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Además del retorno al poder del Frente Amplio tras cinco años de gobierno de coalición, la asunción del hoy presidente Yamandú Orsi abrió hace un año varias incertidumbres: ¿cómo funcionaría un gobierno sin mayoría parlamentaria? ¿Qué rol tendría ahora el Movimiento de Participación Popular (MPP), nunca antes tan mayoritario dentro del Frente Amplio? ¿Cuál sería el estilo del nuevo mandatario, luego de varios períodos de presidentes con fuerte liderazgo? Los hechos ocurridos en este primer año responden algunas de esas preguntas y dejan espacio para futuras respuestas.
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Durante estos 12 meses, y como ocurre con casi todos los mandatos, el gobierno debió apagar incendios imprevistos, quemar algunos de sus fusibles y desplegar su agenda, según se dice desde el Poder Ejecutivo, con restricciones presupuestales mayores a las esperadas. Logró con holgura y sin demasiados contratiempos la aprobación de su Presupuesto, tiene en el caso Cardama y en el proyecto Neptuno los principales contrapuntos con la gestión anterior, pero debió ajustar de imprevisto su gabinete y afinar su estrategia de comunicación, contaminada por deslices propios admitidos por el presidente Orsi. Lo que sigue es un resumen de este primer año de gestión.
En su segundo mes de mandato, el gobierno de Orsi enfrentó al primer escándalo, que acabó en un tempranísimo ajuste de gabinete. La tormenta política se desató a 46 días de asumido el gobierno, cuando el programa La pecera, de Azul FM, divulgó el 15 de abril, en plena Semana de Turismo, que la casa de la entonces ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, y las de sus hijos, construidas en el mismo terreno en Pajas Blancas, no estaban regularizadas ante la Dirección Nacional de Catastro. Esto implicaba que durante más de dos décadas la entonces secretaria de Estado había abonado la contribución inmobiliaria correspondiente a un terreno baldío y no pagaba el Impuesto de Primaria.
El caso tomó fuerza rápida y, luego de algunos días de creciente tensión que incluyó una conferencia de Cairo en el cuestionado terreno, la minista renunció el 18 de abril, y en su lugar asumió Tamara Paseyro.
La compra de la estancia María Dolores
La muerte del expresidente José Mujica casi un mes después tuvo como derivación inesperada la apertura de un flanco desde el cual la oposición atacó al gobierno. El día del cortejo fúnebre, el 14 de mayo, cuando el carruaje con el ataúd pasó frente a la sede del MPP, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dio un encendido discurso en el que anunció que el Instituto Nacional de Colonización, en “honor” a Mujica, había comprado un campo de 4.400 hectáreas “para los trabajadores rurales”. Se trataba de la estancia María Dolores, ubicada en el departamento de Florida.
La jerarca dio una conferencia de prensa ese día en la que explicó que la institución atraviesa una “crisis estructural grande” y que necesita una urgente solución. Esa crisis se traduce en un vaciamiento de personal, que a su vez conlleva un “caos organizacional” y un “alto nivel de conflictos internos”. Schiappapietra describió un escenario de crisis edilicia, con problemas sanitarios e inundación de sótanos. La decisión no cayó bien en la interna del oficialismo ni en parte del gobierno.
El 20 de octubre, una conferencia de prensa encabezada por el propio Orsi anunció la reapertura de la biblioteca y su sala principal volvió a ser utilizada a partir de diciembre.
La alerta roja del Sinae para personas en situación de calle
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Leandro Palomeque, Gonzalo Civila, Carlos Negro, Sandra Lazo y Cristina Lustemberg.
Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
La llegada del frío intenso tuvo un impacto muy duro a mediados de año, con la muerte de al menos seis personas en un lapso de semanas. El 23 de junio, varios ministros y autoridades del gobierno participaron en una conferencia de prensa en una tarde-noche gélida y tormentosa. Allí, a través del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y el presidente del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, el Ejecutivo anunció un innovador sistema de “evacuación” de personas en situación de calle por el invierno. El mecanismo, nunca antes utilizado con esos fines, implicó que el Sinae declarara una “alerta roja” en todo el territorio, lo que habilitaría al gobierno a evacuar a toda la población en situación de calle y ubicarla en establecimientos. El gobierno evaluó de manera positiva los resultados de la medida, que, si bien inicialmente era pensada únicamente para el invierno, duró hasta el 30 de setiembre.
