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Una de las cosas que más me llamaron la atención cuando llegué a Barcelona fue la buena salud que tenían las distintas organizaciones sociales: asociaciones deportivas, de vecinos, de ancianos, juveniles, culturales. Una robustez que, paradójicamente y según logré entender, tenía que ver con el férreo control político que el franquismo había impuesto a la sociedad. Y es que desde finales de los años sesenta y hasta la muerte del dictador, fue a través de estas organizaciones, nominalmente no políticas, que los ciudadanos fueron ganando espacios de organización y de participación.
Lo siguiente que aprendí fue que, según que temas, esas organizaciones, independientes entre si, tenían un perfil muy similar y muy marcado. En cuestiones identitarias, sobre todo, las organizaciones de Sarriá, la zona con más dinero de la ciudad, parecían pensar de manera calcada a las de La Mina o el Raval, dos barrios mucho más pobres y con un montón de problemas derivados de esa pobreza. Digamos que quienes participaban en esas organizaciones parecían coincidir más entre sí que con sus respectivos vecinos y sus realidades.
El siguiente paso fue indagar cómo se financiaban esas organizaciones que, 30 años antes, habían funcionado como refugio ciudadano para disidentes y rebeldes de todo cuño. La respuesta me la dio un joven compañero del máster que yo cursaba. Estábamos hablando sobre cómo financiar una idea que veníamos desarrollando en una de las materias cuando él apuntó que lo más simple era organizarse como asociación cultural. De esa manera, dijo, no se pagaban determinados impuestos. Y, lo mejor, se podía acceder a una amplia paleta de subsidios y subvenciones que el Estado brindaba a esta clase de organizaciones. “¿Pero eso no genera alguna clase de dependencia del poder de turno?”, pregunté. “Bueno, sí. Pero piensa que en España hasta los sindicatos se financian con dinero del Estado”, fue su respuesta.
Total, que muchas de esas organizaciones, que en una cantidad de temas funcionaban de manera completamente autónoma, terminaban alineadas de manera exacta no solo entre sí sino también con los dictados de las autoridades que las financiaban (por lo general, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya). Un financiamiento que servía también para llevar una buena vida como líder vecinal, gestor cultural o rebelde en general, a cargo del erario. Pagando, eso sí, el precio de tener que proclamar su férreo acuerdo con lo que exigiera la agenda, esencialista e identitaria, del nacionalismo gobernante. Algo que ocurría cada dos por tres.
Hace unos días, en el programa radial matutino de Alejandro Camino pude escuchar una interesante entrevista con el presidente de la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias de Montevideo que explicaba el reclamo de que algunas ferias de la periferia de la capital uruguaya no funcionaran todos los años, durante muchos años, en la misma calle. El entrevistado no dudaba al señalar que las autoridades no estaban cumpliendo con el cometido de dar trámite a sus reclamos y, escuchándolo, no parecía tener deudas de ninguna clase con los poderes públicos. Al revés, era muy preciso en recordar que esos poderes públicos funcionan, de manera estable y desde hace décadas (es decir, gobierne quien gobierne) en plena connivencia con esos otros powers that be que, a través del lobby o de las prebendas, logran obturar cualquier reclamo ciudadano en ese sentido.
Y sin embargo ese entrevistado, inteligente en sus críticas, resultó ser alguien que considera que su lugar en la sociedad civil es una antesala a su carrera político-partidaria. Es decir, alguien que en el fondo no parece creer demasiado en el poder transformador de la asociación que encabeza o que, esto es más probable, la considera tan solo un escalón en una carrera política personal más amplia. En fin, que el señor era en sí mismo una variante de la colonización de la sociedad civil por parte del statu quo partidario, resumida en su deseo de ser un miembro relevante en ese sistema de partidos.
Es probable que esto lo pueda desarrollar mejor un politólogo, pero tengo la impresión de que uno de los problemas que enfrenta la ciudadanía uruguaya es que durante demasiado tiempo ha confiado más en los partidos que en sus propios deseos. Me explico: una cosa es asumir que los partidos políticos son nuestros representantes, aquellos en quienes delegamos la tarea de gestionar el país y usar el aparato del Estado para hacer efectivo un programa de gobierno que nos resulta más o menos afín. Y otra, muy distinta, es creer que con eso basta para ser ciudadano en una democracia. Que con votar cada X años el menú que nos preparan los partidos, cumplimos con nuestra función ciudadana.
Porque eso es exactamente lo que el statu quo más anhela, sea este quien sea, derecha o izquierda, oligarca o sindicalista: que nadie haga olas ni preguntas incómodas mientras ellos gestionan la torta colectiva. Yo creo (y también gente con más lecturas) que la ciudadanía tiene el deber de escrutar al poder, de permanecer alerta ante los “desvíos” que ocurren en el ejercicio del poder. Esos “desvíos” que luego llamamos ineptitud, acomodo o corrupción y que nos escandalizan.
En resumen, que no todos los gestos que se emiten desde la ciudadanía pueden ser encuadrados en la política partidaria: se precisa otra política, una que pase por los ciudadanos y que los conecte con las funciones del Estado, sin necesariamente ser cribada por los partidos. Más aún, en muchos casos de ninguna manera debería ser cribaba por los partidos si quiere que sus demandas lleguen a buen puerto. Por una razón muy simple y que se olvida con frecuencia: la agenda de los partidos no tiene por qué coincidir con aquellas cosas que la ciudadanía considera urgentes o importantes.
Un ejemplo reciente de esa falta de coincidencia es la marcha atrás del Frente Amplio, el partido de gobierno, en lo que ya conocemos como el “proyecto de López Mena” para el dique Mauá y esa zona de la rambla capitalina. Si los ciudadanos interesados en el tema no se hubieran parado en los pedales de manera firme, manifestándose en el lugar, llenado los medios de artículos que discutían la postura oficial, desenmascarando las falsas dualidades que se dejaban caer desde el gobierno, el resultado habría sido muy probablemente una perla más en el rosario de ese “capitalismo de amigotes” que impera en Uruguay desde hace muchas décadas.
Pero no fue así y quien lo impidió no fue la oposición partidaria ni algún organismo técnico del Estado. Fue la sociedad civil, los ciudadanos interesados en el asunto (vecinos, academia y colectivos), que se organizaron de manera transversal y efectiva. Como recordaba Fernando Savater, todos somos gobernantes en tanto ciudadanos. Algunas cosas las delegamos en los partidos y gobiernos; otras, no. Delegar sin más y esperar sentados la próxima elección es un lujo que simplemente no podemos darnos. El caso del dique Mauá es una muestra bien concreta del poder que tiene la sociedad civil cuando ocupa el espacio público. A ocuparlo, pues.
