En primer lugar, los ministros de la corporación resolvieron trasladar de un juzgado penal a una sede civil a la jueza Mariana Mota, quien se había convertido en una suerte de paladín para las organizaciones de derechos humanos por su actuación en estos casos, mientras que algunos abogados y clubes sociales de oficiales de las Fuerzas Armadas la habían cuestionado con el argumento de que no es imparcial en sus fallos.
El mismo día, la corporación acordó por cuatro votos a uno declarar inconstitucionales dos artículos del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), una de las principales banderas económicas del grupo de jerarcas más afines al presidente José Mujica. Por si esto fuera poco, existe mayoría en la Corte contra la ley que en los hechos eliminó la “ley de caducidad”.
“En un Estado de derecho, todas las autoridades públicas deben actuar con la máxima transparencia, permitiendo a la ciudadanía conocer los fundamentos de los actos administrativos que dicten para cumplir con su función y asegurar la mejor prestación del servicio a su cargo. Por ello nunca puede entenderse que los reclamos de transparencia puedan afectar la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado”, argumentó la fuerza política de gobierno.
“Teniendo en cuenta las dudas que hoy existen en la opinión pública, explicitar las razones de servicio en que debería haberse fundado la decisión administrativa de trasladar a Mota, contribuiría a descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”, agregó.
A su vez rechazó “enérgicamente las declaraciones provenientes de los sectores políticos de oposición que ponen en duda la adhesión de la fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la República”.
“Nuestro pueblo conoce bien quiénes pagaron el más alto precio, con sacrificio de su vida y libertad, para defender y recuperar la democracia en el país. Resulta de una hipocresía lamentable que pretendan presentarse como defensores de la independencia judicial aquellos sectores que aún hoy justifican y defienden la inmoral ley de caducidad”, continuó.
“Hegemónico”.
En el mismo tono, algunas figuras del FA salieron a pegarle duro a la Corte. La presidenta de la coalición de izquierda, Mónica Xavier, vinculó este hecho con la declaración de inconstitucionalidad del ICIR votada por cuatro de los cinco ministros de la corporación.
En una carta que está publicada en la página web del FA, Xavier afirmó que “lamentablemente la Suprema Corte mediante sus fallos posiblemente proteja a los grandes capitales perjudicando al país”.
En una línea similar, el senador y secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, escribió en su cuenta de la red social en Internet Facebook: “Pienso que hay cosas que pueden verse aisladas unas de otras y no está mal. Pero a veces conviene unir hechos que parecen no relacionarse a primera vista. Entonces uno empieza a aproximarse un poco más a la realidad y, con ello, a la verdad. Por ejemplo, estoy haciendo el ejercicio de unir el traslado de Mota con la posible inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Caducidad y con la anunciada inconstitucionalidad del ICIR. Y eso me va llevando a ver cómo se mueve el poder hegemónico, cómo no se pueden tocar algunas vacas sagradas”.
Por su parte, el diputado y secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, expresó que algunas resoluciones de la Corte “coliden” con decisiones del FA.
“Si bien se respeta la decisión adoptada por la SCJ en el caso Mota, no se la puede tomar como una verdad absoluta”; en el FA “hay preocupación con que las expresiones de la Suprema Corte estén colidiendo con las definiciones parlamentarias”, admitió Pardiñas. También opinó que “es evidente que de consagrarse todas estas resoluciones, la mayoría de la Suprema Corte está interpretando las normas en forma bastante diferente a lo que es el sentir no solamente del Frente Amplio, sino también en el caso de la jueza Mota de las organizaciones sociales”, afirmó al diario “El País”.
“Preocupa más”.
Sin perjuicio de las reacciones en el FA y otros grupos de izquierda, de estos tres temas el único que parece haberle dolido a la Presidencia de la República y a los dirigentes más cercanos a Mujica es la caída del ICIR, algo en lo que el propio presidente había puesto mucho empeño. En cuanto al traslado de Mota, figuras cercanas a Mujica relativizaron su impacto.
La primera senadora del gobierno y primera dama, Lucía Topolansky, lo dijo claramente desde Ecuador, donde participó como observadora en las elecciones que ganó Rafael Correa: “El mundo no se acaba por el traslado de un juez. Me preocupa mucho más la resolución de la SCJ sobre el impuesto a la tierra, porque en eso leva las posibilidades de tener trabajo y caminería rural a mucha gente”, manifestó a Montevideo Portal.
En una línea similar el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, declaró al diario “El Observador”: “Siempre defendí que se criticaran fallos judiciales. Uno puede estar en desacuerdo con una decisión judicial y plantearlo. Lo que me parece que no corresponde es discutir decisiones administrativas de otro poder del Estado. Es como si la SCJ pidiera explicaciones a Mujica de por qué cambió a un ministro”.
El vicepresidente Danilo Astori también evitó las críticas cuando fue consultado por “Subrayado”. “El traslado de cualquier juez es materia de soberanía y competencia de la SCJ. Es algo que se hace frecuentemente. Hay que respetar esa decisión”, remarcó. Sin perjuicio de ello agregó que el traslado de Mota no es cualquier cambio, porque “estaba dedicada a temas de mucha sensibilidad social por los casos de derechos humanos”.
“Es un tema que la sociedad uruguaya necesitaría una fundamentación acerca de este traslado. La metodología podría ser un pedido de informe y lo que más me gustaría como ciudadano es que la propia SCJ tomara la iniciativa de dar a conocer los fundamentos”, aseveró.
“Injerencia”.
Para la oposición, en bloque, este asunto se trata de una injerencia indebida en la independencia del Poder Judicial.
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitió una declaración el lunes 18, en la que consideró que el traslado de Mota es “una competencia constitucional de la SCJ” y que “nunca antes el ejercicio de esa competencia había sido públicamente cuestionado y mucho menos resistido por las vías de hecho”.
“El propósito anunciado por legisladores del FA de citar a la SCJ al Parlamento carece de sustento constitucional y lesiona el principio republicano de separación de poderes, y constituye una forma de presión política sobre el Poder Judicial”, afirma la dirigencia colorada.
Por su parte, el senador nacionalista Sergio Abreu subió el tono de la polémica y consideró que la convocatoria de la SCJ al Parlamento configura una suerte de golpe de Estado Técnico: “Es una injerencia absolutamente inconstitucional. Es una violación de la Constitución, y por tanto, como violación de la Constitución, es un golpe de Estado”, dijo a “El Observador” para su edición del domingo 17.
Las redes sociales fueron otro escenario en el que dirigentes nacionalistas se expresaron. El diputado blanco José Carlos Cardoso escribió en Twitter: “Luchar por mantener jueces vinculados a determinadas causas, es fascismo”. En paralelo, el diputado Gustavo Borsari consideró que “se ha producido una arremetida contra la independencia del Poder Judicial”.
El Partido Independiente también se expresó sobre este punto. Los integrantes de su Mesa Ejecutiva afirman en un comunicado que están “hondamente preocupados” por las “declaraciones, conductas y valoraciones” de integrantes del oficialismo que “implican la violación de la independencia del Poder Judicial”.
Sobre esa base reafirman su “respeto irrestricto al principio de separación de poderes tal como se encuentra establecido en la Constitución, así como su compromiso con la defensa integral del Estado de Derecho”.
