Del director de Tránsito de la Intendencia de Paysandú

En primer lugar, no emerge de ninguna investigación llevada adelante hasta ahora, que existan funcionarios municipales involucrados en la expedición de libretas de conducir apócrifas, tal como se sugiere, citando al diario local El Telégrafo, en el inicio de la crónica. Parece importante destacar que ni existen funcionarios involucrados en la elaboración de esos documentos ni se ha utilizado material genuino sustraído de las dependencias de la IDP para la creación de estas libretas “truchas”. 

En cuarto lugar, en la nota se transcriben expresiones vertidas por la bancada de ediles del Partido Nacional y de un edil que la integra. Hubiera sido provechoso para sus lectores que su semanario concurriera al llamado a sala para tener de primera mano toda la información que echa por tierra todas las acusaciones del Partido Nacional. En tal sentido resulta agraviante que se recojan manifestaciones sosteniendo que quien suscribe habría encubierto deliberadamente los hechos para ocultar su responsabilidad en los mismos, lo que es totalmente falso y fue refutado ampliamente en su oportunidad, pero como ello no es recogido por vuestro semanario, nos sentimos en la obligación de explicarlo.

Este director en ningún momento encubrió maniobra de especie alguna. Muy por el contrario, fuimos celosos custodios de la rectitud administrativa de nuestros funcionarios, y en cada oportunidad que detectamos un apartamiento de las normas de funcionamiento se llevaron adelante investigaciones administrativas, sumarios administrativos y denuncias penales, extremos que fueron acreditados en nuestra comparecencia a la Junta Departamental con más de 75 expedientes administrativos de más de 700 fojas, donde se demostraba cuál había sido el comportamiento diligente de la dirección ante cualquier tipo de acción indebida. Lamentamos que la nota que se publica no refleje esa realidad, y se apoye en lo que opinan algunos ediles locales de la oposición.

En este contexto, la nota toma las declaraciones de un edil del Partido Nacional donde manifiesta muy suelto de cuerpo que la maniobra venía de hace más de seis meses, y que cualquier funcionario tenía acceso a borrar multas por $ 4.000; lo dicho por este edil es falso y sumamente grave; lamentablemente, no aporta una sola prueba de lo que dice, y, es más, si era tan claro como afirma, resulta llamativo que nunca denunciara los hechos que menciona ni en el recinto parlamentario ni ante la policía, estando obligado por ley a ello.

En quinto lugar, se recoge en la nota que las denuncias se habrían radicado por la fuerza de los hechos; nada más lejos de la realidad. Como ya se dijo, las denuncias se llevaron a cabo en todos los casos al momento de tomar conocimiento de las irregularidades; nunca se demoró ni se evitó la actuación de la Justicia; es más, desde hace mucho tiempo la policía de Paysandú en forma reservada tuvo acceso a toda la información que tiene la intendencia sobre libretas de tránsito, sistema de gestión de multas, patentes, etc.; jamás se puso una sola traba a los requerimientos que se nos hicieron, y siempre se trabajó en forma estrecha, razón por la cual, fuimos monitoreando los hechos con las fuerzas del orden.

En sexto lugar, se recogen en la nota opiniones según las cuales para quitarnos responsabilidades quisimos involucrar al anterior gobierno en el tema. Pues bien, es una lástima que su semanario no hubiera concurrido a la interpelación multicitada donde se expuso en sala que la maniobra detectada de quita de multas y de patentes de rodados había comenzado en el año 2014, pleno gobierno del Partido Nacional, y no solo eso: se aportó que una de las funcionarias que estaría involucrada señaló directamente al exdirector de Tránsito como quien daba las órdenes para que se quitaran las multas y deudas de patentes, así como que previo a la asunción de la presente administración dicho exjerarca pasó al menos dos días llenando bolsas de residuos con documentación que seguramente lo comprometía, ordenando colocarlas en su vehículo personal. Eso que se dijo en la interpelación y que tiene respaldo no solo en declaraciones en sede administrativa, sino también en sede policial y en sede judicial, fue ignorado, al igual que el anuncio en sala de la decisión de ampliar la denuncia penal abarcando al referido exdirector, el que ya está involucrado con otro actual edil del Partido Nacional, hijo del exintendente, a quien le otorgó en el período pasado durante tres años chapas de prueba (que solo se podían dar a automotoras) para que aquel pudiera circular en Paysandú en una camioneta que trajo del exterior y que aún no ha sido matriculada en el país, eludiendo así el pago del impuesto de patente de rodados. En fin, estos elementos que se manejaron profusamente en la interpelación no se ven reflejados en la cobertura de su semanario.

En séptimo lugar, cabe destacar que el edil que se utiliza como fuente confiable, días antes de la convocatoria en la junta manifestó en una entrevista en Radio Arapey de Salto que no descartaba llevar adelante un juicio político al Sr. Intendente, ya que el Frente Amplio lo había hecho con el exintendente Bertil Bentos, por un “hecho menor”. Pues bien, el “hecho menor” al que se refiere este edil fue el lamentable episodio de la Casita del Parque, donde el secretario general de la época, en una dependencia municipal, participó en una “fiesta” donde se consumió cocaína con menores de edad, que además se prostituían; creo que queda a las claras cuáles son los valores que cada uno de nosotros profesamos en la función pública.

En octavo lugar, queremos dejar en claro no solo que la IDP fue determinante en la investigación y descubrimiento de las libretas apócrifas, las que involucraban a un grupo criminal integrado por particulares, sino que también fue esta administración la que radicó una denuncia penal de más de 26 páginas poniendo en conocimiento de la Justicia la maniobra detectada a funcionarios municipales y que involucraba la quita de multas y patente de rodados (empleados públicos que han sido sumariados, separados de sus cargos con retención de salarios, todo de acuerdo con Derecho). En ambos casos (libretas y quita de multas y patentes), la información suministrada por la IDP resulta absolutamente indispensable para sustentar por parte de los operadores jurídicos una imputación que se base no en versiones o en escuchas telefónicas sino en datos y pruebas concretos (fecha de la operación, vehículos involucrados, identificación de las multas y patentes quitadas, nombre de las personas que las solicitaron, nombre de las personas que portaban las libretas apócrifas, y un largo etc.).

Sr. Director: no sé la opinión que sobre el tema usted tenga, ni si la tiene, pero quiero dejarles claro a usted y por su intermedio a sus lectores, que en Paysandú la IDP ha actuado en forma implacable ante cualquier acto reñido con la ley, siendo esa la norma de conducta que mantiene hasta el día de hoy la administración que conduce el Dr. Guillermo Caraballo.

Por último, agradezco la publicación de esta carta en su prestigioso semanario, quedando a sus órdenes para las aclaraciones que el caso amerite.

Dr. Federico Álvarez Petraglia

CI 2.852.762-2