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    Democratizar la acción sindical

    N° 1989 - 04 al 10 de Octubre de 2018

    El jueves de la semana pasada, cuando se celebró un paro general parcial, circulaba en mi vehículo por la calle Juncal, desde la Plaza Independencia en dirección a la calle Rincón, cuando con otros conductores fuimos sorprendidos, al llegar a la intersección de esas dos calles, por una marcha sindical que se desplazaba por Rincón. Debimos parar nuestros vehículos y esperar por más de 20 minutos para poder volver a circular, mientras algunas personas marchaban a paso cansino, lo más lento posible y bien separadas, cosa de alargar la marcha y demorar su paso lo máximo posible. Detrás nuestro, decenas de vehículos hacían sonar sus bocinas y el trancazo se extendía hasta la propia circunvalación de la Plaza Independencia.

    Más allá del derecho de las personas a realizar paros y a marchar por sus reclamos, que digamos de paso que en nuestro país está totalmente distorsionado, lo que me preguntaba cuando estaba sentado en mi auto reprogramando una agenda que ya era imposible de cumplir y siendo consciente de que dejaría plantadas a varias personas, era por qué los manifestantes no tenían, al menos, la delicadeza de hacer una pequeña interrupción cada cinco o diez minutos, para permitir descomprimir la situación del tránsito y dejar circular a las personas que, como yo, estuvimos tanto perdiendo tiempo. No podía comprender cómo esos manifestantes, que nos regalaban a su paso una mirada de satisfacción por su ejercicio soberano de poder, no eran capaces de asumir una actitud compatible con esa máxima democrática esencial que reza “que el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás”, para respetar, mínimamente, a los tantos otros que estaban perjudicando. Esa era la actitud democrática que deberían mostrar, pero —lamentablemente— transmitieron una ya reiterada imagen de soberbia y desborde, confirmando una vez más que el ejercicio del poder sindical está cada vez más lejos del sentir de la gente. Hoy por hoy, son los dirigentes sindicales y un pequeño núcleo contra todo el resto. Los derechos de los demás no existen.

    La información que se conoció sobre el grado de acatamiento que tuvo el paro general del 22 de agosto último, más allá de como siempre los dirigentes de la central obrera hicieron alarde de que la adhesión fue muy importante, demuestra claramente que la gente está harta y no acompaña medidas de lucha que no comparte y con las cuales no se siente identificada. Según los datos dados a conocer por Equipos Consultores, el 57% de los ocupados declaran que fueron a trabajar ese día, mientras el 34% declara que no lo hizo y el 9% restante que no debía trabajar por algún motivo. Pero como se señala también en el informe de referencia, a poco que se profundiza el análisis, se advierte que de esa cifra del 34% que no fueron a trabajar, la mitad de los trabajadores no fue a trabajar porque no pudieron en razón de la falta de transporte o porque tuvieron que quedarse en su casa a cuidar a alguien. Y a la vez, agrego yo por mi cuenta, de ese 17% resultante que no fue a trabajar voluntariamente, hay que bajar todavía a los muchos empleados públicos que no fueron a trabajar porque muchas oficinas públicas cierran sus puertas en esas jornadas, por lo que al acatamiento real del paro debe haber estado, tímidamente, muy poco por encima del 10%. O sea que más que adherentes a esas medidas, que son pocos, hay rehenes que no pueden hacer su voluntad porque no hay transporte o porque el Estado cierra muchas de sus puertas, más allá, todavía, de que muchos aprovechan ese día para darse algún gusto o tomarse una licencia, aun cuando no tengan la más mínima identificación con el motivo del reclamo.

    Nadie niega ni pretende desconocer que la actividad sindical tiene, bien ejercida, una razón justa y valedera por la cual existir, pero también es cierto que si se analiza esa actividad en el Uruguay de hoy se advierte, claramente, que las cúpulas sindicales, que resuelven las cosas, están claramente de espaldas a la realidad y solo saben pedir y pedir más, sin considerar la realidad del país y el estado de las empresas. En su momento pidieron y lograron beneficios importantes, cuando la realidad del país era prometedora, pero hoy, cuando la situación ha cambiado y todos, sin excepción, reconocen que hay una realidad preocupante (menos actividad y competitividad, mayor déficit y deuda pública, turbulencias regionales y baja importante del precio de nuestros productos de exportación), se impone otra prudencia y otra madurez, para evitar que los males se intensifiquen y que la pérdida o destrucción del empleo sea la única variable posible. Los dirigentes sindicales, embanderados con su lucha de clases y cegados por su ideología comunista, parecen desconocer que sin inversión y sin empresas no hay desarrollo o crecimiento posible, por lo que sus demandas, cuando superan lo razonable y terminan cansando y corriendo al empresario que debe arriesgar su capital, condenan a miles de trabajadores a perder su fuente de trabajo y a quedar sin posibilidad de sustento, pasando a depender del siempre errático y poco gratificante asistencialismo estatal.

    Demás está decir que en ese ejercicio desmedido de sus reclamos, a su vez, con la complicidad silenciosa del gobierno, utilizan prácticas que son contrarias a la convivencia democrática y al respeto de las normas del Estado de derecho. Piquetes, bloqueos y ocupaciones de empresas, desconociendo el derecho de propiedad de sus dueños y el derecho a poder trabajar de los muchos trabajadores —que son mayoría— que lo quieren hacer; actitudes de pretendido cogobierno en las empresas, desconociendo el derecho elemental de los empresarios a gestionar su propia empresa; permanente aplicación de los paros parciales distorsivos, con los que pretenden cobrar igual el jornal del día aun cuando impiden el desarrollo normal de la jornada de trabajo; desconocimiento asiduo de las cláusulas de paz que pactan en los convenios para obtener beneficios a cambio, etc.

    Parecería que ha llegado el momento de democratizar la acción sindical y regular el ejercicio de sus derechos, imponiendo criterios transparentes y universales para la elección de los dirigentes y para la adopción de medidas de lucha. Se debe regular la actividad sindical para proteger su sano ejercicio, apuntando a que la actuación de los gremios tenga una clara representatividad y que sus decisiones reflejen realmente un sentir mayoritario.

    Si no damos esta batalla por miedo a que nos etiqueten como “fachos”, estaremos entregando una actividad noble y digna a unos pocos aprovechadores, que hacen política e ideología barata invocando, con muy poca representatividad, la voluntad de trabajadores que no los eligieron ni respaldan sus medidas.

    ?? Flan, queremos flan