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El BPS apela a la tecnología para sustituir la actual “Fe de Vida” de los jubilados en el exterior, que no se exige desde 2020
Por la pandemia, la validez de los certificados de existencia de 16.000 pasivos se prorrogó durante dos años, período en el que no hay control ni estimaciones de cuánto dinero pudo haberse enviado a personas fallecidas
Cuando el mundo se declaró en pandemia, en marzo de 2020, hubo países donde se exigió un confinamiento extremo que duró semanas e incluso meses. Esto afectó a todas las actividades, desde las más cotidianas hasta las más específicas y necesarias. Para miles de pasivos uruguayos residentes en el extranjero esto significó no poder ir a consulados u otras dependencias oficiales para sacar la llamada “Fe de Vida”, un documento oficial exigido para poder cobrar mensualmente sus jubilaciones.
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La “Fe de Vida”, según se lo conoce en el Banco de Previsión Social (BPS), es el certificado que acredita que una persona está viva y que la caja correspondiente tiene que seguir pagándole su pasividad. El trámite tiene que ser renovado cada seis meses en un consulado o —en caso de que este no exista— en una oficina gubernamental (municipio, juzgado, seccional policial). Ese documento luego debe ser enviado por correo a la oficina respectiva del BPS o la entidad de seguridad social que pague la jubilación. La otra posibilidad es presentarlo personalmente, en caso de que el titular esté de visita en el país o haya un apoderado habilitado, en la oficina de Pagos Descentralizados del propio banco. Sin eso, no es posible cobrar.
Con el mundo paralizado, con los consulados cerrados y la gente confinada, en abril de 2020 el BPS prorrogó la validez de los certificados que vencían antes del marzo anterior. Al mes siguiente se sumaron a esta prórroga las otras cajas (como la de profesionales o la militar), según explicaron a Búsqueda fuentes de Cancillería.
Con la salvedad de la Caja de Profesionales Universitarios, que ya en noviembre de 2020 implementó un mecanismo virtual de certificación, estas prórrogas continuaron hasta marzo de este año, cuando el mundo ya parece volver a la antigua normalidad y todos los organismos de seguridad social reanudaron la exigencia de presentar la constancia.
El BPS tiene a unos 16.000 pasivos distribuidos en 40 países del exterior. En febrero se pagaron exactamente 15.802 pensiones y jubilaciones. El 85% de los pagos fueron enviados a España, Argentina y Estados Unidos.
El período de prórroga que se abrió en marzo de 2020 implicó que desde entonces no se controlara si a la gente que se le pagaba efectivamente seguía viva. Tampoco hay una estimación en el BPS del dinero que pueda haberse enviado a personas fallecidas.
“En la pandemia no se controló y se pagó. Se fueron haciendo las extensiones porque los consulados no estaban funcionando. Si vencían los certificados, se prorrogaban automáticamente. Esto pasó hasta marzo, cuando los volvimos a pedir”, dijo a Búsqueda el presidente del BPS, Alfredo Cabrera.
“Claramente, se puede haber muerto gente, es una posibilidad”. Ese monto extra no ha sido estimado, agregó.
Solución de biometría.
Incluso sin pandemia, Cabrera reconoce que el sistema que utilizaban para el pago de pasividades a residentes extranjeros presentaba problemas importantes. “En los hechos, seis meses ya es un plazo amplio. La persona podía haber fallecido en el primer mes y el BPS seguía pagando los cinco siguientes. Eso ya era un problema”, dijo.
Acelerado por el coronavirus, que aumentó el tiempo y el riesgo de ese problema, el BPS puso en marcha una licitación para sistemas de certificación vitales más modernos, apelando a la tecnología. El objetivo, según explicó el jerarca, es “olvidarse de los consulados” y apuntar a técnicas de reconocimiento biométrico y geolocalización.
La licitación se publicó el 23 de diciembre pasado y se recibieron ofertas hasta el 8 de febrero de este año. El proceso licitatorio había empezado a proyectarse durante la presidencia de Hugo Odizzio, entre abril de 2020 y octubre de 2021, y se cristalizó ya con su sucesor.
El día de la apertura de ofertas se presentaron seis interesados, cinco empresas nacionales y una mexicana. Actualmente, se está realizando la evaluación técnica de los postulantes para luego pasar a una segunda instancia, centrada en la oferta económica.
Cabrera explicó que, a grandes rasgos, la nueva “Fe de Vida” se certificaría a partir de una foto del titular, geolocalizada en su ciudad de referencia, que luego se compararía con otra foto existente en un documento oficial. Este procedimiento hace innecesaria la asistencia a un consulado o una oficina y al envío de documento. La frecuencia, aún no definida, podría ser mes a mes o a demanda.
En otras cajas.
La Caja de Profesionales Universitarios (CJPPU) es la única institución de seguridad social que siguió atendiendo los certificados de existencia durante la mayor parte de la pandemia. A pedido de la institución se modificó en noviembre de 2020 el método de verificación, “pasando de un trámite presencial a uno virtual a partir de una videollamada, en la cual el funcionario del consulado le solicita al jubilado que exhiba el documento y constata su identidad”, señaló a Búsqueda la presidenta de la CJPPU, Virginia Romero.
Con ese cambio, según su relato, se superó “la imposibilidad de verificar presencialmente la exigencia” a causa de los confinamientos “y fue posible seguir realizando ese control”.
“Incluso se realizaron varias videollamadas directamente desde el Departamento de Prestaciones (de la Caja de Profesionales), en casos de consulados que habían cerrado o que no atendían a los pasivos”, contó.
La CJPPU tiene registrados a 240 pasivos del exterior, en 28 países.
En el caso de la “caja militar”, una resolución interna había extendido la prórroga de los certificados anteriores a la pandemia hasta el 31 de marzo. La Ley 19.930 de diciembre de 2020, la misma que derogó la “revista de existencia” para los pasivos militares residentes en el país, algo que el ministro de Defensa, Javier García, calificó de “absolutamente anacrónico”, extendió de tres a seis meses la validez para los pasivos atendidos por este organismo que viven en el extranjero, unos 1.100 en 33 países. Una vez eliminadas las restricciones, se deberá volver a hacer los trámites en los consulados.
