Nº 2111 - 18 al 24 de Febrero de 2021
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl actual gobierno de Australia, país normalmente tímido en su participación política internacional más allá de su apoyo a algunos esfuerzos bélicos de Estados Unidos y Gran Bretaña, ha asumido el rol protagónico en una de las batallas comerciales más duras que se desarrollan hoy en el mundo con un enemigo impensado: las plataformas digitales, específicamente Facebook y Google, las mismas que vetaron al expresidente de los Estados Unidos Donald Trump sin que siquiera mediara una consulta a las instituciones democráticas, haciendo caso omiso a sus 75 millones de votantes. En comparación con esto, Australia es una isla —como se definen ellos mismos— con 25 millones de habitantes.
Como si eso fuera poco, el gobierno de EE.UU. ha dejado saber que apoya a dichas compañías por ser americanas y no aceptará un tratamiento como propone la ley promovida por la Comisión de Competencia y Consumo Australiana (ACCC), órgano regulador de aquel país sureño. El nuevo gobierno del presidente Joe Biden está mucho más cerca de las dos plataformas, con lo que puede esperarse una mayor firmeza aún en este posicionamiento.
Sin que le diera un mínimo de vergüenza, Google amenazó con bloquear totalmente sus servicios de búsqueda en Australia, en tanto Facebook solo los servicios de noticias. Un directo ataque al gobierno de ese país, creando cierta confusión entre su población, que no tiene claras las consecuencias que las medidas podrán ocasionar.
La respuesta del primer ministro australiano Scott Morrison no se hizo esperar: “No cederemos ante las amenazas”. Y agregó: “Permítanme ser claro: Australia hace sus propias reglas para las cosas que hacemos en Australia, se hacen en nuestro Parlamento, en nuestro gobierno y no respondemos a las amenazas”. La frase es importante porque se convierte en una respuesta directa al gobierno americano, que ha dicho que se trata de empresas de su país, con las reglas de su país. Si bien la operación de esas empresas en los demás países es virtual, su alcance es local y debería someterse a las leyes locales. Si quedarse con el 80% del mercado publicitario en los medios no es una actividad que deba ser regulada por el gobierno local, entonces ¿qué lo es?
Rod Sims, presidente de la ACCC, explicó que se trata únicamente de una regulación para emparejar lo que ellos llaman “un poder de negociación desbalanceado”. La base reside en que los medios deben ser compensados por los contenidos que se utilicen en estas plataformas y establece un mecanismo para obligar a los gigantes americanos a sentarse a negociar con los medios locales, de los que usan contenidos, y si dicha negociación no llega a buen puerto en tres meses, la ACCC dispondrá de un tribunal arbitral —con criterios preestablecidos— para imponer un acuerdo. Dice Sims que es un mecanismo que se aplica regularmente y pone un ejemplo: cuando un puerto es monopólico, los transportistas están protegidos por una normativa similar.
La movida empezó cuando Google cerró su buscador en China, pero ese caso no es relevante para el resto de los países. En 2014 la propia Google cesó su servicio de noticias en España, también por una ley que le obligaba a pagar una licencia por contenidos. El gobierno que tuvo más suerte fue el francés, que el año pasado llegó a un acuerdo a través de una ampliación del copyright. Según expertos, esto se debe a que la compañía pretende elegir a qué países les ofrece un sistema más justo de la distribución de las ganancias, para tener aliados importantes.
Australia no entra en esta consideración, pero además, su regulación es la más completa. Prevé represalias millonarias por incumplimiento y obliga a avisar con 14 días de antelación los cambios que se produzcan en los algoritmos de Google, aquello que puede alterar el orden en que se ordena la búsqueda.
El resultado de lo que allí ocurra puede tener un efecto dominó en todo el mundo, que es al parecer la mayor preocupación de los gigantes de la virtualidad. Se podrán ensañar con un país medianamente grande en solitario, pero en la medida en que más países se sumen, sus amenazas de suspender actividades no parecerán tan convenientes. Hasta ahora se manejaron con un vacío legislativo en este tipo de penetración en los mercados locales, causado gran perjuicio a los medios locatarios. Las condiciones pueden cambiar.