• Cotizaciones
    martes 23 de julio de 2024

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    Del exministro del Interior Juan Andrés Ramírez

    Sr. Director:

    En el año 2007 se encontró en un edificio del Ministerio de Defensa un voluminoso archivo conteniendo informes elaborados por los servicios militares de inteligencia en el período democrático, durante muchos años.

    El mismo consta de miles de archivos clandestinos con la más variada información, recabada por personal militar que no se identifica, que —a su vez— se recogía de numerosos “informantes” anónimos o identificados con seudónimos, supuestamente retribuidos “a destajo”.

    En general, la información se transcribía en las páginas de esos “rollos” —supuestamente se elevaba a un superior inmediato— y se mantenía archivada, sin ninguna confirmación ulterior sobre su veracidad. Tampoco se informaba al Poder Judicial ni al Parlamento, lo que colocaba a esos archivos fuera de todo control, lo que les permitía a los autores de los informes la mayor impunidad para inventar o difamar a discreción, ya que esos archivos nunca habrían de conocer la luz del día y ser sometidos al más mínimo control de veracidad.

    Por supuesto, menos aún se otorgaba a los involucrados en la información respectiva, el derecho de defensa, esto es, de confirmar, desmentir o probar en contra, pues los “rollos” se mantenían en secreto.

    Hace unos meses, el semanario Brecha comenzó a divulgar en su página web parte de esos “rollos” que —según afirma— contienen 14.000 archivos que son “una parte ínfima del archivo Berrutti”.

    Si uno recorre lo publicado por Brecha en su web, que abarca pequeños períodos salteados entre 1987 y 1999, podrá advertir que la información volcada por los “informantes”, en su mayoría, carece de respaldo que le otorgue, no ya la confirmación segura de su veracidad, sino, ni siquiera algún viso de aproximación a la verdad, esto es, de razonable verosimilitud o la indicación de una fuente que se haga responsable de lo que se afirma.

    En pocas palabras: que una dependencia del Estado actúe de esa forma, termina provocando la institucionalización del anónimo como medio de imputación de conductas.

    Pues bien, en las páginas 15 y 16 del rollo 1.326 (publicado por Brecha en su página web), aparece con fecha 27 de setiembre de 1993 una información volcada por un llamado o llamada “Agente Fuente Amiga (‘periodista’)”, que me imputa una conducta delictiva actuando como ministro del Interior, la que fue levantada solamente por dos medios de prensa escrita.

    Al principio pensé en no responder, por varias razones.

    La primera, porque una imputación anónima realizada hace 24 años, mantenida en secreto durante ese largo lapso, que carecía de todo respaldo sobre los hechos que relataba, no merecía —siquiera— ser controvertida.

    La segunda, porque más allá de la presunción de inocencia, que es una garantía constitucional, pensé que si llevo por lo menos 40 años de vida pública, profesional y docente sin haber sido nunca cuestionado en mi honestidad, debería ser inmune a un ataque anónimo de las características del “rollo” 1.326.

    Concretamente, cuando fui ministro del Interior durante casi cuatro años, nunca fui interpelado, lo que creo es inédito o, por lo menos, excepcional. Más aún, en el primer año de mi gestión se aprobó, por la ley de Presupuesto, la creación de la Fiscalía Letrada de Policía como mecanismo interno —que no existía como tal— de control de abusos policiales en los procedimientos o de eventuales actos de corrupción de los funcionarios y envié varios proyectos de reforma de la legislación penal, con el mismo objetivo.

    Durante la campaña electoral del 94 —en que los candidatos son objeto de un exhaustivo control público a través de la prensa y de sus adversarios— tampoco tuve ningún cuestionamiento a mi honorabilidad.

    Lo mismo ocurrió durante la campaña siguiente, de las elecciones internas del 99, en que se discutió —con mi participación— cuál debía ser la actitud de los partidos políticos ante eventuales actos de corrupción de sus integrantes.

