Despenalización del aborto (IV)

Pero existe una segunda posibilidad basada en que hay motivos más que suficientes como para que, de actuar de total buena fe y con espíritu constructivo, la misma mayoría parlamentaria que votó el proyecto debería sopesar las varias razones que existen para aprobar una suspensión de la entrada en vigencia de la ley hasta que no se sepa a ciencia cierta cuál es la real voluntad y la opinión del país en la materia.

Median, en efecto, varios argumentos que entendemos significativos. En primer lugar, la votación en cada Cámara se registró por diferencias mínimas y alcanzando “apenas” también los mínimos legales. Podría en verdad hablarse de un “empate técnico” como se suele decir a veces en materia de encuestas. Por otra parte es obvio que el tema divide profundamente al país, e incluso corta transversalmente a los partidos (en cada uno de ellos se registran “deserciones” o votos contrarios a la propia voluntad del legislador). El propio hecho de que la solución haya surgido por un proyecto del partido minoritario, y de que aun dentro de éste se haya dividido el sufragio de su representación, indica que dista mucho de existir un mínimo “consenso” al respecto en el país, cosa que es fácil verificar en las informales discusiones o cambios de consultas que se producen particularmente entre los ciudadanos. Segundo: se trata de un tema de fundamental importancia, no sólo o no tanto política, sino aun cultural y moral, como para que los partidos políticos, por más legítima que sea su representación e indiscutible su competencia, se “animen” a asumir la responsabilidad de una decisión histórica, sin registrar primero de manera fehaciente la real y auténtica posición de la ciudadanía. No se trata aquí de que este o el otro sector consigan una “victoria”, o de que un tema que está muy controvertido pueda sencillamente resolverse por el peso de la aritmética. Los partidos, pero especialmente el de gobierno, que es el que ha apoyado el proyecto, deberían tener la honda y precisa convicción de que su posición responde a la de la mayoría del cuerpo soberano, del conjunto de la ciudadanía consultado directamente. Y tercero, de menor trascendencia de fondo pero importante en los hechos, porque el texto legal aprobado requiere de cualquier modo, para su puesta en práctica, de una reglamentación muy meditada, práctica y técnica, con variantes de la más diversa índole, de cuyos principios o criterios no existen ni siquiera esbozos hechos públicos, de manera que un aplazamiento de la puesta en vigencia de la ley vendría muy bien incluso en función del criterio que hoy por hoy ha ganado la pulseada parlamentaria.