Durante los gobiernos de izquierda, Antel se apoyó en el aparato estatal para competir con los pesos pesados de las telecomunicaciones

Fue en este escenario que el Frente Amplio asumió por primera vez el gobierno en 2005. Ese año, el presidente Tabaré Vázquez puso a María Simon, que era decana de la Facultad de Ingeniería, al frente de Antel.

Ante esa situación, la Cámara de Telecomunicaciones de Uruguay presentó en 2009 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una demanda de nulidad contra el decreto que había creado el Plan Cardales.

“Es difícil encontrar una prueba más clara de la alteración de las reglas de libre competencia”, argumentó la Cámara en ese documento (Búsqueda Nº 1.516).

El Plan Cardales finalmente no prosperó, pero reavivó el viejo debate sobre el rol de las empresas públicas y el cuestionamiento por parte de las empresas privadas, que acusaban a Antel de apoyarse en el Estado para competir deslealmente, una idea que continúa hasta el día de hoy.

“No hay privilegios, no hay castigo a los otros, sí hay una regulación asimétrica, que protege al débil. En este caso, el débil no es el entrante, el débil es el que está, es Antel”, dijo en diálogo con Búsqueda el ex titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, Gus­tavo Gómez.

Antel es la segunda empresa pública con más empleados (6.830) luego de Ancap y es la tercera empresa pública con mayores ingresos luego de Ancap y UTE, según datos oficiales.

La facturación en el año cerrado a agosto pasado fue de unos U$S 890 millones, lo que equivale al 6% del total de los ingresos del Estado y a algo más de 1,7% del PBI total de Uruguay.

Sin embargo, desde el gobierno argumentan que, en comparación con Claro, una empresa de origen mexicano, y Telefónica, con sede en España, Antel es una empresa pequeña. Ambas compañías privadas tienen un enorme peso a nivel internacional y su presencia se extiende por toda América Latina. Debido a su capacidad pueden adquirir modelos de celulares en grandes cantidades y, por lo tanto, a un precio menor del que los puede conseguir la empresa estatal, lo que significa una desventaja competitiva.

Ese fue uno de los ejemplos que puso el ex jerarca para justificar las ventajas que el Estado le brinda a Antel. Gómez insistió en que el gobierno debe “generar” las condiciones para que Antel pueda competir con la “mínima” justicia. Además, agregó, debe garantizar un servicio que va más allá de los fines económicos que tiene una empresas privada, y que tiene que ver con garantizar un servicio para todos y con la inclusión social.

Durante la administración de Simon se tomó una de las decisiones más importantes que apuntaba en esa dirección: la de unificar los servicios que ofrecía la empresa estatal. Es que, hasta ese momento, el ente estaba dividido en tres unidades: Ancel, dedicada a los servicios de telefonía móvil, Antel Data, que vendía Internet en los hogares, y Antel, que se enfocaba en la vieja y conocida telefonía fija.

En una entrevista con Búsqueda en 2006, Simon explicó: “Pensamos en una organización que para los negocios principales —telefonía fija e internacional, móvil y datos— tenga servicios transversales. Siempre hay que medir hasta dónde cada negocio tiene una especificidad o hasta dónde se dan servicios comunes”.

Para el director de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec), Nicolás Cendoya, esa decisión fue fundamental. En primer lugar, porque era un “disparate” tener tres unidades que funcionaran por separado en un mundo que tendía hacia la “convergencia”, pero sobre todo porque, con esa decisión, se terminó por poner una “loza” arriba de la idea de privatizar los servicios de Antel en materia de telefonía movil de Internet, explicó en diálogo con Búsqueda ese jerarca.

Cendoya, antes de estar en la Ursec, fue asesor de la actual ministra de Industria, Carolina Cosse, cuando la ingeniera presidió la empresa de telecomunicaciones entre 2010 y 2015, durante el segundo período de gobierno del Frente Amplio.

En esa administración, con José Mujica como jefe de Estado, Antel siguió con su postura de llevar adelante inversiones con fines sociales. Fue así que Cosse inició un ambicioso proyecto con la finalidad de llevar la fibra óptica —una tecnología de acceso a Internet de alta velocidad— a todos los hogares, que requirió un desembolso de al menos U$S 550 millones. El proyecto, nuevamente, fue cuestionado por las empresas privadas, algunos sectores de la oposición, y especialistas del tema.

Omar Paganini, vicerrector de Gestión Económica y Desarrollo de la Universidad Católica, dijo a Búsqueda que el hecho de que Antel sea, al mismo tiempo, un operador del mercado y una agencia del Estado que hace política genera “confusión”, y que ambos roles “juntos es una mezcla un poco tóxica”.

Por ejemplo, como empresa pública es bueno para el país desarrollar la fibra óptica, pero como operador del mercado es necesario que, a su vez, esa inversión sea rentable. Eso, razonó Paganini, generó una contradicción, ya que, como en realidad no era una actividad rentable, necesitó un subsidio por parte del Estado, lo que se trasladó a los precios en los servicios que la empresa ofrecía como operadora.

Paganini agregó: “Lo que se hizo fue una inversión que redundó en beneficio de todos. Lo que probablemente no prime sea la eficiencia y, por lo tanto, los costos, que tampoco son descomunales. Si esto lo hubiera pensado una persona más razonable no hubiera hecho la enorme expansión de la fibra óptica al hogar porque no se precisa. Si mirás hoy, la red está bastante vacía. No en las casas ni en los negocios. Pero llevar la fibra óptica a Parque del Plata, por ejemplo, me parece un disparate. Se fueron mucho más allá de lo que era necesario y se puede hablar de cierto nivel de despilfarro”.