    Luego de ese episodio, me dediqué más intensamente a la docencia del Derecho y al ejercicio de la abogacía, sin perjuicio de colaborar en los órganos internos de mi partido.

    En la primera actividad, llevo 41 años continuos explicando no solo el Derecho positivo, sino en especial la función del Derecho y la importancia fundamental del respeto a la norma jurídica, que refleja la moral colectiva.

    La misma actividad docente, con la misma prédica, la desarrollé en la Escuela Nacional de Policía durante unos 12 años, junto con otros profesores de la Facultad de Derecho, para completar la formación profesional de nuestros oficiales de Policía en el conocimiento del Derecho.

    En la segunda actividad —la profesional— nunca tuve ninguna imputación de desvío moral en el ejercicio de la abogacía.

    La tercera razón para no dar respuesta a la imputación del “rollo” 1.326 fue que mi situación patrimonial está y siempre estuvo a la vista, ya que no soy accionista de ninguna sociedad anónima, ni tengo cuentas en el exterior, ni participaciones en fondos de inversión u otras rentas financieras.

    Siempre viví de mi sueldo y del ejercicio profesional y desde el fallecimiento de mis suegros recibimos los ingresos generados por el establecimiento rural que mi esposa heredó de sus padres.

    Como testimonio de cuál es mi forma de vida, apelo a la memoria de decenas de periodistas de todos los medios, que estuvieron más de una vez en mi casa en la calle Francisco Aguilar, junto a mi familia, donde viví 34 años continuos desde el año 1974 al 2008 y donde crié a mis cuatro hijos.

    La cuarta razón para no dar respuesta, es la imposibilidad de defensa. ¿Cómo es posible controvertir una infamia que solo consiste en una mera afirmación anónima? ¿Cómo defenderse 24 años después de que fue lanzada y ocultada en unos siniestros archivos secretos?

    Por todo ello sigo teniendo dudas acerca de si debo contestar lo que recoge el “rollo” 1.326, pero por si alguno de mis compatriotas piensa que “el que calla otorga”, igualmente voy a hacerlo.

    Para ser claros: la imputación es una infamia, además, armada con un ropaje tejido maliciosamente para dar al lector la sensación de que hubo un delincuente de gran porte que, interesado en ocultar una maniobra de lavado de dinero, repartió 1 millón de dólares para lograrlo.

    Veamos la trama del relato.

    El título del archivo es sugestivo: “Posible presencia de P.C. Farias en Uruguay y corrupción”.

    El texto del informe, básicamente, gira en torno a que, al iniciarse —aproximadamente a fines de junio de 1993— por un oficial de Policía una investigación por “lavado de dólares” en el Banco Real (un banco brasileño que tenía entonces sucursales en Uruguay) el gerente local intenta frenar la investigación, para lo que consulta al presidente del banco en Brasil, Paulo César Farías, quien rápidamente viene a nuestro país y mantiene una reunión con el oficial de Policía a bordo de su avioneta en el Aeropuerto de Carrasco y, allí mismo, acepta pagar de coima un millón de dólares.

    Días después, según el relato de la “fuente amiga”, el gerente le entregó al oficial dos paquetes de US$ 200.000, uno para él y otro para un funcionario policial de alto rango.

    El informe culmina afirmando que los US$ 600.000 restantes, se repartieron, por partes iguales, a razón de US$ 200.000 cada uno, entre el suscrito, que entonces era el ministro del Interior, y otros dos integrantes del Gabinete de Ministros. (Omito los nombres de los involucrados por el informante, para no potenciar la difusión de un “anónimo”).

    Veamos. Paulo César Farías, es cierto, fue un oscuro personaje muy cercano a Collor de Mello, que funcionaba como su recaudador y testaferro, que termina imputado y condenado por delitos de corrupción realizados durante la presidencia de Collor y que luego de liberado, en 1996, fallece violentamente junto con su novia en circunstancias dudosas.

    Durante todo el período 1991 a 1993, la prensa brasileña —y la extranjera— dieron profusa información sobre P. C. Farías y sus actividades delictivas o sospechosas de delito.

