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Un decreto aprobado hace pocos días por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) establece un cambio que hace tiempo reclamaba el sector privado. La nueva norma reconoce a las energías eólica, solar y de biomasa con la capacidad de suministrar potencia firme a largo plazo, lo que hasta ahora solo se aceptaba para la hidráulica y la térmica. En los hechos, esta modificación quita una “barrera” –como definen en el Poder Ejecutivo– para el ingreso de inversiones, porque grandes consumidores de energía pueden comprarles a grandes generadores y evitar a UTE.
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El MIEM envió un borrador final de este decreto a los actores a fin de año, pero su publicación demoró más de ocho meses. En ese entonces, la empresa estatal había advertido posibles consecuencias negativas. En la respuesta (técnicamente, la evacuación de vista), el gerente de UTE, Javier San Cristóbal, solicitó un “estudio económico de escenarios” y pidió que se incluya un “cargo de transición”, que implica un pago para la empresa por utilizar sus redes. Sin esa contrapartida, el ente tendría una “disminución de sus egresos”, que presionaría su programa económico-financiero y se reflejaría en un “aumento de las tarifas de los clientes regulados”, según el informe gerencial. Pero la versión final no incorpora ese “cargo de transición” solicitado por UTE y elimina el artículo que establecía que lo aprobado no tenía efectos retroactivos.
Conocido el decreto, una mayoría del directorio del ente considera estos cambios perjudiciales para la empresa e impulsan modificaciones, como paso previo a elevar recursos.
La directora por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, dijo a Búsqueda que prevé agotar la vía administrativa para dejar sin efecto el decreto. En la última reunión del directorio, planteó su impugnación como acto administrativo y es una posibilidad a estudio.
Enrique Pées Boz, director por Cabildo Abierto, dijo que varios de sus compañeros de directorio tienen la “intención” de recurrir el decreto como forma de asumir la responsabilidad que les corresponde de “defensa de UTE y sus usuarios”, declaró a Búsqueda. Y pasó una advertencia: se tiene que hacer antes del jueves 24, la fecha en que vence el plazo.
El director colorado, Julio Luis Sanguinetti, también se ha mostrado a favor de recurrir el decreto si es que no se agregan sus pedidos.
Como paso previo a un eventual recurso, en UTE trabajan en la redacción de “complementos” de la norma, como el agregado del “cargo de transición” que no se incorporó, informaron a Búsqueda fuentes de la empresa estatal. También se prevé proponer modificaciones de otros detalles.
El MIEM había aceptado esta incorporación al decreto, pero no se sumó a la versión final, lo que causó sorpresa en UTE, según los informantes.
Manos atadas
El director cabildante indicó que este decreto beneficia a 470 grandes clientes de UTE, y ocasionará que los restantes 1,6 millones sean afectados con lo que, según él, será la consecuencia de un aumento en el precio de la electricidad de hasta un 10%, informó El Observador el lunes 14.
Pées Boz dijo a Búsqueda que estos contratos le quitaron como cliente a UTE “nada menos” que a Coca-Cola, que representa una facturación anual de US$ 2 millones. El jerarca sostuvo que el decreto fue impulsado por los “lobbies” de la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica.
“El decreto lleva la firma del presidente y su procedencia es del MIEM. Nos preguntamos si habrán consultado a Economía si lo que UTE ya no podrá pasar a Rentas Generales no afecta más las finanzas públicas”, planteó el director.
Para Cardona, la inclusión del “cargo de transición” era un “freno mínimo” para el decreto, que le daría a UTE un “tiempo de estabilidad” para “aggiornarse” a esa realidad.
Cuestionó el argumento del Poder Ejecutivo, que afirma que este decreto habilita la competencia y elimina una “barrera” para el ingreso de inversiones. “Si me pongo a jugar con esas reglas, le tenés que dar a UTE las mismas características que tiene un privado. Dame exoneraciones tributarias, decime que no me das un cargo por transición, pero que vas a exonerar determinada cantidad de impuestos. O no me hagas darle plata a Rentas Generales. Es mentira que hay un mercado con competencia real y libre porque UTE no es libre: no tiene las mismas condiciones que un privado”, sostuvo.
Su comentario fue en referencia a las exoneraciones tributarias que tienen los generadores privados de energía a las que UTE no puede acceder. Además, esos actores —planteó la directora opositora— se benefician de las inversiones que ya hizo UTE. “Es una competencia desleal para la empresa pública”, dijo.
Para la jerarca, los cambios que introduce el decreto tienen un impacto fiscal por las transferencias que hace la empresa pública a Rentas Generales.
Los contratos entre privados no pueden evitar negociar con la empresa estatal porque deberán utilizar sus redes de transmisión y distribución. Pero el máximo que puede cobrar UTE está limitado por un decreto de 2022, recordó Cardona. “Nos dejaron al descubierto, vulnerables y sin posibilidad de planificar nada. Nos dejaron vacíos de toda defensa”, dijo.
Uno de los contratos entre privados que se firmaron fue entre Coca-Cola y la planta fotovoltaica de Ventus. Esta desarrolladora no le podrá garantizar a la compañía de refrescos el 100% del tiempo de la energía que pueda consumir y deberá recurrir a UTE como un “respaldo”, señaló Cardona.
La directora pide que se le “reconozca a UTE” lo que “aporta” para los contratos. “Si UTE no estuviera atrás con su infraestructura, estos contratos entre privados no podrían darse”, agregó. Entonces, el ente va a seguir siendo parte del negocio, pero sus posibilidades de cobro están “mermadas” por las regulaciones del Poder Ejecutivo. “Si me cercena la posibilidad de cobrar lo que debo cobrar por mi servicio, me está haciendo perder plata. Hay un jugador que debería ser el que mire la cuenta país y que no deje morir por inacción a la UTE. Es el mismo jugador que me está dejando morir a mí como empresa pública porque me condiciona y limita lo que puedo cobrar, como los peajes, y al mismo tiempo me abre a que los privados vengan”, señaló Cardona.
“Esto es como que vos estés en una pelea y te agarren las manos. Si no te podés defender, es difícil que salgas bien. Lo que hace el Ejecutivo es fijar las reglas de juego, condicionar los topes de lo que puede cobrar y abre la puerta a los privados para que jueguen como quieran”, graficó.
