—¿Qué prioridades tiene como futuro presidente del colegio?
—Hay un grupo de desafíos que son constantes, que hace 20 años otro presidente los hubiera nombrado y seguirán presentes. Lo que llamamos la “defensa de la defensa”, defender al abogado en su rol de defensor. Se lo interpreta como una prerrogativa corporativa, pero en el caso de los abogados lo que se defiende es un poco más, estás defendiendo que el justiciable tenga una debida defensa. Otro desafío es el buen funcionamiento del sistema de Justicia, que siempre tiene problemas, y la defensa del Estado de derecho. También la defensa del prestigio de la profesión. Cada tanto, sea desde el sistema político, la prensa o la opinión pública, se confunde lo que es la función del abogado con el cliente, se asocian un montón de malos elementos que denigran la profesión. En algunos planos tiene mucho prestigio pero es fácil atacarla, entre otras cosas porque tenemos muchos colegas que hacen las cosas mal y eso hace que se generalice un juicio negativo de la profesión.
—¿Y cuáles son los desafíos más actuales?
—El colegio cumple 90 años el año que viene. Es una institución antigua, con una trayectoria respetada, pero le falta modernizarse, quedó un poco relegada. Los abogados, y los juristas en general, somos muy conservadores. El Derecho es un paradigma y nos pensamos que los únicos cambios que se dan son cuando las normas se modifican. Y las normas van atrás de la realidad, algo que ahora pasa mucho más.
—Habló del prestigio de la profesión y de los “malos abogados” que le hacen daño. ¿Considera que la colegiación obligatoria es importante en ese sentido?
—Es fundamental velar por el cumplimiento estricto de los valores y reglas de nuestro Código de Ética profesional. Somos los primeros interesados en desterrar prácticas reñidas con el marco deontológico de nuestra profesión que puedan desarrollar abogados inescrupulosos. Y el mejor control de esos valores se debe hacer entre pares. Actualmente, el colegio es de adscripción voluntaria, y por ende, más allá de que puede inclusive pronunciar fallos contra colegas que no sean socios, los efectos no pasan de una efímera y leve repercusión. Por eso soy un convencido de que es necesario que se consagre un régimen de colegiación legal obligatoria de los abogados como el que ya existe para los médicos o los veterinarios. A esta altura creo que es impostergable. El directorio del colegio está tratando en este momento un anteproyecto de ley de colegiación legal y será una de las actividades que emprenderemos.
—¿Cambió el rol del abogado si lo compara con algunas décadas atrás?
—Cambió el rol del abogado en la sociedad. Hasta hace no muchos años, el abogado ocupaba muchos más lugares de relieve: legisladores, ministros, presidentes de la República. En planos artísticos, también, había una presencia de la abogacía que la prestigiaba. Ese fenómeno hoy por hoy no se está dando. Estamos menos en esos roles. Si mirás las figuras más relevantes de los partidos políticos, ¿cuántos abogados hay? Muchos menos que hace 10, 20 o 30 años. En el Parlamento también, y es un tema sensible porque la calidad de las leyes ha decaído mucho. Podemos ensayar muchas teorías. Yo creo que es la falta de flexibilidad para adaptarnos a los cambios. Somos muy rápidos para adaptarnos a los cambios normativos, pero en las ultimas décadas la sociedad cambió mucho en todo sentido.
—¿Qué puede hacer el colegio frente a eso?
—Hay cambios que el colegio no puede revertir. Pero una cosa que hay que hacer es modernizarlo. Lo primero es cambiar la forma de comunicarnos, con la opinión pública, con el sistema de Justicia, con los socios. Esa comunicación debe ser bidireccional, en particular con los socios. Es una profesión individualista por naturaleza, porque tenemos a los colegas como adversarios. Eso hace que estemos un poco aislados. Por eso es importante también la comunicación de los abogados al colegio. Cuando empecé a trabajar, hace 25 años, había un nivel de confraternidad muy alto, porque te cruzabas todos los días en los juzgados. Así se generan lazos de confianza, que después son útiles para solucionar los problemas de tus clientes. Hoy vamos menos a los juzgados y los ámbitos para generar relaciones entre los colegas se han ido diluyendo.
—Ha destacado que en esta nueva directiva habrá un recambio generacional, ¿eso está vinculado a la modernización que quiere impulsar?
—Para modernizar algo necesitas gente que maneje el lenguaje actual y los problemas actuales, necesitás jóvenes. Esta directiva va a tener varios miembros que no llegan a los 40 años. Es un cambio relevante.
—¿Hay una mentalidad anticuada en el colegio que buscan refrescar?
