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Primero fue solo un árbol prendido fuego. “Es algo pasajero”, respondieron quienes estaban a cargo de cuidar el bosque e intentaron apagarlo con un vaso de agua. Cuando ya eran más de diez los árboles en llamas, aseguraron que se estaban ocupando de toda la reserva forestal y que el fuego iba a retroceder. Pero luego fueron hectáreas las que quedaron incendiadas y la culpa entonces fue atribuida al viento regional o a la poca cantidad de agua disponible para detener las llamas. Hoy es todo el bosque, y hagan lo que hagan los responsables, los daños ya son irreparables.
Eso es lo que ocurrió con la inseguridad y el aumento de los delitos en Uruguay. El problema se propagó como el fuego en el bosque, con una rapidez preocupante. Las calles, especialmente de Montevideo pero también de otras ciudades, empiezan a parecerse a una película futurista clase B, donde solo los violentos sobreviven.
Y fue muy poco lo que se hizo desde el gobierno para tratar de revertirlo. Se mantuvieron las mismas autoridades, las mismas estrategias y el mismo discurso. Se realizaron promesas incumplibles y se evitó de todas las formas posibles la autocrítica. Ya desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez se cometieron errores terribles, que hoy seguimos sufriendo, como el vaciamiento de las cárceles promovido por el entonces ministro José Díaz. Después, nunca se logró corregir el rumbo.
Pero había posibilidades de mejorarlo en este último gobierno cambiando de autoridades en el Ministerio del Interior, al menos como señal política. Así lo reclamamos más de una vez desde esta página editorial. También lo hicieron dirigentes políticos de distintos partidos, incluido el Frente Amplio. Todos coincidían en lo mismo. Todos entendían que ya no se podía esperar más y que era el momento de actuar.
Pero Vázquez eligió ignorar cada uno de esos reclamos. Prefirió seguir haciendo lo mismo, por más que era evidente que el resultado sería el fracaso. Optó por la soberbia de mantener a un equipo que va a cumplir una década de números negativos, año tras año. Era más cómodo y mejor creer que el fuego estaba controlado, que todo era una cuestión de “sensación térmica”.
Por eso lo del lunes 25 fue un enorme balde de agua fría que cayó sobre los que no querían asumir la realidad. Las cifras de aumento de delitos, difundidas por el Ministerio del Interior, muestran que el daño ya es irreparable y que llevará mucho tiempo poder volver a una situación controlada.
En concreto, el año pasado en Uruguay hubo un aumento récord de los homicidios y de los robos violentos en comparación con el 2017. Los asesinatos pasaron de 284 a 414, lo que implicó un incremento del 45,8%, mientras que las denuncias por robos violentos treparon de 19.441 a 29.904, una suba del 53,8%.
El drama se torna gigantesco para la sociedad. Pero no por igual, aunque igualar sea la obsesión de los gobiernos de izquierda. Un magnate de la TV mexicana de visita en Uruguay destacaba hace poco que podía caminar solo por Punta del Este y recordaba que en su país salía a la calle con un mínimo de siete guardaespaldas y dos autos blindados. Uno de sus socios decía por lo bajo: “Él tiene menos problemas porque puede pagar siete guardaespaldas y demás, pero si solo puedes pagar uno, estás frito”. También es así en Uruguay: los grandes emprendimientos pueden comprar sofisticados sistemas de seguridad apenas como paliativo, pero el pequeño negocio de barrio muchas veces tiene que cerrar ante tantos asaltos. Esto en un país que siempre se jactó de ser seguro y distinto a todos los demás de la región. Eso ya quedó en el pasado.
El gobierno actual está por terminar y el próximo será muy distinto, gane quien gane. Salvo que no se cumpla ni uno solo de los pronósticos, el presidente que asuma el 1º de marzo de 2020 deberá gobernar sin mayorías parlamentarias y eso cambia el escenario. Necesitará de aliados políticos de otros partidos y para lograrlo deberá procurar acuerdos.
Por supuesto que uno de los principales puntos a negociar será el combate a la inseguridad. Que se logren acuerdos extrapartidarios en ese tema será algo muy bueno para todos. Si hay un asunto que merece una política de Estado es el combate a la delincuencia y si hay algo en lo que se justifica la participación estatal es en el cuidado de la vida de sus ciudadanos.
Hoy, en ese terreno tan delicado, el país también está dividido. Hoy muchos políticos ponen por encima sus intereses al camino para llegar a soluciones consensuadas. Hoy ganan los necios, los que se niegan a ver lo que está en juego cuando se habla de rapiñas y asesinatos. Todo puede cambiar en un futuro no muy cercano. Pero no nos confundamos con promesas impresentables: llevará mucho tiempo y trabajo enfocado y sostenido cambiar la situación actual. Porque el daño ya está hecho.