    En gran medida, el proceso del impeachment —que culminó con la renuncia de Collor de Mello a fines del año 1992— se inicia al probarse los vínculos del presidente de Brasil con P.C. Farías. Este es requerido por la Justicia Federal el 30 de junio de 1993, se fuga hacia Inglaterra en julio, donde es ubicado en octubre y finalmente capturado en Tailandia el 29 de noviembre de 1993 (toda la información sobre P.C. Farías aparece en abundancia y detalle, en diversos sitios de Internet, a los que yo mismo recurrí y puede hacerlo el lector).

    Cuando el “informante”, el 27 septiembre de 1993, arma el tortuoso relato, todo parece coherente: el Banco Real es investigado por lavado de dólares. El gerente local ofrece un soborno al policía actuante, pero este le reclama más de lo que él puede disponer por sí mismo. Por ello —según el informe— debe consultar al presidente del banco que es nada menos que Paulo César Farías.

    La sola mención P.C. Farías como presidente del Banco Real, despide olor a delito, y hace creíble que haya venido subrepticiamente al Uruguay, al Aeropuerto de Carrasco, para acordar el pago de 1 millón de dólares.

    Pues bien, desenmascaremos la falsedad del malicioso relato.

    Para ello, alcanzaba con recurrir a Google y saber que:

    a) P.C. Farías nunca fue presidente del Banco Real, ni dueño, ni socio.

    b) El Banco Real fue fundado en 1971 por los hermanos Gilberto y Aloysio de Andrade Faria (sin “s” y sin tilde).

    Este último, de profesión médico, fue el presidente del Banco Real hasta que en 1998 lo vendió al ABN AMRO y lo era en 1993. Luego fundó el Banco Alfa, una cadena de heladerías y otros negocios.

    c) Aloysio de Andrade Faria vive, y con 96 años fue nombrado, en abril de 2017, como Persona del Año en el Buen Ejemplo por sus servicios a la comunidad y homenajeado en San Pablo (véase en Internet).

    d) De la información que pude obtener a través de una intensa búsqueda en Internet, no aparece ninguna imputación contra este hombre, hoy un anciano homenajeado, ni tampoco contra el Banco Real.

    En este caso, se cumple con el dicho popular que dice que “la mentira tiene patas cortas” y fue fácil probar su falsedad.

    El hacer aparecer a P.C. Farías como el “corruptor”, tratando de establecer un móvil, no tiene ninguna justificación posible: en noviembre de 1993 cualquiera que leyera la prensa —y no solo la brasileña— debía saber que P. C. Farías no tenía un Banco.

    Menos aún si se trataba de construir una malevolente novela para imputar hechos delictivos.

    Solo cabe concluir que la “fuente amiga” y el funcionario que recibió su informe, actuaron dolosamente, persiguiendo quién sabe qué interés, o con una grosera e inadmisible torpeza y negligencia.

    En sustancia, el archivo se queda —no solo sin el gran “corruptor” de la novela— sino también sin el móvil del supuesto soborno.

    Pero habrá miles de otros casos en que no será posible hacer pruebas en contra de los “anónimos” o en que el difamado ni siquiera vivo, dado el largo tiempo transcurrido.

    El derecho al honor no solo es un derecho de la personalidad reconocido por todas las naciones civilizadas, sino que —en nuestro Ordenamiento Jurídico— tiene, además, rango de derecho fundamental, consagrado así en los artículos 7 y 72 de la Constitución de la República.

    La publicación del contenido de los “rollos” del Ministerio de Defensa Nacional atenta directamente contra este derecho.

    La “transparencia” y la “democracia informativa” que podría justificar dar a conocer los archivos militares, tienen un presupuesto o condición previa, que a su respecto no se cumple: que la información que se publica sea de fuente confiable, verosímil y controvertible. En el caso no es nada de eso, y ni siquiera tiene un autor aparente, lo que la transforma en pura basura.

    Juan Andrés Ramírez

    Cartas al director
    2017-08-17T00:00:00