Ante consulta sobre alcance de la democracia, Uruguay plantea no alterar estructura ni equilibrio de la Convención Americana

El órgano judicial trasladó la consulta a los gobiernos que integran la OEA para que opinen al respecto. La respuesta de Uruguay, a la que accedió Búsqueda, desestimó las tres propuestas de Guatemala. El gobierno de Yamandú Orsi no define la democracia como un derecho en sí mismo, pero tampoco como un medio, sino que adopta una alternativa. “Más que declarar a la democracia como un nuevo derecho autónomo”, opinó Cancillería, ”corresponde reafirmar su carácter de principio estructural del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y condición necesaria para la vigencia plena de los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, de 1969.

Fuentes diplomáticas informaron a Búsqueda que redefinir el concepto de democracia podría sumar incertidumbre al actual escenario de confrontación regional. En los últimos 70 días, Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entró en guerra con Irán, amenazó a varios países del continente y reunió a otros para combatir, con entrenamiento militar, el narcotráfico. Por esa razón y ante la convicción de que los tratados vigentes son suficientemente precisos, Cancillería planteó ”reafirmar” lo consagrado allí y evitar cambios conceptuales que abran discusiones sobre los límites soberanos y la pertinencia del principio de no intervención.

“Uruguay comparte la preocupación por el fortalecimiento de la democracia en la región y valora positivamente la iniciativa de generar un debate jurídico y político que contribuya a consolidar estándares interamericanos en esta materia”, expresó la república oriental en la respuesta a la Corte IDH. Y agregó que “considera necesario que la Corte IDH delimite su análisis de modo de evitar reiteraciones respecto de cuestiones ya desarrolladas en su jurisprudencia y en opiniones consultivas anteriores”.

El texto, de cuatro carillas, lleva la firma de la consejera Cristina Mansilla, directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

20250808JC_0010

La Corte IDH sesionará entre el martes 17 y el viernes 20 en Brasilia para escuchar los argumentos de los Estados que respondieron a la consulta de Guatemala. Un integrante de la Embajada de Uruguay en Brasil presentará la opinión del país, informaron fuentes diplomáticas a Búsqueda. Además de Uruguay, opinaron por escrito al respecto Brasil, Estados Unidos y otros seis países. También lo hicieron órganos de la OEA, organismos regionales e internacionales, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y decenas de personas de la sociedad civil.

Tres elementos

Tras el planteo de que no deben alterarse ”la estructura” ni ”el equilibrio” de la Convención Americana, Uruguay agregó tres elementos más al debate: la independencia de los órganos electorales, la libertad de expresión en contextos electorales y la “democracia como condición para el goce de los derechos humanos”.

Cancillería respondió a la Corte IDH que “la independencia, imparcialidad y transparencia de los órganos electorales constituyen condiciones esenciales para la preservación” de la democracia y para “la garantía del derecho a todas las personas a participar en la dirección de los asuntos públicos”. Sustentó esta posición en los artículos 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En ese sentido, defendió la “larga tradición” de una autoridad electoral autónoma como la Corte Electoral de Uruguay, un órgano “autónomo” e “independiente” creado en 1924. El país expresó que “el fortalecimiento de las garantías de independencia y profesionalismo de los órganos electorales debe ser un estándar interamericano prioritario”.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

En cuanto al segundo punto, ”la libertad de expresión en contextos electorales”, Cancillería la definió como “un pilar esencial del sistema democrático” que se ejerce “ampliamente” por los ciudadanos, la sociedad civil y los partidos políticos. También la catalogó como “condición indispensable para el ejercicio de los derechos políticos y para el fortalecimiento de la democracia representativa”.

Recordó que el artículo 29 de la Constitución consagró la libertad de expresión sin censura previa y la Ley 17.045 dispuso la asignación “equitativa” de espacios gratuitos en radio y televisión para todos los partidos habilitados, con el fin de “facilitar” el acceso de la ciudadanía a distintas ideologías, programas y propuestas. Por otra parte, la Ley 18.485 promovió “la transparencia en la financiación y publicidad política, procurando evitar la utilización abusiva y desinformativa de los medios de comunicación”.

“Durante los procesos electorales, la protección frente a los discursos de odio o la incitación a la violencia no debe traducirse en formas de censura previa ni en restricciones desproporcionadas que puedan afectar el libre debate político o el acceso ciudadano a la información plural y veraz”, sostuvo Uruguay. La respuesta ante nuevos desafíos, como “la desinformación“ o “la manipulación digital“, debe basarse en “estrategias de educación cívica, autorregulación de medios y promoción del pensamiento crítico, antes que en medidas que limiten el debate público”.

La democracia como condición para el goce de los derechos humanos fue el tercer elemento estructural que destacó el país en su respuesta. “La defensa de la democracia opera como límite y parámetro de aplicación de las obligaciones convencionales, sin necesidad de introducir una categoría que desplace o reconfigure la arquitectura de la convención”, sostuvo el país.

Cancillería concluyó que “alentará una interpretación que reafirme a la democracia como un valor esencial y principio transversal del orden jurídico interamericano, que oriente la actuación de los Estados y de la propia corte”. Esta perspectiva permite “fortalecer las obligaciones ya existentes en materia de protección de derechos humanos, sin alterar la estructura ni el equilibrio de la Convención Americana”. Además, ofrece “un marco claro” para que los Estados adopten medidas concretas “destinadas a preservar la institucionalidad democrática, la separación de poderes y el respeto de las libertades fundamentales”.