La cancelación del proyecto Neptuno
El 17 de julio, el gobierno dio su primer gran golpe de timón con relación al período pasado y dejó sin efecto el proyecto Neptuno, la obra aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou que tenía como objetivo resolver los problemas de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. La administración anterior firmó el contrato con el consorcio encargado de su construcción poco antes del cambio de mando y pese al pedido expreso de Orsi de que no diera ese paso.
Para intentar dar solución al problema de abastecimiento, el actual Ejecutivo optó por la construcción de una planta en Aguas Corrientes y una represa en Casupá. Los nuevos proyectos, en particular el de la represa, enfrenta al oficialismo y la oposición.
El diálogo interpartidario por el Plan Nacional de Seguridad
Desde la oposición el planteo despertó críticas, en el entendido de que el gobierno recién comenzaría a implementar su política de seguridad en 2026, lo que implicaba perder todo el primer año de gestión. El 8 de diciembre, Negro presentó algunos lineamientos del plan, que se dará a conocer en su totalidad en marzo.
El caso Danza y los pedidos de renuncia
El área de la salud fue otro de los centros de disputa entre el Frente Amplio y los partidos de la coalición republicana. El gobierno enfrentó una presión intensa a raíz de una supuesta incompatibilidad en la función del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, y su desempeño paralelo en tres mutualistas como médico.
En las últimas semanas el gobierno pasó a la ofensiva en el área y apuntó sus dardos contra el exsubsecretario de Salud José Luis Sadtjian, a quien cuestiona por su intervención en contrataciones millonarias a mutualistas.
El atentado a Mónica Ferrero
En la madrugada del 28 de setiembre, autoridades e instituciones del país quedaron en alerta luego de que la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, fuera víctima de un atentado en su propio domicilio. Dos personas ingresaron al patio de su casa, efectuaron disparos y lanzaron una granada.
La situación llevó al sistema político a cerrar filas, al menos de manera provisoria, tras la fiscal. También fue aprovechada por la oposición, donde Ferrero es vista con más simpatía que en el oficialismo, para pedir que esta sea nombrada como fiscal titular, para lo cual se necesitan mayorías especiales en el Senado. La persona que lanzó la granada, un expolicía de 48 años, fue detenida y ahora se suma a una lista de ocho personas imputadas. Las investigaciones indican que el expolicía podría tener vínculos con el narcotraficante prófugo Sebastián Marset.
La aprobación de la ley de eutanasia
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Espectadores durante la aprobación del proyecto de ley que legalizó la eutanasia, en la Cámara de Senadores.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Algunos hitos del primer año de gestión provinieron del Parlamento. El 15 de octubre, cinco años después de haber sido presentado el proyecto de ley, en la legislatura anterior, Uruguay fue noticia en el mundo luego de que la Cámara de Senadores diera sanción definitiva a la ley que legalizó la eutanasia en el país.
El proyecto implicó un largo y acalorado debate y se sanjó en la Cámara Alta con 20 votos a favor y 11 en contra.
El caso Cardama, las instancias judiciales y la rescisión del contrato
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Yamandú Orsi y Jorge Díaz, el 13 de febrero, durante la conferencia de prensa en Presidencia en la que se anunció la rescisión con Cardama.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
El 22 de octubre, el gobierno anunció en conferencia de prensa que iniciaría los pasos para rescindir el contrato con el astillero español Cardama, elegido durante la administración anterior para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés). Además, informó que presentaría una denuncia penal por presunto “fraude”, tras constatar irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento que presentó Cardama. La obtención de ese aval, otorgado por EuroCommerce Bank, una compañía que parece ser “de papel”, fue clave para que el contrato entrara en efecto y el Estado uruguayo girara los primeros millones al astillero.
El caso no quedó allí y la conferencia abrió una serie de investigaciones que llevaron al gobierno a poner el ojo sobre la garantía de reembolso presentada por Cardama, emitida por Redbridge Insurance Company. Al astillero se le notificó que lo que había presentado formalmente ante el ministerio era un mero documento de “Términos y condiciones” en lugar de una póliza. Los incumplimientos en las dos garantías, agravados por retrasos en la construcción de la primera de la patrullas, llevaron al gobierno a anunciar la rescisión del contrato con Cardama, el 13 de febrero, y a iniciar una demanda civil al astillero por daños y perjuicios.
