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    Más de 2.200 ganaderos ya firmaron una “petición” a Lacalle Pou para frenar avance de Minerva en Uruguay

    La apelación al mecanismo de la petición, previsto en la Constitución, lleva como título La amenaza inminente de Minerva Foods y la necesidad de proteger a nuestro sector

    “Es un disparate dejar el monopolio en manos de extranjeros”, sostiene uno. “Para que Minerva Foods no pueda comprar un frigorífico más, ya que pagaría lo que ellos quieran”, plantea otro. Con argumentos de ese tipo, hasta ayer miércoles 10 se llevaban recolectadas unas 2.240 firmas que se adhierieron a una “petición” al presidente Luis Lacalle Pou para que su gobierno impida la compra de cuatro frigoríficos en Uruguay por parte de esa multinacional de origen brasileño.

    La campaña se inició el 19 de diciembre y se recolectan las adhesiones vía web. La carta lleva como título La amenaza inminente de Minerva Foods y la necesidad de proteger a nuestro sector.

    “Los abajo firmantes somos productores ganaderos de todo el país, que estamos muy preocupados por la noticia” de que ese grupo brasileño acordó comprarle a Marfrig los frigoríficos Colonia, La Caballada de Salto e Inaler, los que se sumarán a las plantas que en Uruguay “ya dispone el gigante brasileño: PUL, Carrasco, Canelones y BPU”, señala la petición. Si la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia autoriza esta “megaoperación”, Minerva pasaría a controlar 50% del mercado relevante de faena de carne bovina, desde el casi 30% que tiene actualmente, agrega.

    “Más allá de que las consideraciones técnicas deberían conducir a objetar la inconveniente concentración que produciría la reducción de operadores sectoriales, la consideración ciudadana es clara y evidente: los productores seremos la variable de ajuste del mercado, ya que el poder económico de Minerva Foods le permitirá manejar los precios de los ganados, tanto para faena como para sus encierros. Cualquier centavo de rebaja en el kilo de carne significará millones de dólares de ganancia adicional para dicho operador”, advierten los firmantes.

    Alegan que si con cuatro plantas la empresa “tiene capacidad de faena ociosa, realizando varias paradas rotativas por año, en las que envían a sus trabajadores a seguro de paro, cabe preguntarse por qué quiere tres plantas más. La respuesta parece clara: se procura limitar aún más la competencia en el mercado, adquiriendo una posición de dominio que somete al productor y anula su ya reducida capacidad de negociación”. Si esta operación se autoriza —afirman— “no habrá retorno: todos los productores del país seremos rehenes de una situación no deseada y de insospechadas consecuencias negativas”.

    Recuerdan que la concentración que operaría en el mercado nacional “se suma a la que Minerva Foods viene concretando con la adquisición de decenas de frigoríficos en el mercado regional de Paraguay, Brasil y Argentina, posibilitándole operar desde el ámbito geográfico que le resulte más interesante en cada momento, el cual puede no ser el de nuestro país, con el desplome de precios del ganado que ello implicaría”.

    Por todo lo expuesto, “en ejercicio del derecho de petición que reconocen los artículos 30 y 318 de la Constitución, nos dirigimos al Poder Ejecutivo para que tome cartas en el asunto y defina criterios que impidan, de acuerdo a la normativa vigente, que se verifique una concentración de la relevancia económica y social de la planteada, que implicará un grave perjuicio a la producción ganadera nacional”.

    El primero de esos artículos garantiza que “todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República”. El segundo, por su parte, señala que “toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo en la ejecución de un determinado acto administrativo, y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus decisiones, previos los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro del término de ciento veinte días, a contar de la fecha de cumplimiento del último acto que ordene la ley o el reglamento aplicable”.

    Decisión “política”

    Uno de los firmantes, el empresario ganadero y rematador Gerardo Zambrano, dijo en El País del domingo 7 que una mayor presencia de Minerva por la vía de la compra de más frigoríficos “realmente sería muy malo, por no decir catastrófico. No en lo inmediato y no se va a terminar la ganadería en el Uruguay, sí van a terminarse algunos productores y es algo que después que quede no se lo puede sacar y quizás sea tarde cuando vean los efectos que ello tiene”.

    “Esperemos que la Comisión de la Competencia, esta vez sí, escuche a todos los protagonistas de uno y otro lado para tener una decisión bien conformada en la parte legal y en la parte real. Es una decisión técnica en un principio, pero al final va a terminar siendo política”, afirmó. Esa comisión es un órgano desconcentrado y con autonomía técnica del Ministerio de Economía.

    Zambrano había hecho reflexiones similares en Agro de Búsqueda en octubre.

    Autoridades del Instituto Nacional de Carnes, del Ministerio de Ganadería y hasta el propio presidente Lacalle Pou han expresado públicamente “preocupación” o directamente una opinión contraria a la compraventa de frigoríficos acordada entre Minerva y Marfrig, anunciada en setiembre pasado.

    Economía
    2024-01-10T21:51:00