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El problema de la delincuencia. Uno de los lastres más pesados que mantienen al Uruguay en la decadencia y la frustración es el pernicioso hábito de “resolver” los problemas enmendando la Constitución y las leyes, sin tocar la realidad. Cuando, además, esa labor reformista la asumen políticos faltos de sentido común y saber jurídico, el resultado es que los males sociales se exacerban y se embrollan hasta hacerse insolubles. Con el agravante de que se deja de combatirlos.
Creo, sé y afirmo que el elenco de normas de derecho positivo con que cuenta el país es tan superabundante que —figuradamente hablando— el país podría seguir funcionando aunque se decretara una moratoria de producción legislativa. Y que el meollo del asunto está en:
1 - Escuchar la voz del pueblo. Entendiendo por pueblo no la masa informe del acarreo electoral, sino las familias y todos los que con su trabajo honesto son aquellos a los que alude —en vano— la Constitución como poseedores de los “talentos y virtudes” que les dan una justa superioridad social. Tenemos que escuchar la voz del pueblo, saber exactamente qué quiere que se haga con el delito y sus perpetradores, y seguir fiel y exactamente esa orientación.
2 - Cumplir las leyes existentes. Nuestro país ha abrevado en las más sabias fuentes del Derecho Universal, imposible mejorarlas conceptualmente. En particular en Derecho Penal, tenemos normas claras que combinan sabiamente la severidad justa del castigo con la obligación de sopesar atenuantes y agravantes para imponer la pena más exacta y justa posible. Cumplir las leyes penales —sin necesidad de crear nuevas trastornando la sabia arquitectura de los códigos— es la grande y pacífica revolución que nos dará seguridad pública y privada. Ampliar, sobre todo, el gran principio rector de que si bien el honesto es un sujeto de derecho como el criminal, el primero es titular de un derecho primero y superior, y de ninguna manera un igual al delincuente, ni mucho menos, como quieren hacernos creer las vesánicas teorías materialistas, el culpable de la depravación del infractor.
3 - Autoridad moral del Estado para penar. Privar de la libertad a un individuo puede hacerse sólo desde una de dos ópticas: arbitrariamente, en nombre de una conveniencia social que el legislador o juez interpreta a su antojo, o con el respaldo de una mayoría circunstancial de votos; o añadiendo a la legalidad formal la autoridad moral que sólo se logra castigando con la misma vara a todos los transgresores, independientemente de su condición social, sin perjuicio de que la superioridad del saber, la jerarquía pública, el dinero, pueden hacer necesario, en el caso concreto, imponer una pena más grave a quien la detenta que al derelicto social. Sólo un Estado que no excluya del castigo al usurero, al subversor del orden social o al narcotraficante —por más que en la majestad estética de una ley que no se cumple se le castigue— tiene derecho real de imponer castigos, cualquier castigo.
4 - Acabar con las utopías. Como hijos del pueblo rechazamos rotundamente la gastada fórmula de que “educar” es la panacea para el problema de la delincuencia. Rechazamos el insulto que esa monserga tiene implícito para el pobre o el iletrado. Ser pobre o analfabeto no condiciona a robar, ni las estadísticas del delito coinciden con las del ingreso monetario. Un destacado policía que recorrió toda la jerarquía desde agente a inspector general manifestó (en reportaje a Búsqueda) que en su larga carrera en todos los ámbitos y lugares, jamás encontró un solo individuo que delinquiera llevado por la pobreza. Consideramos asimismo una extraña manera de pensar —o una soberana estulticia— que un ser mental y moralmente sano toma conocimiento del disvalor de robar, matar, violar o traicionar a su patria recién cuando en el aula de la educación formal se le explica esa “gran novedad”. En ese absurdo concepto está entera la utopía agnóstica y materialista que niega la libertad del hombre de elegir el camino recto o sumirse en la degradación. Utopía que obviamente conduce al totalitarismo estatista, pues si el hombre no es libre de actuar bien o mal, sólo la fuerza bruta del poder puede reprimirlo.