En los últimos años las inversiones en fibra óptica generaron pérdidas a la empresa, según datos oficiales. El desarrollo de esta tecnología, que sigue hasta el día de hoy, llegó hasta el 75% de los hogares, según el gobierno.

Actores del mercado y especialistas también han cuestionado que Antel use el dinero que recauda mediante la telefonía fija y el Internet en los hogares, de los cuales tiene el monopolio, para publicitar e invertir en el servicio de telefonía móvil, un sector en el cual está en competencia.

En agosto, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que prohibía a los operadores de cable prestar servicio de Internet. “El fallo está poniendo las cosas en su debido lugar de acuerdo con lo que son las tendencias en el mundo”, dijo hace unas semanas el ingeniero Omar de León, que se desempeña como asesor de empresas de telecomunicaciones (Búsqueda Nº 1.991)

Otro punto que las compañías privadas han criticado a la empresa estatal es que, al tiempo que instalaba la fibra óptica, les impedía ofrecer servicio de Internet en los hogares. En este marco, la Ursec, un organismo que fue creado durante el gobierno colorado de Jorge Batlle (2000-2005), incumplió su papel, según opinaron especialistas consultados.

“La Ursec se transformó, en ocasiones, en un organismo para defender a Antel y no al consumidor. El regulador sirve si es independiente, si es un brazo ejecutor del otro no es un regulador”, dijo Paganini.

En 2013, por ejemplo, la Ursec denunció que Claro y Movistar estaban violando el monopolio de Antel en la telefonía fija al vender y distribuir los denominados “telulares”, una tecnología usada por centrales telefónicas o call centers con el fin de bajar costos. Ambas empresas recurrieron la decisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que este año falló a favor de ambas.

De todas maneras, con los avances tecnológicos, el negocio central de Antel dejó de ser la telefonía fija. En 2015 las llamadas cayeron 11% en relación al año anterior, según datos de la Ursec.

Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto (SMS) realizados por celular siguen una tendencia similar, lo que se explica por la presencia de aplicaciones como Whatsapp, por la cual se puede enviar mensajes y hacer llamadas de forma “gratuita” —en realidad, para usar la plataforma, es necesario consumir Internet.

Los mensajes de texto cayeron de 5.462 millones en 2014 a 3.978 millones en 2015 (una baja del 27%). De todas formas, Antel se sigue posicionando como la empresa con mayor peso en la telefonía móvil, con el 52% del mercado. A la estatal le sigue Movistar, con el 32%, y Claro, con el 16%.

Es en este marco que el actual directorio de Antel apuesta a mantenerse como líder en el mercado mediante fuertes inversiones.

En mayo de este año el presidente de la empresa en el tercer gobierno del Frente Amplio, el ingeniero Andrés Tolosa —un antiguo funcionario cercano a la ministra Cosse— inauguró el Data Center. El enorme edifico, que permite al Estado y a las empresas internacionales alojar millones de datos, requirió una inversión de U$S 50 millones. De esta manera, gigantes como Google y Facebook pueden tener sus servidores instalados en Uruguay para proveer datos a sus clientes locales.

El Data Center se complementa con el cable submarino de fibra óptica que conectará a Uruguay con Brasil, y a Brasil con Estados Unidos, donde está el nodo principal de Internet del mundo.

Este proyecto es un acuerdo que Antel firmó con Google en noviembre de 2015. El cable permitirá a Uruguay abaratar los costos de Internet, y además le dará soberanía, ya que le permitirá ser un oferente directo de banda ancha internacional y no depender de comprarle a un tercero, como sucede en la actualidad.

Se espera que el cable termine de ser construido a fines de 2017.

Tanto el Data Center como el cable submarino le dan a Antel la infraestructura necesaria para expandir sus negocios. Siguiendo la tendencia del resto de las empresas de telecomunicaciones, durante este período la estatal está realizando una fuerte inversión en el desarrollo de contenidos propios, que emite a través de Vera TV, una plataforma online que permite a los usuarios ver contenidos sin descargarlos.

En ese portal de streaming, además de emitir los canales de televisión abierta y señales internacionales, Antel tiene programas propios. La generación de contenidos, sin embargo, no fue el único camino que recorrió Antel en su proceso de diversificación. La actual administración también lleva adelante la construcción del Antel Arena, un estadio multifuncional.

El proyecto, que fue impulsado en el período anterior por Cosse, fue fuertemente criticado por la oposición, ya que consideraron que era ajeno a las potestades de Antel. En julio del año pasado, de hecho, el directorio de la empresa estatal decidió parar la construcción ante un pedido del presidente Vázquez que quería priorizar otras inversiones. Las obras se pararon hasta que en noviembre del año pasado el Poder Ejecutivo autorizó al ente a conformar un fideicomiso de U$S 58 millones para financiar su construcción.

“Con Antel Vera y con Antel Arena se marca el rumbo hacia el que para mí debe de ir Antel. El Data Center y el cable de fibra óptica terminan de equipar al país para enfrentar los desafíos del siglo XXI en materia de telecomunicaciones, y me parece que esos son todos hitos de una enorme importancia”, resumió Cendoya.