Orsi y sus dichos sobre Nayib Bukele
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El presidente Yamandú Orsi durante el ciclo Desayunos Búsqueda.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
El 26 de noviembre, el presidente Orsi quedó en el centro de la polémica cuando declaró, durante el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda, que era necesario discutir sobre seguridad y que “el ejemplo” era (Nayib) Bukele y El Salvador”. “Es el ejemplo de un proceso para analizar”, señaló el mandatario. Consultado sobre si lo observaba como un ejemplo positivo o negativo, se limitó a responder que era “un ejemplo para analizar”.
Bukele logró una profunda reducción de los homicidios en su país mediante una régimen de excepción que habilitó una dura respuesta represiva denunciada por vulnerar los derechos humanos y encarcelar a miles de personas presuntamente vinculadas a las maras sin un debido proceso.
Sus dichos causaron tanto revuelo que el propio Orsi debió explicarse horas más tarde. Ese mismo día llamó al programa Fácil desviarse de FM del Sol para profundizar en sus comentarios y aseguró que las políticas de Bukele no podían replicarse en Uruguay. También dijo que sería “imposible” e “inaceptable” ir por el camino de El Salvador, y aseguró que lo había mencionado para plantear el debate sobre “cuánto está dispuesta la gente a ceder de su libertad en aras de mejorar una situación de seguridad que se vuelve imperiosa”.
La reunión de Orsi con el presidente de la Suprema Corte de Justicia por los presos de Domingo Arena
Una semana después, el 4 de diciembre, Orsi se vio envuelto en otra polémica. Búsqueda reveló ese día que el mandatario se había reunido de manera reservada con el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, para acercarle informes médicos sobre la situación de salud comprometida de más de una decena de militares retirados presos en la cárcel de Domingo Arena (destinada a represores que cometieron delitos durante la época de la dictadura).
El tema provocó aireadas repercusiones políticas. Mientras Orsi alegó que no había manifestado “preocupación” por la situación de los reclusos y que simplemente le había consultado a Pérez sobre cómo proceder con la información, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos calificó la reunión como “llamativa e improcedente”. Dentro del Frente Amplio, otros actores cuestionaron la oportunidad de la reunión del presidente, mientras que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo en declaraciones a Canal 12 que hablaba “bien” de Orsi que se ocupara del tema.
Holgada aprobación del Presupuesto
El mayor éxito legislativo y uno de los hitos más importantes, según el oficialismo, llegó el 9 de diciembre, cuando se confirmó la aprobación de la Ley de Presupuesto nacional, pese a que el Frente Amplio no tiene mayoría en la Cámara de Representantes. El proyecto logró 82 votos en 99 en Diputados, un respaldo nunca obtenido por una ley presupuestal posterior a la dictadura.
Acuerdo comercial UE-Mercosur
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Mandatarios celebrando el acuerdo UE-Mercosur en Asunción.
AFP
Tras 25 años de negociación, el Mercosur y la Unión Europea firmaron el 17 de enero un acuerdo de asociación estratégica con un fuerte componente comercial. La celebración por la concreción de ese mojón duró poco: cuatro días después el Parlamento Europeo votó una moción para enviar el tratado al Tribunal de Justicia para su revisión, lo que podría retrasar su implementación por dos años. Mientras la Comisión Europea analiza si fuerza la implementación provisoria del capítulo comercial del acuerdo, los países del Mercosur compiten por ver quién ratifica el acuerdo primero. El inicio del tratamiento del tema en el Parlamento uruguayo dejó claro que hay amplios consensos sobre su aprobación.
Viaje a China con una delegación récord
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El presidente Yamandú Orsi durante una visita a la Gran Muralla china.
Presidencia de la República
En un claro gesto político, el pasado 29 de enero una delegación de más de 30 funcionarios oficiales y más de 100 empresarios partieron a China, para una gira oficial encabezada por el presidente Orsi. El canciller Mario Lubetkin resaltó en la previa del viaje que se trataba de una delegación de dimensiones históricas. Las actividades incluyeron una reunión del mandatario con su par de ese país, Xi Jinping, y la firma de decenas de convenios. Para una parte de la oposición, esos resultados fueron escasos para un viaje oficial que podría exponer a Uruguay a represalias de Estados Unidos. El comunicado conjunto difundido tras la reunión entre Orsi y Xi incluyó la mención habitual de que Uruguay considera que Taiwán forma parte “inalienable del territorio chino”, aunque esta vez ambientó cuestionamientos políticos de la oposición.
