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Promediando el actual período de gobierno, uno de los enunciados del programa del Frente Amplio empieza a tomar cuerpo, aunque no sin discrepancias. Los proyectos de reapertura de dos frigoríficos que impulsan grupos de ex trabajadores son evaluados por el Poder Ejecutivo para apoyar a uno con fondos públicos y transformarlo en un ente testigo dentro del sector cárnico.
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En realidad, eso queda a medio camino de lo establecido en el programa presentado en la última campaña electoral, donde se planteaba “estudiar el desarrollo de un Frigorífico Nacional estatal a través del cual el Estado cumpla un rol activo en los objetivos de generar empleo, crear una fuente de ingreso público y abaratar el precio de la carne para consumo interno. El Frigorífico nacional estatal tendrá como destino de lo producido el mercado interno. En la producción se involucrará especialmente a los pequeños productores rurales, brindando el asesoramiento de los técnicos de MGAP. La coordinación de los expendios del producto, la ejecución de la propuesta en las zonas periféricas es fundamental tratando de instalar sucursales en todo el país”.
La administración analiza apoyar con recursos del Fondo de Desarrollo (Fondes) la creación de un “frigorífico cooperativo, autogestionado, que no sea público pero que pueda marcar algún tipo de pauta que sirva para ordenar el mercado” y que “tenga características de ente testigo”, dijo el asesor de la Presidencia Pedro Buonomo, el lunes 8 en “La Diaria”.
Explicó que para “consolidar un proyecto que sirva para regular el mercado interno es importante el diseño y lograr unir variables, como la sostenibilidad, el manejo autogestionario, la fortaleza de la cooperativa, el acceso a la hacienda, los precios y la especialización” del frigorífico.
En esa industria “tal vez no se pueda hablar de un funcionamiento oligopólico, pero claramente la competencia no es perfecta. Parecería que tenemos que apoyar a uno, pero la decisión política no se ha tomado y por ahora seguimos analizando las dos propuestas”, comentó.
En mayo la junta de dirección del Fondes —un fondo que se nutre con parte de las ganancias del estatal Banco República— aprobó un emprendimiento autogestionado por la cooperativa de trabajadores Granja Florida para reactivar el ex frigorífico Florida. En agosto la unidad técnica del Fondes inició el estudio de factibilidad y sostenibiildad del emprendimiento, lo que llevará cuatro meses, que consta en un proyecto de ley para extender por 120 días el subsidio por desempleo a los antiguos empleados de esa empresa remitido al Parlamento ese mes.
Según la iniciativa de los cooperativistas, la reapertura de la planta será con un directorio a su cargo y otro directorio, multipartito, que integrará a productores, la Intendencia y el Poder Ejecutivo, y tendría asignada una tarea de control del emprendimiento, describió el presidente de Granja Florida, Sebastián Robinson, en ese matutino.
Por otra parte, un grupo de trabajadores de la industria frigorífica de Canelones impulsa otro proyecto que pretende la recuperación de la unidad productiva del ex frigorífico IPSA, de Pando, por parte de la Cooperativa de Trabajadores Artiguista-Bolivariana.
Florida cuestionado.
El plan para el Florida es cuestionado desde el propio Movimiento de Participación Popular, sector que integra Buonomo.
El diputado Álvaro Vega consideró inviable el proyecto. “No deberíamos los uruguayos usar plata en cosas que no son seguras”, dijo en el portal “Florida diario”.
Vega se manifestó partidario de la reapertura del ex frigorífico Florida pero a partir de un proyecto de empresarios uruguayos que pueda dar respuesta a la demanda laboral de los anteriores operarios de esa planta.
Para ese legislador emepepista, el proyecto cooperativo “es una ilusión inconcretable”.
Y agregó: “Nos guste o no la industria marca el precio de la carne. Patalearé contra eso pero no tengo los mecanismos para hacer contra a eso”.
Consultado por Búsqueda el intendente de Florida, Carlos Enciso, dijo que el objetivo es reactivar el frigorífico cuanto antes para que unos 180 trabajadores vuelvan a tener un empleo “siempre y cuando sea un proyecto serio”. Relató que varios inversores manifestaron interés en ese emprendimiento, entre ellos empresarios uruguayos, venezolanos y de otros países.
Los integrantes de la cooperativa de trabajadores establecieron contactos con productores floridenses para asegurar el abastecimiento de ganado, lo que es fundamental para darle viabilidad al proyecto, indicó el jefe comunal. Eso considerando que uno de los principales problemas que actualmente limita la actividad frigorífica es la falta de ganado por efectos de la sequía de 2008-2009.
Otras propuestas.
En algunos sectores del Frente Amplio estudian propuestas vinculadas a la creación de un frigorífico como ente testigo. Una de ellas está publicada en el sitio web del Partido por la Victoria del Pueblo y fue elaborada por el economista Jorge Notaro.
Plantea que “se podría establecer un frigorífico de propiedad estatal y gestión privada”. Su Directorio estaría integrado con representantes de los productores que venden ganado a la planta, de los trabajadores y del Estado. Se le otorgaría durante “algunos años el monopolio del abastecimiento a Montevideo, como tuvo Conaprole para la leche por varias décadas.
Propone que cobre valores “regulados, asegurando buen precio al pequeño productor, vendiendo a las carnicerías a un precio que cubriera los costos y fijando los precios al consumo de algunos cortes”.
Un antecedente de esas características tuvo el Frigorífico Nacional, que funcionó en Uruguay durante medio siglo. Fue creado por la ley Nº 8.282 de 6 de setiembre de 1928 que le dio el monopolio del abasto en Montevideo, y comenzó su actividad al año siguiente mediante el arriendo a la compañía anglo argentina Sansinena & Cía. de su planta de faena ubicada en el Cerro, según el libro “Evolución de la industria frigorífica en el Uruguay” de Alfredo López. De esa forma, el Estado actuó como regulador de los precios de la carne en el mercado interno.
La eliminación del monopolio fue decretada por el gobierno militar en 1978 junto con otras medidas que tendieron a liberalizar el sector cárnico.
