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    Directorio de Ancap busca fijar “reglas claras” para evitar la “discrecionalidad” en la gestión de sus empresas subsidiarias

    “No parece de sentido común que a una empresa que maneja fondos públicos en sumas muy importantes le aplique la misma normativa que a una sociedad anónima que puede ser una pyme privada”, dijo Marta Jara, presidenta del ente

    Para evitar la “discrecionalidad” en la gestión de las empresas subsidiarias y asegurarse de que las decisiones de los administradores estén “alineadas” con sus objetivos, el Directorio de Ancap está desarrollando un nuevo marco normativo que fije “reglas claras” para los jerarcas.

    La petrolera contrató en 2017 una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que evalúe la situación del ente y recomiende mejores prácticas de gestión. Algunas de las sugerencias comenzaron a implementarse en 2018 y este año se profundizará en esa línea, informó a Búsqueda la presidenta de Ancap, Marta Jara.

    El proyecto de “nueva gobernanza” que elaboró Ancap a partir de esa consultoría busca “alinear” los objetivos de las empresas subsidiarias a los de Ancap y “asegurarse de su cumplimiento”, algo que hasta ahora “carecía de un marco normativo”, añadió la jerarca.

    Jara explicó que desde 2016 el directorio trabaja en esa línea y que en algunas áreas, como la de financiamiento, se aumentaron los “controles y la coordinación”, pero que la “gobernanza en general” era un asunto pendiente.

    El tema, afirmó, “va en línea con lo que demanda la sociedad, en cuanto a profesionalizar y darles transparencia y previsibilidad a las decisiones de las empresas públicas”.

    “Cuando existe discrecionalidad para los administradores de una sociedad, estos pueden actuar de forma cuestionable desde el sentido común o incluso lo ético, sin que eso permita luego a la sociedad reclamarles nada. Si, por el contrario, las reglas de actuación son claras, y se sobrepasan los límites, los directores y gerentes deben responder”, sostuvo.

    Quioscos o corporaciones

    Para la titular de Ancap “no puede ser opcional” que las sociedades anónimas propiedad del Estado estén sujetas “a una normativa interna moderna” que consista “en un marco de control basado en riesgos”.

    “Entre manejarlas como un ‘quiosco’ y manejarlas como una sociedad bajo Derecho Privado que forma parte de una corporación, hay un mundo de diferencia”, sentenció.

    Varios organismos estatales poseen empresas que funcionan bajo el Derecho Privado. Permiten agilizar procesos y facilitan, por ejemplo, la competencia en mercados internacionales. Ancap es la empresa pública que más subsidiarias posee. Entre ellas destaca la distribuidora de combustibles Ducsa o la alcoholera Alur.

    Al funcionar bajo el Derecho Privado, estas empresas están sujetas a menos controles que las compañías estatales. Para Jara, eso debe cambiar. “Estoy de acuerdo con que se exija a las sociedades propiedad del Estado estándares de control y transparencia superiores”, afirmó.

    “Hasta ahora basta con cumplir con la normativa de una sociedad anónima y algún requisito adicional muy puntual. No parece de sentido común que a una empresa que maneja fondos públicos en sumas muy importantes le aplique la misma normativa que a una sociedad anónima que puede ser una pyme privada”, sostuvo.

    Cambios y delegaciones

    Para implementar estos cambios, el Directorio de Ancap resolvió delegar determinadas decisiones a otros niveles gerenciales, porque de lo contrario consume todo su tiempo en temas administrativos y “se queda sin espacio suficiente para tratar temas estratégicos”, explicó Jara.

    Ahora el directorio fija una política general y son las gerencias las que toman las decisiones puntuales.

    “Por ejemplo, antes se aprobaba en directorio cada misión al exterior. Ahora lo que aprueba el directorio es un plan anual, y basada en eso la gerencia puede aprobar puntualmente si corresponde que algún funcionario viaje para capacitarse o participar en una actividad”, dijo.

    También se delegaron compras y contrataciones hasta ciertos montos y firma de acuerdos estandarizados.

    Otra de las medidas fue aprobar un Código de Conducta y el directorio ordenó a todas las subsidiarias adoptar el mismo estándar.

    “Esto es importante porque no deja zonas grises. Establece que se debe evitar el conflicto de intereses, que no se deben aceptar regalos que sean más que simbólicos, entre otros puntos”, explicó la titular de Ancap.

    Entre las subsidiarias hubo cambios que buscaron “profesionalizar” sus directorios, ya que, según Jara, “los directores deben tener conocimiento del negocio”.

    Pero además, deben recibir “la capacitación adecuada en relación con su rol de directores”.

    En este sentido la estatal contrató un curso a la Universidad de Montevideo para los directores de Ancap, de las subsidiarias, y sus síndicos. También se realizaron capacitaciones enfocadas en brindar herramientas para actuar dentro de la normativa y evitar riesgos, como el curso sobre la Ley de Defensa de la Competencia.

    El siguiente paso previsto por las autoridades de Ancap es crear una Gerencia de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento que monitoree a todas las empresas del grupo.