—Transmitimos hacia afuera una imagen de una institución un poco más anticuada de lo que somos. Por eso el desafío de modernizarse y para eso necesitas jóvenes. El colegio no es conservador desde el punto de vista de no abordar los temas modernos, actuales. Lo que sí ocurre es que a veces generas barreras, porque se lo puede visualizar como algo demasiado tradicional, antiguo, cuando en realidad no lo es.
—¿Cómo evalúa el colegio la reforma del Código del Proceso Penal?
—El colegio apoya la reforma; de hecho, participó en la redacción y en el proceso que llevó a su aprobación. Un modelo acusatorio es el único que está acorde con el modelo constitucional. El código que salió por supuesto que es perfectible, tuvo muchos cambios y posiblemente no es todo lo prolijo que se hubiera querido. Pero es la implementación la que está generando algunos ruidos. Tuvo algunos errores vinculados con la distribución de los asuntos, que generó un cuello de botella en la Fiscalía. También hay un tema con la evaluación. Los procesos de este tipo, que son cambios muy radicales, se evalúan en un plazo de cinco años. En Uruguay se está cumpliendo un año de la entrada en vigencia y ya se está intentando evaluarlo. Además, se han confundido la cualidades del código con decisiones de política criminal. No podés decir que el código es bueno o malo en función de cómo lo están usando los actores. Hay un tema central en la reforma del proceso acusatorio y es que coloca al ser humano en el centro: al indagado y a la víctima. El sistema cambió el eje. Es un cambio muy fuerte, y para evaluarlo necesitas un cambio cultural, cambiar el paradigma.
—¿Cree que aún falta para que eso ocurra?
—La primera reforma que tuvo el código demuestra que hay paradigmas que están instalados y es difícil cambiarlos. En todo proceso acusatorio el juez debe ser imparcial, no tiene iniciativa probatoria. Y ahora por casos puntuales que hubo (se refiere al caso de un homicidio en San Luis, cuyos presuntos responsables quedaron absueltos porque el juez entendió que la fiscalía no presentó suficiente prueba), eso se modificó. Porque un fiscal no haya pedido una prueba no podés cambiar el código. Le das la iniciativa probatoria al juez, ¿y si el juez tampoco la pide? ¿Se la das al policía? Es una evaluación que se está haciendo cuando hay una agenda vinculada a la seguridad pública. No se puede juzgar un código penal en función de la situación de seguridad.
—¿Qué opina de los acuerdos entre fiscales y defensas, mecanismo a través del cual se están resolviendo la gran mayoría de los casos, evitando llegar a juicio?
—Una cosa es el mecanismo y otra es juzgar cómo se usa. El mecanismo del acuerdo creo que es deseable. El Derecho Penal debería operar cuando no queda más remedio, es el último recurso. Si se logra un acuerdo, y satisface a la víctima y al presunto autor del delito, parecería bueno. Otro tema es cómo se utiliza. Lo importante es que los acuerdos se usen en función de los intereses de las víctimas y las personas que presuntamente cometieron el delito, no que fiscales y abogados resuelvan llegar a un acuerdo por comodidad.
—¿Se sienten cómodos los abogados con la mayor transparencia del proceso penal? ¿Le hace bien a la profesión?
— Me parece que es muy bueno, porque rompe mitos. Los buenos y los malos. El oscurantismo, al que le termina pegando es al justiciable. Si no hay transparencia, el proceso penal es una ciencia oculta que se maneja entre rumores. Si existía el mito de que el proceso penal era algo oscuro y que solo unos pocos tenían la llave para abrir las puertas, no le hace bien a la profesión, y no le hace bien al justiciable. Hoy todo es visible, y se actúa con las caras de todos adelante: la víctima, el juez, el fiscal, el público. La transparencia te pone en la vidriera y sos lo que sos.
—En los países vecinos, la Justicia ha quedado en el centro de líos políticos, y se la acusa de falta de independencia. ¿Qué evaluación hace de la Justicia uruguaya?
—Hay cosas en que notoriamente Uruguay es una isla en América Latina. Posiblemente, haya algún caso de corrupción, pero los abogados no vemos que haya un fenómeno de corrupción en la Justicia. Tampoco tiene un problema de politización. Siempre se le va a dar una lectura politizada, como a todo, porque se ha judicializado la política y cuando se plantea un tema político en el ámbito judicial muchas veces es inevitable hacer inferencias. Pero la incidencia política no es notoria y se mantiene con un nivel de independencia que nos destaca en la región.
?? Hay que incentivar la carrera judicial porque el Estado y los estudios se llevan a los mejores abogados
