Directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos plantearon dificultades para funcionar y falta de definición sobre su situación jurídica

En esa sesión, realizada el lunes 22 de julio, los integrantes de la institución presentaron su proyecto de presupuesto que contiene “los requerimientos mínimos, esenciales, como para que el instituto pueda funcionar”. “Debería decir ‘funcionar adecuadamente’ pero solo me atrevo a decir ‘poder funcionar’”, planteó Juan Raúl Ferreira, uno de sus miembros.

Gallito Luis.

Pero desde el arranque, uno de los problemas con los que se encontraron los directores fue el lugar para trabajar.

“Al principio nos vimos obligados a funcionar en condiciones realmente muy precarias. Durante un año estuvimos sin sede alguna”, recordó Ferreira, quien agregó que trabajaron en dos oficinas que les prestaron legisladores.

En tanto, el gobierno les asignó una dependencia del Ministerio de Defensa ubicada en Bulevar Artigas y Palmar. Allí funcionó el Servicio de Información de Defensa (SID) y luego el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen). Ese edificio fue señalado como un lugar de detención ilegal y centro de torturas durante la dictadura, donde estuvo recluida la ahora desaparecida María Claudia García de Gelman.

Una vez que el Calen se fue de allí, la institución no pudo ocuparlo debido a problemas de infraestructura que debían ser reparados.

Mientras elaboraban el proyecto de reforma, los integrantes de la institución se pusieron a buscar un local provisorio para mejorar la atención. Uno de los integrantes de este organismo dijo a Búsqueda que en el lugar que tenían en el Parlamento se hacía difícil mantener la confidencialidad de las denuncias que recibían, por ejemplo. “Venía una persona a hacer una denuncia y a la habitación entraba y salía gente todo el tiempo”, recordó uno de los directores consultados.

Los directores buscaron alguna dependencia del Estado para poder ir y funcionar, pero no encontraron un local adecuado. Finalmente se decidieron a alquilar uno. En la comisión, Ferreira recordó que cuando preguntaron en el Parlamento qué pasos tenían que dar para buscar una sede provisoria la respuesta fue “El Gallito Luis”, la publicación en la que se ofrecen servicios, alquileres y compras de bienes en el diario “El País”.

Mientras se procesaba esto, la institución comenzó a trabajar para la remodelación de la ex sede del Calen. Como no podían llamar a concurso para las obras —debido a que no son una Unidad Ejecutora— se dio intervención a la Agencia Nacional de Vivienda. Esta elaboró un proyecto para realizar mejoras y, a la vez, un memorial como un elemento “fundamental para la reconstrucción y fortalecimiento de la democracia de los pueblos”. En el caso que se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la familia Gelman, la organización resolvió que el Estado Uruguayo realizara acciones simbólicas de reparación, por ejemplo crear un memorial.

El costo total de la obra ascendía a U$S 3,6 millones. Pero el vicepresidente y titular del Senado, Danilo Astori, objetó esa inversión, según publicó el diario “El País” el martes 30.

“La verdad es que nos pareció un monto alto, sobre todo en las actuales circunstancias, en las que hay una situación fiscal de apertura, limitaciones y, al mismo tiempo, en un contexto de aspiraciones por parte de diferentes sectores de la sociedad que para nosotros también son importantes, nos llevó a plantearles a los integrantes de la Comisión Directiva de la institución la posibilidad de considerar alternativas”, explicó Astori en la Comisión de Presupuesto.

Finalmente, el martes 30, el Senado aprobó una partida por única vez a la institución por un monto de U$S 1.380.000 para la “remodelación” del edificio. Quedó para más adelante la resolución de la construcción del memorial.

El senador Alfredo Solari (Partido Colorado) cuestionó la forma en que se manejó este tema. Explicó que el proyecto original de memorial consistía de tres etapas y que la primera tenía el mismo costo que el solicitado para la reparación. Ante esta coincidencia, Solari dijo que le pareció “poco respetuoso del Parlamento este procedimiento”. Agregó que en el tema del memorial no hubo un llamado a concurso.

Cambios.

Además, en el presupuesto aprobado —sin los colorados—, se crean 12 cargos profesionales. Asimismo, se indica que todos los cargos de la institución serán cubiertos mediante el “llamado a concurso de oposición y méritos entre funcionarios públicos, preferentemente especializados en derechos humanos”.

El aspecto jurídico de la institución ha sido otro de los problemas. Al respecto Ferreira explicó en la comisión que como institución se han visto imposibilitados de realizar llamados a concurso para cubrir los cargos “debido a un vacío” que hay en la relación que deben tener con las autoridades de la Comisión Administrativa del Parlamento.

“Muchas veces hemos recibido informes contradictorios de parte de los servicios del Poder Legislativo señalando, en algunos, que tenemos que ser una Unidad Ejecutora o un Inciso de la Comisión Administrativa y en otros que no somos ninguno de los dos. También hay informes jurídicos —de no ser trágico, sería cómico— de los servicios de la Comisión Administrativa, donde se sostiene que no existimos”, afirmó Ferreira.

A la vez consultaron al ex catedrático en Derecho Administrativo Juan Pablo Cajarville, quien opinó que la institución debería ser una Unidad Ejecutora.

Todo esto le ha generado complicaciones al organismo, indicó Ferreira. “Lograr que la institución esté actuando en su plenitud, cumpliendo con todas las facultades, deberes y mandatos de la ley es casi un milagro, por la cantidad de tiempo que nos ha insumido resolver estos temas técnicos, burocráticos, jurídico administrativos”, explicó.

Los legisladores entienden que es momento de trabajar en algunos cambios para atender los reclamos. “Esta es una institución nueva y tenemos claro que vamos a tener que trabajar en modificaciones a la ley que la creó”, dijo Gustavo Penadés (Partido Nacional). En el plenario, Penadés afirmó que se deben dar a la institución al menos las “herramientas mínimas para su funcionamiento”.

Uno de los cambios en los que se coincide es el referido al artículo 81 de la ley que creó la institución. Ese artículo dice que se llamará a “concurso de oposición y méritos entre funcionarios públicos, preferentemente especializados en derechos humanos, para cubrir hasta veinte cargos administrativos y tres cargos técnicos”.

Tanto Penadés como Constanza Moreira (Frente Amplio) entienden que esta es una limitante a la selección que quiera realizar la institución. “Hay que corregir el hecho de que los concursos solo puedan realizarse dentro de la Administración Pública”, sostuvo Moreira.

Por su parte, Penadés dijo que también se debe trabajar para dar una definición jurídica de la institución y que quede claro de “quién depende”.