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Uno de los aspectos que define a la idiosincrasia uruguaya es que muy poco ocurre en los meses de verano, salvo el correspondiente veraneo, que todos tratan de que sea lo más extenso posible. El país también cuenta con el carnaval más largo del planeta, como para confirmar una cierta tendencia al ocio que proviene de las épocas de “vacas gordas”, completamente distintas a las de hoy. Hasta ahí puede verse como algo contraproducente pero anecdótico. El problema es que también la transición se inscribe en ese letargo generalizado. Según la Constitución de la República, el nuevo gobierno asume al menos tres meses después de elegido, el 1º de marzo del año siguiente a los comicios. Es demasiado tiempo.
Probablemente la sensación sea diferente cuando el cambio de administración se realiza entre jerarcas de un mismo partido político, pero esta vez las alarmas están sonando fuerte. Muy lejano parece el momento en que fue electo Luis Lacalle Pou como presidente, pese a que el triunfo no resultó en la primera vuelta y que el candidato que compitió con él —Daniel Martínez— demoró una semana en reconocer la derrota.
La realidad muestra que el actual Poder Ejecutivo encabezado por Tabaré Vázquez ha hecho muy poco en los últimos tiempos y menos todavía desde que los uruguayos eligieron a su sucesor. La sensación que queda es que los que están por terminar el mandato se han dedicado a “hacer la plancha” y los que iniciarán el suyo el 1º de marzo se ven obligados a postergar anuncios porque los meses previstos para la transición son excesivos. Es un tiempo que obliga a demasiada retórica y poca concreción.
Cuando el centro de la agenda política son unos pocos proyectos y muchas entrevistas periodísticas para hablar del futuro o del pasado, estamos ante un problema. Este país necesita soluciones urgentes en todas las áreas, pero especialmente en seguridad, educación y el sostén de todo: la economía. Hemos gastado ríos de tinta en analizar un proyecto de ley de urgente consideración, pero resulta que ya la palabra que la define pierde fuerza: la ley de “urgente consideración” comenzará su trámite parlamentario dentro de un mes.
No es la primera vez que desde la página editorial cuestionamos lo innecesariamente larga que es la transición en Uruguay. Pero nos sentimos en la obligación de insistir porque, aunque casi todos coinciden en que es fundamental hacer algo al respecto, nadie toma “el toro por las guampas”. Resulta esencial empezar a discutir modificaciones constitucionales al respecto, aunque el gobierno que las promueva deba sacrificar hasta un mes y medio de su período. Vale la pena dar este paso para evitar una parálisis programada pero inútil, ya que ni el gobierno saliente ni el entrante pueden hacer mucho en todo ese período.
Es cierto que el presidente electo ha sabido aprovechar este tiempo para consolidar su liderazgo, afianzar su popularidad y procurar dar solidez a la “coalición multicolor” con el objetivo de que la oposición liderada por el Frente Amplio pierda margen de maniobra. La estrategia parece ser similar a la adoptada por el oficialismo en los últimos 15 años, abarcando la mayor cantidad del espectro ideológico posible y de esa forma dejando sin demasiado espacio a los opositores. Teniendo en cuenta la experiencia reciente, es comprensible que Lacalle Pou opte por un camino que claramente al Frente Amplio le dio réditos. Pero consolidar esto solo es posible desde el ejercicio del gobierno.
Un periodista que también es historiador tiene la teoría, un poco en broma y un poco en serio, de que cuando el general Leandro Gómez llamó a defender a la ciudad de Paysandú en los últimos días de diciembre de 1864 para evitar que nuestro país se uniera a la infame Triple Alianza, que terminó destruyendo al floreciente Paraguay, la idiosincrasia veraniega le jugó una muy mala pasada. Según ese colega, su llamado no logró el resultado esperado, por mejor intención que tuviera el presidente del momento, Atanasio Aguirre, porque la mayoría de los uruguayos priorizaron el descanso veraniego.
En un tiempo y un mundo en el que cada día cuenta y que cada momento debe aprovecharse, esta regla de esperar hasta marzo para que asuma el nuevo gobierno, no es coherente. Es momento de reconsiderar ese mandato constitucional, que hace mucho tiempo perdió sentido. Por el bien de los que vengan.
