Declaraciones presidenciales (VII)

2. La garantía que es la responsabilidad patrimonial del Estado y la imprescindible necesidad de cualquier pueblo civilizado y libre de que sean los profesionales abogados quienes —por su formación específica— efectivicen esa garantía ante los Tribunales. Las opiniones del presidente, al atacar a quienes, como auxiliares de la Justicia, patrocinan en juicio a quienes han sido damnificados por la actividad estatal, o a quienes el Estado debe dinero por otros conceptos y no cumple, etc., en realidad parecen renegar indirectamente de la existencia en nuestra Constitución de la responsabilidad del Estado estatuida como garantía fundamental en su art. 24. Indirectamente, pues, el Sr. Presidente parece atacar, entre otras, a una de las normas más relevantes del sistema jurídico uruguayo, incorporada desde antiguo a todas las constituciones del mundo civilizado y libre. Al contrario de la irresponsabilidad patrimonial del Estado fundada en el principio “el Estado personificado por el monarca no se equivoca” que se identificaba con el “antiguo régimen” y su monarquía absoluta, y que más tarde tuvo aplicación en los regímenes políticos totalitarios y autoritarios (nazismo, fascismo, comunismo y otros congéneres menores), la responsabilidad civil del Estado ha quedado consagrada y consolidada por el constitucionalismo moderno como una de las instituciones fundamentales de la democracia constitucional. Renegar directa o indirectamente de ella es algo así como intentar retrotraer la cultura jurídica a las cavernas. Desde este punto de vista, es llamativo e indicativo de ignorancia y soberbia que el Sr. Presidente no se debería dar el lujo de ostentar, que ataque —erróneamente— los efectos del fenómeno en vez de cumplir con su deber de percibir y atacar las verdaderas causas de lo que parece considerar excesiva litigiosidad contra el Estado y hacer algo al respecto. Esa causa no es otra que la extraordinaria capacidad que tiene el Estado uruguayo para generar pleitos en su actividad, sobre todo acciones de reparación y cobro de pesos por diversos conceptos y, luego, no intentar siquiera transar en aquellos casos en que —como suele ser frecuente— esté en estricto derecho perdido. Como todo el mundo sabe, a los jerarcas de la administración pública les importa “un bledo” la eventualidad —a mi juicio— cada vez más distante de perder un juicio, y sus abogados nunca tienen la facultad de transar. ¿Por qué será? Lo que debería ser una vigorosa política de Estado que —como tantas otras que necesitamos— brilla por su ausencia.

3. La ignorancia, indebida generalización y total inercia del presidente acerca de la actividad estatal como generadora de gran litigiosidad y su pretendida ignorancia de la realidad actual de la defensa en juicio contra el Estado. Sin perjuicio de que puedan existir colegas que se ocupen lícitamente de salir a buscar “el pleito” contra el Estado en algunas áreas, lo cierto es que la mayoría de las acciones de reparación o de cobro de pesos, en general, contra el Estado no se salen a buscar y se inician con demandas meticulosa y debidamente fundadas. Sin perjuicio de que —ahora más que nunca— con demasiada y significativa frecuencia (lo que el Sr. Presidente no puede ignorar) dichos fundamentos argumentales y probatorios no sean, en general, suficientes o compartibles —a juicio de los Tribunales— para que el litigante contra el Estado gane el pleito. Salvo honrosas excepciones, los juicios contra el Estado se han transformado en un negocio muy vidrioso por más razones que tenga el litigante, sin contar, además, que estos procesos son excesivamente trabajosos porque se desarrollan como difícilísimas, tortuosas y largas carreras de obstáculos.