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El comunicado interno se hizo público el viernes 13. Era una mensaje dirigido al cuerpo médico de la mutualista Médica Uruguaya. Y tenía varios elementos. El primero era el anuncio de que a partir del último día de julio, los salarios mayores a $ 100.000 nominales y que no fueran cargos de alta dedicación sufrirían un descuento del 5%. La medida había sido resuelta por el Consejo Directivo y se definió como un “apoyo institucional” para paliar una situación económica compleja. “A pesar de los esfuerzos realizados y de las medidas adoptadas en materia de contención de gasto, la institución no logra recobrar su superávit operativo, lo cual indica que se debe continuar y profundizar la actitud restrictiva frente al gasto, más en este ejercicio, donde el crecimiento de afiliados se ha detenido”, decía el texto. Agregaba que el descuento sería “transitorio” y que se mantendría hasta que se “logre revertir” la situación descripta.
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Pero había otras cuestiones más allá de lo salarial en el comunicado de Médica Uruguaya. Se anunció que en paralelo a esta medida se haría una “profunda revisión de todos los procesos para adecuar el funcionamiento y costos” de la institución a la “realidad actual”. Y en esa línea se solicitó a los médicos de la institución que sean “cautelosos” en la indicación de medicamentos y estudios y rigurosos en cumplir con los registros de los datos requeridos para poder cobrar las metas asistenciales que paga el Ministerio de Salud Pública (MSP) todos los meses.
Lo que siguió al comunicado de Médica Uruguaya fueron una serie de declaraciones, asambleas y más comunicados. El gremio médico reaccionó con firmeza frente a la posibilidad de las quitas en los sueldos. En la noche del lunes 16, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se reunió y se declaró en conflicto. Los médicos exigieron dejar sin efecto la decisión “unilateral” de la mutualista y cuestionaron que los salarios sean “una variable de ajuste ante problemas de gestión”. Y entre los pasos a seguir anunciaron la citación al Consejo Directivo de la empresa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para plantear la situación. “Que el salario de los trabajadores opere como una variable de ajuste para equilibrar la situación económico-financiera de una empresa que presenta problemas de mala gestión, es algo a lo que el SMU se opone de manera taxativa”, declaró el presidente del gremio, Gustavo Grecco.
En la misma línea fue el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), que solicitó una reunión urgente con las autoridades de la mutualista y que se hará el lunes 23. Al día siguiente habrá una asamblea para transmitir lo que se hable en ese encuentro. Y además anunciaron que podrían activar una serie de medidas en protesta por la situación. La presión gremial surtió efecto. Ante este escenario, la mutualista decidió dar marcha atrás con las quitas salariales. Así lo anunció el SMU tras una reunión mantenida el martes 17 con los directivos de Médica Uruguaya. En entrevista con el programa Así nos va, de Radio Carve, el director de la Unidad de Negociación del gremio médico, Federico Preve, dijo que pese a la revocación de la decisión quedaron en continuar con las negociaciones, ya que “hay mucho margen para mejorar la gestión” de la institución.
“La situación financiera no es catastrófica ni mucho menos”, aclaró Preve. Y agregó que “si bien muestra un déficit operativo en los últimos años la situación está saneada”. El dirigente destacó además en esa entrevista que el balance de 2017 del sistema de salud dio positivo por más de $ 200 millones, algo que a su juicio aleja el recurrente temor de una crisis estructural de todo el sistema mutual. Búsqueda consultó a las autoridades del Ministerio de Salud Pública sobre esta situación pero no quisieron hacer declaraciones por el momento. Sin embargo, fuentes de la cartera fueron por el mismo sendero trazado por Preve: la situación de Médica Uruguaya obedece a temas de gestión y no hay razones para decir que el mutualismo esté desfinanciado, dijeron los informantes a Búsqueda.
En las últimas semanas, el tema de la mutualista Casmu, que puede perder una masa importante de afiliados al caer un convenio con la Intendencia de Montevideo, es seguido de cerca y con “preocupación” por las autoridades sanitarias.
Oposición desconfía.
Pese a los datos públicos sobre la situación financiera de las mutualistas y las voces extraoficiales que hablan de un sistema saneado y sin riesgos estructurales, la oposición duda. El diputado blanco Martín Lema planteó el tema durante la última comisión de Salud y mocionó para convocar a las autoridades del ministerio para que informen sobre la situación de los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). “Desde hace tiempo insistimos en que el MSP se ha convertido en un testigo de lujo de lo que sucede en el sistema debido a que no ejerce los controles necesarios”, dijo Lema a Búsqueda. “En cuanto a lo asistencial, no conoce la calidad de atención que reciben los usuarios, ya que solamente cuenta con 18 inspectores en la División Fiscalización para controlar los servicios del SNIS. Por otro lado, no ha realizado auditorías que le permitan conocer cómo se administran los recursos por parte de los distintos prestadores”, agregó.