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“Comportamiento hostil que tiene lugar en el trabajo”, “frecuente y persistente”, “ejercido por un individuo o un grupo de individuos contra otro individuo” y que puede ocasionar “daño o enfermedad psicológica o psicosomática”. La cita pertenece a la definición de acoso moral en el trabajo de la profesora grado cinco de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Cristina Mangarelli, que es referencia nacional en el tema.
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Aunque las actitudes que describe existen desde siempre, el acoso moral es un fenómeno de “visibilización reciente” y las denuncias que recibe la Inspección General del Trabajo son una demostración de ello. En 2009 apenas se registraron 11, pero en los años siguientes las denuncias crecieron exponencialmente hasta llegar a las 353 en 2015.
Los números los dio a conocer el inspector de Trabajo, Gerardo Rey, al participar el lunes 28 en una jornada de intercambio organizada por la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU). El acoso laboral se divide en dos fenómenos: el acoso sexual en ámbitos de trabajo y el acoso moral. Este segundo caso fue el centro del evento que organizó AEBU.
Rey considera que el “ascenso” del fenómeno del acoso moral se explica por el avance en derechos en el ámbito laboral en los últimos años. El jerarca sostiene que la agenda de los trabajadores “se fue renovando” a medida que lograron avances en los temas que suelen ser prioritarios, como el salario, la negociación colectiva o la represión sindical.
La actuación de la Inspección General del Trabajo cuando recibe denuncias consiste básicamente en instar al empleador a investigar los casos y corregir las situaciones de acoso. En algunos casos, recurre a inspecciones en los lugares de trabajo y toma resoluciones preventivas (como talleres) y sancionatorias para las empresas.
La mayor parte de los panelistas que integraron las distintas mesas de la jornada hicieron énfasis en que para seguir avanzando en un mejor abordaje del acoso laboral es necesaria la inclusión del tema en los convenios colectivos y la aprobación de una ley.
Justicia.
Actualmente Uruguay no tiene legislación específica para los casos de acoso moral. Tanto la Inspección General del Trabajo como la Justicia se amparan para actuar en estos casos en algunos artículos de la Constitución y en el contenido de “leyes análogas”, como la de “acoso sexual” y “libertad sindical”.
En la Justicia estos casos suelen procesarse a través de acciones de amparo. La ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de primer turno, Rosina Rossi, contó en la jornada organizada por AEBU que el reclamo más frecuente de las víctimas de acoso es una “reparación medida en dinero” tomando como referencia el contenido de la ley de acoso sexual.
En el Parlamento hay actualmente dos proyectos de ley sobre acoso moral. Uno de ellos pertenece al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, que también participó en una de las mesas de la jornada organizada por AEBU. Su iniciativa recibió tanto opiniones favorables como duras críticas.
Rossi, por ejemplo, destacó del proyecto la inclusión del mecanismo de prueba por presunciones. La presunción, explicó, es un mecanismo que el legislador utiliza para proteger al “sujeto débil” en situaciones en las que hay diferencia de fuerza entre las partes que se enfrentan. La “presunción” traslada el peso de la prueba al sujeto fuerte, el presunto acosador.
Ese mismo punto del proyecto de ley de Abdala fue criticado por Mangarelli. Además, manifestó su desacuerdo con otro artículo que hace responsable al empleador por todos los casos de acoso laboral. La abogada dijo que prefería una solución como la de la ley de acoso sexual, en la que el empleador solo es responsable si, una vez conocida la situación, no adopta medidas para corregirla.
Por su parte, Rossi cuestionó otros cuatro artículos del proyecto de ley, pero se detuvo particularmente en uno que consideró “gravemente negativo”. Se trata de la creación de un registro público de las personas que fueron declaradas como “acosadoras” en juicios laborales.
“Aquí estamos prácticamente condenando a la marginalidad a un ser humano que probablemente esté enfermo. Ese ser humano no vuelve a trabajar nunca más. Esto me parece a mí que es un atentado contra los derechos humanos”, argumentó.
“Problemas”.
Tanto Rey como Rossi sostuvieron que buena parte de los casos de acoso moral no se terminan probando. Cada uno desde su abordaje, señalaron como uno de los principales motivos lo difícil que es probar esos comportamientos porque los “acosadores” se cuidan de no tenerlos en público.
Desde el aspecto judicial, Rossi señaló otros dos elementos que complican a las víctimas. El primero es la falta de información de cómo proceder en su lugar de trabajo cuando son víctimas de acoso moral. “Todo lo que el trabajador no hizo en la relación de trabajo lo va a traer como una disminución al proceso jurisdiccional”, explicó.
Por otro lado, dijo que hay problemas en la defensa de los trabajadores que suelen insistir en la “calificación jurídica” en vez de detallar los hechos puntuales en los que consistió el acoso. En ese sentido destacó especialmente el protocolo que diseñó AEBU para abordar los casos de acoso laboral en todos sus sectores. Rossi resaltó especialmente el énfasis en el detalle de los hechos.
AEBU aprobó el protocolo hace más de un año a través del trabajo de una Comisión de Acoso Laboral. El sindicato también logró incluir un Protocolo Marco de Acoso Laboral en el convenio colectivo de trabajo del sector de Banca Oficial.
El coordinador de la Comisión de Acoso Laboral de AEBU, Gustavo Álvarez, participó en la última mesa junto a Mangarelli y Rossi y aportó otra dificultad que existe en el abordaje del tema: el desconocimiento. “No podemos seguir talenteando con este tipo de situaciones”, afirmó.