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La Armada Nacional sigue a la espera de sus patrulleras oceánicas, los dos buques de interdicción para aguas territoriales que proyectaba tener incorporados en 2026 pero cuya fabricación quedó cancelada tras la rescisión del contrato de Uruguay con el astillero español Cardama por “incumplimientos graves” y problemas con las garantías presentadas.
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Mientras el Poder Ejecutivo define la estrategia judicial tras la caída del acuerdo, en paralelo debe adoptar una decisión clave en el plano militar: reencauzar la adquisición de nuevos buques, reclamados desde hace años por la Armada Nacional para reforzar las tareas de control en alta mar frente a la pesca ilegal, el narcotráfico, la piratería y otros delitos en la zona económica exclusiva.
“Tienen que tener las condiciones técnicas que se habían planteado para mostrarle a la ciudadanía, pero fundamentalmente a la Armada Nacional, cuáles son los equipamientos que estamos adquiriendo”, señaló la semana pasada el presidente Yamandú Orsi en rueda de prensa. Añadió que una de las opciones es comprar los buques a otro astillero español pero, a diferencia de Cardama, con experiencia en la construcción de medios militares. Para Orsi, además, es particularmente importante que la Armada cuente con nuevas unidades ante el inicio de la exploración offshore. El gobierno aprobó recientemente el plan de gestión ambiental que habilita la prospección sísmica en aguas territoriales, en el marco de la búsqueda de hidrocarburos, lo que exigirá mayor capacidad de vigilancia, control y presencia estatal en el mar.
Uno de los astilleros de Navantia, ubicado en Puerto Real (Cádiz), donde se construirán nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) para la Armada de España.
Navantia
Según supo Búsqueda, una de las alternativas que analiza el gobierno es contratar a Navantia, una empresa pública española que diseña, construye y mantiene buques de guerra tanto para la Armada española como para flotas extranjeras. Con seis astilleros y filiales en Arabia Saudita, Australia y el Reino Unido, Navantia es considerado el principal astillero militar de su país. Construye fragatas, buques de proyección estratégica y submarinos, minadores, patrulleras costeras y buques de investigación naval. Además, integra sistemas electrónicos, radares, sistemas electrónicos de identificación y capacidades de combate avanzadas.
En su catálogo se encuentran también distintas variantes de los buques patrulleros oceánicos (OPV, por sus siglas en inglés) largamente anhelados por la Armada uruguaya. “Todos los países desean controlar sus aguas jurisdiccionales para defender su territorio frente a amenazas cada día diferentes, como pueden ser el terrorismo internacional, la proliferación de armas ilegales, el tráfico de drogas y personas, así como la lucha frente a la contaminación marina y la búsqueda y rescate de personas. Debido a esta variedad de misiones a realizar por los buques patrulleros, su diseño debe garantizar largos períodos en el mar con las mejores condiciones de operación y unos costes de operación y ciclo de vida reducidos”, indica Navantia en su folleto de presentación de estos barcos.
Las OPV de la Armada de España
La mayor experiencia de Navantia con las OPV la tiene con la Armada de España, a la cual le ha fabricado una serie de medios bajo la denominación Buque de Acción Marítima (BAM). En setiembre, el gobierno español contrató al astillero para diseñar y construir dos nuevos BAM con el objetivo de reforzar la vigilancia y la seguridad marítima, que se sumarán a otros seis ya entregados. En mayo, además, la compañía celebró la botadura de una OPV para la Armada Real Marroquí. Se trata de un barco de misión comparable a los dos proyectados por Cardama para Uruguay, aunque el de Navantia presenta un mayor nivel de sistemas y configuración multipropósito.
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La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, junto al presidente Yamandú Orsi.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
En ambos casos, la diferencia central es el precio y el alcance del proyecto. Mientras Uruguay había acordado con Cardama la construcción de dos OPV por unos 82,5 millones de euros en total, los dos nuevos BAM encargados por España a Navantia ascienden a 716 millones de euros, una cifra muy superior que refleja no solo mayor porte y sofisticación tecnológica, sino también la incorporación de sistemas de combate más avanzados, ciberseguridad, integración de vehículos no tripulados y paquetes logísticos completos. En el caso del OPV construido por Navantia para la Armada Real Marroquí, el valor estimado ronda entre 130 millones y 150 millones de euros.
Otra posibilidad dentro del catálogo del astillero es Avante, la marca comercial de exportación de Navantia para una familia de patrulleros derivados del diseño BAM pero adaptados a los requisitos operativos y presupuestales de cada cliente extranjero.
Una de las variantes menos costosas es el Avante 300, un patrullero rápido, de 55 metros y unas 600 toneladas concebido para vigilancia y respuesta ágil en el ámbito litoral, con una propulsión waterjet que le permite alcanzar hasta 35 nudos y una configuración que puede incluir artillería de mayor calibre y sensores avanzados, aunque con una autonomía limitada, en torno a las 1.000 millas. Se trata de un perfil distinto al del OPV oceánico propuesto por Cardama para Uruguay —de 87 metros, 1.700 toneladas y 7.700 millas de alcance—, orientado a permanencias prolongadas en alta mar y operación de helicóptero.
