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El Estado destinó US$ 973.953 por concepto de pensión a víctimas de delitos violentos y US$ 574.563 a quienes sufrieron violencia doméstica, según consta en la respuesta a un pedido de informes que realizó el diputado colorado Conrado Rodríguez.
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La Ley 19.039 establece una pensión especial para las víctimas de delitos violentos como homicidio en ocasión de rapiñas, copamiento o secuestro, o cuando una persona resulte incapacitada en forma absoluta para todo trabajo debido a un hecho delictivo.
En este caso, la pensión es de seis Bases de Contribuciones y Prestaciones (BPC), esto es $ 23.088 al valor actual.
En 2016, el BPS erogó casi un millón de dólares para el pago de las pensiones a las víctimas de delitos. En promedio se pagó a 133 personas por mes.
Rodríguez también preguntó cuánto dinero pagó el BPS por concepto de pensión a personas víctimas de violencia doméstica.
La Ley 18.850 establece que los hijos de las personas fallecidas como consecuencia de un hecho de violencia doméstica, tendrán derecho a una de las siguientes prestaciones: una asignación familiar especial de $ 865 ($ 1.168 en caso de que el menor de edad estudie enseñanza media o superior, o una pensión mensual cuyo monto será equivalente al de la prestación asistencial no contributiva por vejez o invalidez). Por esta ley, el BPS gastó en 2016 US$ 574.563. En promedio, asistió cada mes a 187 personas.