Diversidad y laicidad

Según la información consignada en el mencionado periódico, el vocero de la CEU, Heriberto Bodeant, quien además es obispo de Melo, expresó que “en un Estado laico y plural no se puede imponer una sola manera de pensar como única interpretación posible”, agregando que “una imposición realizada a través de la educación de gestión pública nos hace hacer esta declaración”, agregando más adelante que “en una sociedad laica y plural, la Iglesia no pretende imponer su manera de pensar en aspectos fundamentales de la vida, pero invocando esa misma laicidad, entendemos que tampoco se puede imponer otra interpretación, que se opone a muchas creencias religiosas, no solo la nuestra”, indicó Bodeant.

Para fundamentar lo expresado líneas arriba, nos permitimos recordar que según el Diccionario de la Real Academia, la laicidad es el “principio de separación de la sociedad civil y de la sociedad religiosa”. Y emana del laicismo que el mismo diccionario define como la “doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa”. Ambos conceptos, a nuestro humilde criterio, apuntan a impedir que ninguna autoridad religiosa pretenda incidir públicamente en el tratamiento de temas que competen al Estado o a la sociedad civil. Y eso no es obstáculo para que en el ámbito particular de los recintos a los que acuden sus feligreses, se impartan consejos u opiniones a favor o en contra de cualquier tema de interés social. Lo que expresamos debe aplicarse a la Iglesia católica o a cualquiera otra que tenga actividad en el país. Y con ello no se coarta la libertad de expresión de las distintas congregaciones. Pero en un estado laico, las opiniones de los representantes de las iglesias deben mantenerse dentro del ámbito privado y reservarse para quienes adhieren a cada confesión, a efectos de no interferir con quienes no adhieren a dicho credo.

Asimismo, llama la atención que, por un lado, la Iglesia católica entiende que el Estado viola la laicidad cuando difunde los materiales de referencia mientras que, al mismo tiempo, permite que el arzobispo de Montevideo se exprese como lo hizo públicamente el mes pasado con ocasión del plebiscito para bajar la edad de imputabilidad.

Y aquí tampoco nos estamos expresando en favor de dicha propuesta, que no fuera aprobada por la mayoría de los uruguayos, pero entendemos que no hace bien la Iglesia en intervenir públicamente, y sobre todo hacerlo en forma institucional, en temas que atañen al colectivo de toda la sociedad y no solo a sus feligreses. Menos aún cuando, poco tiempo después, sale a invocar la laicidad para manifestar su desconformidad con un organismo del Estado, que no debería ser presionado por ninguna autoridad religiosa en el marco del respeto a la libertad y a la igualdad en la convivencia que la doctrina del laicismo y el principio de laicidad recogidos en la Constitución de la República garantizan para todos los uruguayos sin importar su credo religioso o la ausencia del mismo.

Gastón Pioli