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El Poder Ejecutivo tiene resuelto profundizar la “guerra frontal” a los narcotraficantes y recuperar el poder que asumieron algunos de esos delincuentes dentro de las cárceles uruguayas. Con ello busca que la compleja situación suscitada en los establecimientos de reclusión termine por asemejarse a la de Río de Janeiro, México o Colombia, aseguraron a Búsqueda fuentes del gobierno.
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Las autoridades admiten que, por diversas razones, el Estado “perdió soberanía en el control de las cárceles” y ahora pretende recuperarla. “El gobierno tiene resuelta una guerra frontal al narcotráfico, como ya viene haciendo, pero también se propone poner coto a su poder dentro de las cárceles, donde media docena de hombres, con un par de manijazos, levanta a mucha gente y la lleva a hacer cualquier cosa”, explicó uno de los informantes.
Interrogado sobre el origen de los motines, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo ayer miércoles en radio El Espectador que “hay quienes tienen intereses en cortar” con la política carcelaria que lleva adelante el gobierno que suprime “privilegios” a la propia Policía y a los presos.
El Poder Ejecutivo anunció el lunes 30 varias decisiones en torno a la crisis carcelaria.
Por un lado, removió a la cúpula del Instituto Nacional de Rehabilitación (cuyo máximo jerarca había insinuado posibles vínculos entre un legislador de la oposición con los motines) y dispuso que la revisión de la visita a los reclusos sea realizada por la Guardia Republicana hasta que se instalen scanners. También modificará el sistema de visita de los presos prohibiendo que se efectúen en las celdas, adelantaron los informantes.
Además, el Estado no repondrá el abrigo y utensilios que sean destruidos en el marco de protestas de reclusos.
También prevén cambio en la vigilancia de los establecimientos, aunque eso está todavía bajo análisis.
El mandatario José Mujica asumió personalmente el martes 1º el “error” por la demora en la aplicación de la ley votada en 2010 que facultó al Ejecutivo a encomendar al personal militar el control de acceso y egreso, revisación e inspección en la entrada de las cárceles, penitenciarías y centros de recuperación “siempre que cumplan la función de guardia perimetral externa”. Señaló: “Es culpa del presidente, que no puso la pata en el acelerador”.
En los últimos días el Ejército le transmitió al Poder Ejecutivo que hacerse cargo solo del “control de acceso” a los centros de reclusión sería contraproducente, y que en lugar de ello está dispuesto a asumir la responsabilidad total de algunos presidios, dijeron a Búsqueda fuentes del área de Defensa. En el Ejército se considera riesgoso e inútil el envío de soldados a los centros de reclusión para que se encarguen de revisar personas, si estos quedan bajo las órdenes de oficiales de la Policía.
Ayer miércoles Mujica confirmó a Búsqueda que tiene a estudio ese planteo del Ejército, pero de inmediato remarcó: “Tenemos poderosos enemigos en esto, y por lo tanto no vamos a hacer anuncios, sino que iremos actuando”.
Amerigo Incalcaterra, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo a Búsqueda que la medida de que los militares controlen el ingreso a las cárceles es “paliativa” y que “no cambia el fondo de la cuestión”.
Emergencia.
En menos de dos semanas, los disparos de un preso dentro del penal de Libertad el viernes 20 —uno de los cuales mató a un guardia—, derivaron en una nueva “emergencia carcelaria”. Tras la suspensión de las visitas, se sucedieron motines —con incendio y destrucción de dos módulos del Compen (ex Comcar) y el Centro de Rehabilitación Femenina—, mientras que a nivel político hubo anuncios confusos, acusaciones de injerencia política y cuestionamientos a una jueza.
A raíz de las revueltas, el Ministerio del Interior dispuso el traslado de cientos de reclusos dentro de los mismos establecimientos y a otros. En protesta por esa medida, una treintena de presos enviados a Rivera inició una huelga de hambre.
El problema carcelario fue abordado en el Consejo de Ministros del lunes 30 y ayer por el Gabinete de Seguridad.
A instancias del Partido Nacional, la Cámara de Diputados aprobó ayer realizar una interpelación al ministro del Interior para que informe sobre los hechos ocurridos en el sistema carcelario. El oficialismo, que votó en contra, acusó a la oposición de actuar con “oportunismo político”.
Mientras, la Suprema Corte de Justicia pidió ayer a la jueza penal Gabriela Merialdo que en un plazo de 48 horas presente un informe detallado sobre su actuación en los motines carcelarios. Esa magistrada fue cuestionada por Bonomi, quien afirmó el lunes 30 que la solicitud de Merialdo de negociar con la presencia del comisionado parlamentario para las cárceles antes de ingresar por la fuerza para tratar de controlar el motín insumió tiempo, lo que motivó una mayor destrucción del establecimiento. (Más información en páginas 4, 6 y 7)
