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Una vez más el manejo de la situación del puerto y el eterno contrato (50 años y cláusulas que garantizan muchos más) por la terminal de contenedores que el Poder Ejecutivo firmó con la empresa belga Kateon Natie —de la que el Estado uruguayo es socio— nos deja un sabor amargo. En esta oportunidad el motivo de preocupación es la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revocando la decisión de la Comisión de Defensa de la Competencia (CPDC), que había considerado pertinente investigar supuestos actos y conductas anticompetitivas en el acuerdo en cuestión.
Sin mediar mayor explicación pública, el MEF —en sintonía con Presidencia— brindó una rápida respuesta al reclamo de Kateon Natie, dándole el visto bueno y de esa forma silenciando una investigación que empezaba a tener un volumen importante y que ahora vuelve a fojas cero. Es importante además anotar que la comisión —como es de orden— no prejuzgaba el hecho, sino que daba lugar a recorrer el camino de la indagatoria de la denuncia de la empresa Montecon.
Los argumentos contradictorios entre una y otra de las empresas involucradas podrán o no tener validez, pero está bien que sean investigados por un ente arbitral independiente. El gobierno prefirió no hacer lugar a esa posibilidad, estirando los límites y saliéndose de los procedimientos arraigados para tomar una resolución que prácticamente no tiene antecedentes.
El fundamento del MEF es que la resolución de comisión carece de la motivación suficiente que ampare la admisión de la denuncia y luego aclara que la impugnación no implica aceptación o rechazo de lo planteado. Esto implica que la CPDC todavía tiene plazo para expedirse sobre el asunto. En los hechos, según fuentes vinculadas al caso informaron a Búsqueda la semana pasada, el tema queda en fojas cero.
Otra vez una comisión —como en este caso—, ente regulador o cualquier organismo público de control, supuestamente independiente, debe someterse al gobierno de turno, contrariando la naturaleza de la función para la que fue creada. Lo malo es que se gastan millones de pesos de los contribuyentes para sostener este tipo de organismos solo con el objetivo de que se cumplan las formas, aunque a la hora de la verdad no se respetan. Por lo menos evitemos el gasto.
Por su parte, la oposición sigue adelante e intenta reforzar su denuncia penal ante la Justicia. El senador del Movimiento de Participación Popular Charles Carrera, que ha hecho suyo el tema, alega que el Poder Ejecutivo, ante los recursos presentados por Montecom, Nobleza, y el sindicato portuario, ha optado por no contestar, configurando lo que en la jerga legal se reconoce como una denegatoria ficta. Es decir, el silencio es mejor que una defensa, que por lo menos va a ser muy dificultosa.
En sus declaraciones el senador asume también su rol político, ya se explaya sobre supuestas “ilegitimidades” y “arbitrariedades” del gobierno. Es decir, prejuzga a más no poder, haciendo lo opuesto a lo que pretende realizar la CPDC, que tiene la virtud de proponer que por los menos sean descartadas posibles anomalías. A veces los políticos no se dan cuenta de que algunos hechos no necesitan grandilocuencia para despertar inquietud en el ciudadano que está alerta. A veces la pureza del hecho dice más que la politización, que termina distrayendo y creando bandos. Este es uno de esos casos.
El gobierno tomó y sigue adoptando un camino muy polémico en este tema. Recurre al silencio porque entiende que ya ha dado sus argumentos, pero estos no parecen suficientes y ciertamente no han logrado convencer. Es cierto que se parece a una denegatoria ficta la estrategia de aquí en más. No parece ser sostenible.
