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Desde mediados de 2015, la Comisión de Legislación Laboral de Diputados tiene a estudio un proyecto de ley presentado por legisladores del Partido Nacional contra el “acoso moral” en el trabajo. El proyecto ha entrado y salido del orden del día de esa comisión y su futuro es incierto. Pero mientras se discutía ese texto, en el mismo Parlamento hubo dos denuncias de acoso laboral. Una de ellas fue archivada y otra aún está en curso.
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El funcionario acusado es el director de la División de Protocolo, Prensa y Relaciones Públicas de la Cámara de Diputados, Yamandú Colman, quien rechazó las imputaciones.
En agosto de 2017, una funcionaria de esa División denunció ante Secretaría de Diputados que era objeto de “acoso laboral”. Afirmó que era desprestigiada “personal y profesionalmente” a partir de rumores, se la acusaba de no cumplir con sus obligaciones y se cuestionaban sus propuestas y soluciones. Además, aseguró que se manipulaba la información para inducirla a errores con el objetivo de acusarla de “negligente”.
Un mes después, Colman rechazó la acusación y sostuvo que la denuncia era falsa. “Debo manifestar que el suscrito nunca le planteó ni siquiera un llamado de atención, mucho menos acusarla; nunca se le desprestigió de forma alguna; rechazando enfáticamente todas sus afirmaciones en contra de mi persona”, afirmó en un escrito. Agregó que nunca hizo un comentario crítico sobre “su persona ni su conducta, o de una decisión u orden tomada por ella con ningún funcionario”. Por último, dijo que debido a esta situación tenía estrés e insomnio.
Luego del análisis de la situación, la Cámara de Diputados, basándose en la investigación que realizó la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, llegó a la conclusión de que no había mérito para seguir con el caso. En abril de este año, la funcionaria reclamó que se siguiera investigando y planteó reparos a la forma en que se procedió en su caso. Denunció que dos testigos presentados como “fundamentales para la investigación” no fueron llamados a declarar. Esas dos funcionarias habían pasado por situaciones parecidas, afirmó. “En los seis meses que llevó esta investigación, la misma revela errores graves, falta de profesionalismo, y subjetividad, en cuanto la misma es de una liviandad extrema”, dice el escrito presentado por el abogado de la denunciante.
Desde la División Jurídica del Parlamento se rechazó este planteo. La investigación “fue realizada con profesionalismo, siguiendo el procedimiento administrativo correspondiente, e inclusive las pruebas testimoniales fueron todas diligenciadas de oficio, se le dio plazo para que agregara todas las pruebas documentales que entendiera pertinentes, pruebas que se agregaron al expediente y que ninguna tiene absolutamente nada que ver con situaciones de acoso laboral”, dijo en junio uno de los abogados encargados del caso.
La funcionaria reiteró su discrepancia porque las dos testigos clave no fueron citadas. La investigación fue cerrada el 31 de julio.
Pero el tema continúa. Es que Diputados tiene abierta otra investigación contra Colman debido a que otro funcionario de la misma División le presentó una denuncia similar. Además de presentar el caso en el Parlamento, la denuncia fue radicada también en el Ministerio de Trabajo.
Proyecto
Probar el acoso laboral no es algo sencillo, explicó el jueves 18 el licenciado en Psicología Gustavo Álvarez en la Comisión de Legislación del Trabajo. “Es muy complejo hacer un peritaje de acoso laboral”, dijo Álvarez, que acompañó a una delegación del sindicato bancario que fue al Parlamento a dar su opinión sobre el proyecto de ley. Planteó que el proyecto “debería dar cuenta de que se trata de antiacoso, no acoso, y que se trata de acoso laboral, mobbing, acoso laboral psicológico. Moral es una terminología un tanto flexible, que no se adecua al constructo psicojurídico del mobbing o del acoso laboral”.
En la sesión de ese día asistió también una delegación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). María Josefina Plá, presidenta de la institución, apoyó la discusión del proyecto de ley. “Conocemos el tema desde el ámbito de las denuncias. Podemos acreditar el profundo daño a la persona. Hemos visto personas con diferentes antigüedades en el trabajo, con diversas responsabilidades y formaciones académicas, que sufren esta situación de acoso moral en todas sus facetas”.
Luego de escuchar los planteos, los legisladores afirmaron que esperan poder votar antes de que culmine este año el proyecto, aunque antes harán algunas modificaciones.
El texto original fue presentado por el Partido Nacional. Plantea que con esta medida se busca “prevenir, corregir, sancionar a los responsables y ayudar a las víctimas de acoso moral en el trabajo”.
La norma será aplicable a todos los organismos públicos y personas públicas no estatales.
Según el proyecto, se presumirá la existencia de acoso moral en el trabajo cuando se den situaciones como la no asignación de tareas; la asignación excesiva de tareas; que deban realizar tareas “notoriamente inferiores o superiores” para las que el trabajador está capacitado; permanentes cambios de tareas o traslados injustificados; impedir la comunicación con sus pares, jefes o subordinados; aislar a la persona del resto de los trabajadores; amenazar, calumniar, insultar o generar rumores contra el funcionario; o el ejercicio abusivo del poder disciplinario.
Además, en el texto se plantea que el Estado implemente políticas públicas tendientes a la difusión de la existencia y efectos del acoso moral y que las empresas, instituciones, organizaciones con más de veinte empleados elaboren un Código de Conducta.
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