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“Los temas de Estado deben ser pocos y selectos”, dijo el presidente José Mujica frente a la Asamblea General al asumir su cargo el 1º de marzo de 2010. En aquel discurso el mandatario ubicó a la educación como prioridad de su gestión y pidió a los partidos políticos que apelaran a sus mayores esfuerzos para encontrar soluciones a los problemas de la enseñanza, porque de lo contrario todas las “grandes declaraciones de amor por la educación no serán más que palabrerío de discurso político”.
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A juzgar por lo ocurrido hasta el momento, luego de que fracasaran todos los intentos por zurcir acuerdos entre la oposición y el gobierno sobre el tema educación, el escenario que se cristalizó es el último. Y en la mayoría de los casos, el punto que termina por abortar las negociaciones entre el Frente Amplio (FA) y la oposición para crear nuevas instituciones de enseñanza es el reparto de poder en los organismos de la enseñanza, según integrantes de todos los partidos.
Tras la ruptura del acuerdo educativo en agosto, apenas seis meses después de su firma, la última posibilidad para que todos los partidos políticos con representación parlamentaria aprueben una medida conjunta es la Universidad Tecnológica en el interior del país.
La creación del nuevo ente autónomo fue acordada a principio de este año en la comisión multipartidaria que discutió sobre educación. Técnicos y legisladores trabajaron más de 10 meses en la elaboración del proyecto y alcanzaron consensos en casi todo. Pero a la hora de definir cómo integrar el Consejo Directivo de la futura Universidad las posturas del oficialismo chocaron con las de la oposición, lo que hace inviable la creación del nuevo organismo.
La Constitución de la República establece que para crear un organismo de este tipo se requiere una mayoría legislativa de dos tercios. En el caso de la Cámara de Representantes implica el voto favorable de 66 diputados. Esto hace necesario el acuerdo entre partidos ya que el FA —que es la bancada mayoritaria— tiene 50 diputados.
El diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) dijo a Búsqueda que las negociaciones partieron de “dos propuestas y concepciones históricas y enfrentadas”. Blancos y colorados proponen que los directores sean todos designados por el Poder Ejecutivo y el FA reivindica “la tradicional autonomía y cogobierno”.
El diputado blanco Daniel Mañana (Aire Fresco) —que integra la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes donde se discutió el proyecto— dijo que el Partido Nacional se opone a aceptar una estructura similar a la de la Universidad de la República, porque el cogobierno haría “inoperante” y condenaría “al fracaso” a la nueva institución .
En la primera instancia el FA planteó un Consejo Directivo integrado por un rector —elegido por voto de los docentes y estudiantes—, dos representantes docentes, dos representantes de los estudiantes, un representante de los trabajadores (que puede ser del PIT-CNT) y un representante de los empresarios (que puede ser de las cámaras empresariales).
La oposición, en tanto, planteó que el Consejo debe estar integrado por miembros designados por el Poder Ejecutivo previa venia del Senado. Su argumento es que no quieren un ámbito cogobernado por los gremios.
Como las posiciones son antagónicas, el FA decidió flexibilizar un poco su planteo y bajar uno la cantidad de representantes estudiantiles y docentes, y aumentar el número de integrantes designados por el Poder Ejecutivo. Además, planteó que para las decisiones de temas “claves” se necesiten mayorías especiales. Esa propuesta es insuficiente para la oposición, que no apoya ningún tipo de cogobierno.
“Tiene que quedar claro que si no logramos acuerdos entre los partidos esto va a ser una historia sin fin, van a pasar 100 años y no va a haber Universidad publica en el interior o un nuevo ente autónomo dirigido a la educación”, dijo Mahía.
Tiempo desperdiciado.
El colorado Robert Silva (Vamos Uruguay) —que participó en las negociaciones del proyecto— dijo a Búsqueda que es “una gran pena” que más de 10 meses de trabajo “se tiren a la basura” por diferencias en cómo repartir el poder en la educación.
“El Frente nos dice que estamos por una cuestión de poder, pero ellos también. Porque son cuestiones filosóficas diferentes. Nosotros entendemos a la educación como una política pública y por eso debe estar conducida y direccionada por representantes del poder político que sean electos por la ciudadanía a través de los mecanismos que la Constitución establece. No nos negamos a que haya participación de los sectores involucrados”, explicó.
Silva dijo que su partido ha mostrado una “total y profunda cooperación de trabajo” en educación y así lo seguirán haciendo. Pero no están “dispuestos a entregar una nueva entidad universitaria al gobierno de las corporaciones”.
Para el diputado Roque Arregui (Partido Socialista) las negociaciones avanzaron “muy bien” hasta que entraron en la discusión de cómo se iba a distribuir el poder. “Quizás sean los tiempos electorales que se avecinan y que hacen que la oposición no esté de acuerdo en que se avance en materia educativa. Porque quien tranca es la oposición; yo no encuentro otro argumento que el electoral para explicar su postura”, dijo a Búsqueda el legislador frenteamplista. Agregó que cuando el tema se discuta en el plenario de la Cámara —que será en la primera semana de noviembre— “los blancos y colorados van a tener que rendirle cuentas a la ciudadanía” de por qué se oponen.
El legislador Mañana remarcó que los blancos trabajaron desde el primer momento para lograr políticas de Estado en educación. Dijo que los acuerdos educativos se rompieron por la “inoperancia e incumplimiento” del FA y opinó que es un “argumento pueril” decir que la oposición está metida en una campaña electoral y que por eso no quiere acordar en educación.
Para el diputado blanco, el Frente Amplio no quiere otro esquema de poder en la educación que el cogobierno y la autogestión para “tener el manejo de la educación, sean gobierno o no”, afirmó.
Réditos y poder.
Las autoridades de la educación pública ven con preocupación estas “demoras permanentes” que surgen cada vez que se discute la creación de un organismo en un acuerdo multipartidario. Fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) dijeron a Búsqueda que las “constantes luchas políticas y su cuotificación” para distribuir el poder “no hacen más que entorpecer” las “innovaciones necesarias” en el área.
En el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) hay jerarcas que comparten esta visión. “Los sectores quisieron alcanzar réditos electorales, pusieron metas difíciles de alcanzar y luego lo boicotearon, sin afán de cooperación”, dijo a Búsqueda el responsable de Educación Superior de la cartera, Rony Corbo.
“(Jorge) Larrañaga se bajó del acuerdo porque (Pedro) Bordaberry le ganaba por derecha, es un juego político donde la derecha se disputa su espacio”, dijo.
Para Corbo, “la prueba concreta” de esto es que se cambió la ley constitutiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), lanzado este lunes, para “darle un lugar” a la oposición y dos meses después “los colorados retiraron a su representante”.
“Lamentablemente las discusiones en educación son siempre por el poder y la capacidad directiva, no son programáticas. Eso mismo es lo que pasa con el Instituto Universitario de Educación (IUDE) y el Instituto Tecnológico Superior (ITS). Es todo cuotificación política”, agregó.
Para el director de Educación del MEC, Luis Garibaldi “esta situación es clara: de los 120 artículos de la ley de Educación se discutieron solo los artículos en los que se distribuía poder” y esa polémica “se repite en los casos del ITS y del IUDE”.
“Hay una tensión permanente entre los actores del gobierno y los educativos para ver cuánto participan de la conducción de estos organismos” dijo el jerarca.
