas. Eso se conoce como un “descalce”.

    Una de las posibles soluciones que evalúa el gobierno es que de alguna forma se transfiera a un tercero el costo del descalce de monedas, indicaron.

    Las fuentes reconocieron que, además, a las aseguradoras privadas les preocupa la “incertidumbre asociada a la unidad reajustable”, cuyo valor está relacionado con el resultado de la negociación colectiva de los salarios.

    Se espera que el consultor sugiera ideas sobre cómo encarar estas situaciones y a partir de eso introducir cambios regulatorios, recalcaron.

    Respecto a su cartera de vida previsional, el BSE apuesta a cubrir el descalce de monedas existente, que ronda los U$S 500 millones. Su gerente general, Raúl Onetto, dijo a Búsqueda que está el compromiso del BCU de seguir trabajando en esa línea para cerrar la brecha de riesgo que genera el hecho de tener invertidos los fondos en una moneda y pagar las primas en otra.  “El riesgo previsional está en la matriz de riesgo del Estado, y según nos comunicaron, lo tienen como prioridad de trabajo para este año”, declaró.

    Proyecciones

    Según estimaciones elaboradas por técnicos del BCU, el fondo de ahorro manejado por las administradoras llegará a representar el equivalente a 45% del Producto Bruto Interno (PBI) cuando el sistema de AFAP cumpla 30 años, “lo cual se traduciría en un importante crecimiento en la cantidad de jubilaciones” durante los próximos 10 años. En ese contexto, “resulta relevante analizar la viabilidad de que ingresen otras compañías aseguradoras a dicho mercado. En este sentido, el descalce de monedas entre la capitalización de las obligaciones previsionales y las inversiones asociadas a la rama de vida previsional se presenta como uno de los principales elementos que obstaculizan dicha entrada. Si bien el gobierno ha implementado medidas al respecto, las mismas no subsanan el problema sustancial, con lo cual es relevante re?exionar acerca de posibles acciones alternativas”, agregan los técnicos en ese documento publicado en 2014.