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    Defender la competencia

    Nº 2261 - 25 al 31 de Enero de 2024

    La cadena cárnica nacional está alborotada desde hace algunos meses. Después de que el grupo brasileño Minerva anunció un acuerdo de compra de tres frigoríficos de Marfrig en Uruguay, el sector se puso en alerta ante el riesgo de una profundización de la concentración del mercado de faena. También el sistema político reaccionó.

    Se trata de una operación empresarial relevante: si se concreta la adquisición de los establecimientos Colonia, La Caballada e Inaler —sumándose a las plantas que ya posee, PUL, Carrasco, Canelones y BPU— , Minerva pasaría a tener el control de aproximadamente la mitad de la faena total de Uruguay. Eso le daría un poder de negociación muy fuerte frente a los productores ganaderos, uno de los rubros más relevantes de la actividad económica nacional, que habría que ver cómo lo utiliza.

    Por mandato normativo, esta eventual concentración económica está siendo analizada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano con autonomía técnica vinculada al Ministerio de Economía.

    Las presiones para frenar la transacción están siendo intensas.

    Por un lado, además de las movidas que hacen sus gremiales, los empresarios ganaderos están recolectando adhesiones vía web para una “petición” al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Como informó Búsqueda hace pocas semanas, en ella plantean que “más allá de que las consideraciones técnicas deberían conducir a objetar la inconveniente concentración que produciría la reducción de operadores sectoriales, la consideración ciudadana es clara y evidente: los productores seremos la variable de ajuste del mercado, ya que el poder económico de Minerva Foods le permitirá manejar los precios de los ganados, tanto para faena como para sus encierros. Cualquier centavo de rebaja en el kilo de carne significará millones de dólares de ganancia adicional para dicho operador”. El pedido al mandatario es que detenga la transacción.

    Por otro lado, parte del sistema político se hizo eco. Además del ministro de Ganadería, Fernando Mattos, Lacalle Pou expresó preocupación por la posible concentración. También se manifestó en similar sentido el exmandatario José Mujica. A su vez, Yamandú Orsi, intendente canario y precandidato presidencial por el Frente Amplio, aseguró que respaldará al presidente si decide frenar esa transacción empresarial. Además, pidió que la Comisión de Defensa de la Competencia dé una “señal” que le permita al gobierno actuar en consecuencia: en términos futbolísticos, Orsi dijo que le tiene que “levantar un centro”. E insistió: “Por donde lo mires, está claro que se genera una posición dominante. Está difícil explicar otra cosa”.

    Mientras, salvo por una campaña de avisos en medios de comunicación —en la que dio a entender que pretende actuar con lealtad en el mercado—, Minerva Foods se ha movido con bajo perfil tras el anuncio de compra.

    Bajo toda esa presión están trabajando los comisionados y su reducido equipo de colaboradores para determinar, mediante “resolución fundada”, si autorizan la operación de adquisición, si subordinan el “acto de concentración al cumplimiento de las condiciones” que la comisión establezca, o si la deniegan.

    Para Sebastián Fleitas, profesor uruguayo en el Departamento de Economía de la Universidad de Lovaina especializado en estos temas, si se quisiera frenar la operación de Minerva, el sistema político debería “pagar los costos” sin que se “intente camuflar a través de la Ley de Defensa de la Competencia”. Considerando todo lo que involucra y los riesgos potenciales asociados, el caso será, en definitiva, un testeo de nuestro necesario régimen de defensa de la competencia y de su independencia. Que salga indemne o incluso fortalecido, sería algo positivo para asegurar que, ahora y a futuro, funcione sin interferencias la economía de mercado.

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