El Estado de derecho

Ninguna de estas encuestas sondea lo que opinamos sobre el Estado de derecho, contrato que nos da la seguridad de ser tratados con ecuanimidad, ser iguales ante la ley, donde se determinan derechos y obligaciones con la máxima claridad posible. Sin estas condiciones nos convertiríamos en un Estado fallido, y esto no sucede de un día para otro, son procesos que desembocan en gobiernos totalitarios, economías fundidas, cárceles repletas de presos políticos, represión e imposición del pensamiento único. Ejemplos, muchos, tanto en nuestra querida América como en el resto del mundo.

Uno de los deterioros más visibles es el que ha sufrido el sistema fiscal durante los últimos 10 años. La Fiscalía General de la Nación ha pasado a ser percibida por la ciudadanía como una institución politizada que toma decisiones que nos resultan incompresibles e injustificables, donde duermen o aceleran denuncias sin explicaciones claras, se pierden expedientes, pendrives que desaparecen, alteración de pruebas, aleccionamiento de testigos y el rosario sigue si nos atenemos a la información que hemos ido recibiendo los ciudadanos.

Para acompañar este diagnóstico con pruebas me referiré a solo dos hechos, de los muchos que la prensa nos informa. El primero son las repercusiones que han tenido, o mejor dicho que no han tenido, las graves denuncias realizadas por la exfiscal Gabriela Fossati en su libro La cara oculta del sistema judicial en Uruguay: el poder de “La Manada”, donde sentencia: “En mi humilde opinión, si realmente queremos una Justicia de calidad, solo nos queda deshacernos de lo construido y comenzar de nuevo”. Quien así opina tiene una trayectoria de más de 30 años como abogada, docente, jueza y fiscal en distintas materias, esto debería ser suficiente justificación para detenernos en su relato y acusaciones, que son a mi juicio una alerta sobre el verdadero estado de nuestros derechos.

En su libro, la exfiscal, con un coraje que no es común y una férrea determinación, realiza con nombre y apellido gravísimas acusaciones, describe graves situaciones y desviaciones de poder que deberían ser intolerables. Se menciona, reitero, con nombre y apellido, a distintos integrantes de la Fiscalía en acciones, actitudes, omisiones y hechos que nos deberían horrorizar porque en algún momento estos funcionarios pueden tener en sus manos nuestro presente y futuro y, lo que es peor, el de nuestros hijos.

Qué deberíamos opinar o hacer ante la acusación de que “Figuras como el exfiscal de Corte Dr. Jorge Díaz, el fiscal subrogante Dr. Juan Gómez, Gustavo Leal y varias figuras vinculadas a las fiscalías y al sistema político nacional forman parte de un grupo al que denomino ‘La Manada’ y que responde a un poder paralelo dentro de este sistema”.

Han pasado seis meses de la publicación de este libro, pregunto: los denunciados con nombre y apellido, que son unos cuantos, no se han sentido agraviados por estas denuncias, donde se mancillan sus nombres y se les atribuye faltas y hasta delitos. Aplicando la razón del artillero, debemos concluir que el relato y las denuncias del libro son la cruda verdad, no encuentro otra explicación.

El segundo caso es en relación con la noticia que Búsqueda nos informa en su anterior edición (18/4/2024), que fue titulada Fiscales recurren a organismos internacionales frente a un “cóctel” que creen que les causa “debilidad institucional”. Estos reclamos el gremio de fiscales los presenta ante la ONU y la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Como decimos vulgarmente: “Tomá pa vó…”. El primer motivo de estas denuncias, que se divide en tres reclamos, es por una “debilidad institucional” que afecta su trabajo por el “acoso permanente”, el “hostigamiento” y un “sometimiento al descreimiento público que emprendieron jerarcas, legisladores y dirigentes políticos” contra la Fiscalía, a partir del Código de Proceso Penal que entró en vigencia en 2017 y dio al Ministerio Público un lugar protagónico en el sistema.

Esto da para escribir un libro, por lo que solo haré unos breves comentarios de la infinidad que surgen sobre estas denuncias. 1) El acoso y el hostigamiento son hechos graves, reprochables, estos pueden estar basados en mentiras o en la verdad y hechos reales. ¿En este caso estamos frente a infundios o contundentes verdades? 2) Si los fiscales se sienten agredidos al punto de ver en serio riesgo reputacional la institucionalidad de la Fiscalía y sienten que esto afecta su desempeño, ¿por qué no realizan la denuncia ante nuestro sistema judicial, como cualquiera de nosotros lo haría? ¿No tienen confianza en nuestros jueces y entienden que recurrir a organismos internacionales les da garantías que en nuestro sistema judicial no encuentran? 3) ¿Cuál es la respuesta gremial ante los hechos que ocasionan estos “hostigamientos”?, ¿qué opinan sobre la veracidad de las denuncias sobre la actuación de distintos fiscales que originan el descontento y reclamos de la sociedad para que estos “funcionaros” sean llamados a responsabilidad? 4) Cuándo entenderán jueces, legisladores, gobernantes y en forma especial los fiscales que son funcionarios públicos sujetos al análisis, la opinión y la crítica por sus actuaciones. Los fueros en los casos que corresponda y la independencia técnica no son licencias de impunidad, los ciudadanos tenemos el derecho, dentro de normas de corrección, de manifestarnos sobre sus actuaciones. Si los ciudadanos, en forma directa o a través de nuestros representantes, les pedimos explicaciones, estas deben ser dadas en forma diligente y clara. Si como sociedad no entendemos que el deterioro en nuestro sistema de administración de justicia nos costará muy caro, carísimo, estamos condenados.

Hay que rever en forma inmediata y sin sesgos ideológicos todo nuestro sistema de administración de justicia. Si esta decadencia se perpetúa, seremos responsables de las consecuencias, las futuras generaciones nos juzgarán, si “la manada” y el dictador de turno lo permiten.

Daniel H. Báez