Sin embargo, hay personas que terminan sus días encerradas. No en cárceles, sino en hospitales psiquiátricos. Son los “olvidados” del sistema. La Justicia los considera inimputables y los deriva a instituciones de salud mental. Se les priva de su libertad, pero no se trata de una pena sino de una medida “curativa” y, por tanto, no tiene plazo. Sin una duración determinada, estas “condenas” se prolongan por años y a veces de forma perpetua.
“Aunque en nuestro sistema jurídico no esté establecido como tal —las penas pueden tener un tiempo máximo de 30 años—, hay pacientes psiquiátricos que están condenados a perpetua”, afirmó Luis Pedernera, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), durante una jornada de Derecho Penal y criminología organizada por la Comisión de Estudiantes de Derecho de la Universidad de la República el pasado jueves 3.
El artículo 92 del Código Penal prevé medidas de seguridad curativas que se aplican a “los enfermos, a los alcoholistas, a los intoxicados por el uso de estupefacientes, declarados irresponsables, y a los ebrios habituales”. Estas medidas “solo pueden ser establecidas por los jueces” y tienen una duración “indeterminada”, sin plazo “mínimo ni máximo”. Su interrupción será determinada por el juez, indica el Código.
“El Código plantea que las medidas de seguridad curativas que se les aplican a los locos no son penas. Así se les sacan todos los componentes garantistas y a la persona se la priva de libertad de una forma encubierta con el nombre de medidas. Y lo que es más grave es que esa pena no plantea límites mínimos ni máximos. Puede estar ad infinitum en esa situación”, explicó Pedernera a Búsqueda.
“Estas medidas se sostienen porque hay un pronóstico de peligrosidad de la persona. Y por tanto es por tiempo indeterminado. Es muy difícil que se revise la medida. Para el sistema pasa a ser un olvidado”, afirmó.
En su exposición durante la jornada de Derecho Criminal, Pedernera criticó que muchas de estas internaciones “son discrecionales, no respetan ni las mínimas garantías del debido proceso, y tampoco se prevé una instancia de apelación”.
Inimputables.
Entre los pacientes psiquiátricos que la Justicia deriva al Hospital Vilardebó o a las colonias (Etchepare y Santín Carlos Rossi) dependientes de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) hay dos situaciones diferentes.
Por un lado, hay personas que cometieron un delito y que son imputables. Estas son enviadas a la cárcel y por alguna razón —intentos de autoeliminación, por padecer síndrome de abstinencia de drogas o fármacos, o porque aprenden a simular esos episodios y fingen padecerlos— son derivadas al Hospital Vilardebó.
Este grupo sí “va a tener un juicio y una condena”, explicó a Búsqueda el director del Programa de Salud Mental de ASSE, Horacio Porciúncula.
Por otra parte está el grupo de personas inimputables, que llegan a ASSE por haber “cometido delitos en el marco de una alteración mental”, explicó. Entre los inimputables hay personas que cometieron actos violentos y por eso el juez determina que queden “bajo medidas curativas sin máxima ni mínima” duración. Es decir, “sin fecha de salida”, explicó Porciúncula.
Entre los inimputables hay quienes no cometieron actos de gravedad, pero igual son derivados allí y “no tienen alternativas de vivir afuera”. Estos casos quedan “a la espera de que sean vistos por un forense que los evalúe periódicamente, pero como no hay alternativas, quedan adentro”, indicó el psiquiatra.
Si hubiera un sistema alternativo, “los jueces podrían permitir que se mantengan en comunidad con medidas terapéuticas”, consideró.
Porciúncula afirmó que los inimputables “no están privados de libertad”. “Después de disminuida la crisis podrían estar en comunidad con un sostén terapéutico obligatorio, pero necesitan un lugar físico y un equipo específico especializado”, explicó.
Con el objetivo de desarrollar este tipo de alternativas, ASSE está construyendo a siete cuadras del Hospital Vilardebó una casa de “medio camino” destinada a quienes puedan “insertarse en comunidad con alternativas terapéuticas, una evaluación progresiva y un seguimiento muy reglado”, indicó el psiquiatra.
Además, ASSE tiene un proyecto pendiente de firma con la Suprema Corte de Justicia que propone que los jueces vean los expedientes que comprometan a los reclusos internados en el Hospital Vilardebó cada seis meses, para evitar que los plazos de estadía se extiendan por meses y hasta años.
Hoy hay unas 850 personas internadas en las colonias psiquiátricas. Aproximadamente la mitad son pacientes judiciales. En el Hospital Vilardebó hay 176 pacientes judiciales.
Nueva ley de salud mental.
El marco jurídico vigente en Uruguay data de mediados del siglo XX: por un lado está la Ley de Psicópatas (Nº 9.581), aprobada en 1936, y por otro la Ley del Patronato del Psicópata (Nº 11.139), aprobada en 1949.
Esas leyes, señaló Pedernera, tienen una impronta “aislacionista y segregadora”. Por eso “es necesaria una adecuación”, sostuvo. “Tenemos una legislación pensada para el Uruguay del 30”.
Para Pedernera, “Uruguay necesita una nueva ley de salud mental enmarcada en los estándares de derechos humanos” y que “redefina todo el mecanismo de internación involuntaria”.
Ayer miércoles la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, un colectivo integrado por académicos, organizaciones sociales, estudiantes universitarios, usuarios de las instituciones de salud mental y familiares, entre otros, presentó en el Parlamento un anteproyecto de ley de salud mental.
El anteproyecto apunta a la eliminación progresiva de las colonias psiquiátricas y del Hospital Vilardebó y busca garantizar que en la atención en salud mental “la internación se realice como último recurso”. “En caso de ser necesario, serán realizadas por el menor tiempo posible en hospitales generales, con los resguardos de las garantías del debido proceso”, propone el texto.
Además, plantea establecer un programa de cierre, con plazo en 2020, de los centros de atención psiquiátrica públicos y privados del país.
Los objetivos de este proyecto de ley no están lejos de las aspiraciones del Ministerio de Salud Pública (MSP). A fines de julio el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, presentó en el Parlamento lineamientos para trabajar en una nueva ley de salud mental. Ese documento también aspira al cierre progresivo de los centros psiquiátricos, trasladando la internación de los pacientes a hospitales generales.
Problema político.
Para el integrante de Ielsur, “la forma en que funciona el dispositivo psiquiátrico en Uruguay vulnera flagrantemente los tratados internacionales que el país se comprometió a respetar”.
“Por eso, el problema de los enfermos mentales es un problema más de lo político que de lo sanitario. Su dimensión es política en tanto la situación a la que se condena a los enfermos mentales es una situación que afecta directamente el Estado de derecho y las garantías individuales”, consideró.
A su juicio, “las modalidades de intervención en Uruguay demuestran una debilidad en brindar otro tipo de respuesta a las temáticas de salud mental, que no sea siempre la internación”. Es “fundamental” que el paciente continúe integrado a la comunidad y que no se lo excluya.
“Hoy los que están en hospitales psiquiátricos están presos del sueño de psiquiatras y operadores del sistema judicial. Y por lo tanto están jodidos”, afirmó. “Lo más grave es que nosotros frente a esa realidad hemos creado un estado de negación. Nos hemos acostumbrado. Hoy el manicomio pasa a formar parte de una rutina, de algo que está ahí y sobre el que nada se puede hacer”.
