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En mayo, una docente y dos ex docentes de la Facultad de Enfermería solicitaron al Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República que observe a la Facultad por persecución ideológica, violencia, despidos arbitrarios, acoso laboral y racial, y una supuesta omisión a un pedido de informes de la Inspección General del Trabajo.
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En aquel momento el CDC analizó el tema pero para tomar una decisión aún aguarda por la resolución de la Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación, donde las mujeres denunciaron malos tratos como causa de su enemistad con Alicia Cabrera, decana de Enfermería de 2009 a 2012 y actual encargada de la dirección de la cátedra de Administración.
Aunque la Comisión de Acoso aún no se expidió, sí lo hizo la Dirección General Jurídica de la Universidad, que elevó al CDC su informe sobre la situación, en el que, entre otras cosas, afirma que las mujeres no otorgaron pruebas suficientes para sostener sus denuncias.
“Sin brindar datos que permitan identificar los expedientes a que hacen referencia, las peticionantes expresan que han agotado las vías de denuncia y reclamos dentro de la Facultad de Enfermería”, indica el escrito. “En la medida en que las peticionantes no brindan elementos que permitan identificar las denuncias que habrían efectuado, no es posible dictaminar al respecto”, agrega.
Respecto a los hechos de acoso que supuestamente violentaron derechos laborales de las denunciantes, la Dirección General Jurídica aclaró que no hay “medios de prueba en los que conste que se les ha negado la licencia médica o la licencia por maternidad”.
Por otro lado, el escrito indica que “no es correcto lo afirmado por las peticionantes en cuanto a que la Facultad de Enfermería se negó” al cumplimiento de un pedido de informes que solicitó la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El informe señala que tras el pedido la Universidad le “recordó” al Ministerio que cuenta con un procedimiento interno a aplicar para el tratamiento de las situaciones de violencia y discriminación. Ese procedimiento está a cargo de la Comisión de Acoso, que ya mantuvo reuniones y entrevistas con la decana de la Facultad (Mercedes Pérez) y con las denunciantes.
“Obviamente, una vez concluida la investigación administrativa, se informarán a esta Inspección General las resultancias de la misma”, finaliza.