El funcionamiento de las comisarías de Montevideo es desde hace meses un dolor de cabeza para las autoridades del Ministerio del Interior, quienes periódicamente reciben denuncias de abusos cometidos por los policías, maltratos a quienes van a denunciar y acusaciones de omisión de asistencia.
El Poder Ejecutivo pretendió a comienzos de año impulsar un “cambio cultural” al fijar “compromisos de gestión” que debían cumplir los comisarios —que apuntaban a mejorar la relación con los vecinos y mejorar el manejo de recursos materiales y humanos de las seccionales— a cambio de recibir una compensación que alcanza casi la mitad de su salario. Sin embargo, en lo que va del año el cumplimiento de esas metas no alcanza el 50% y, para peor, 22 de los 25 comisarios de Montevideo están bajo investigación administrativa porque presentaron información falsa para cobrar el dinero extra.
Ahora las autoridades políticas y policiales acordaron dar un paso más en su intento de controlar mejor lo que sucede en las comisarías de la capital y terminar con los abusos y las malas conductas: instalarán cámaras y grabarán todas las llamadas que ingresan a esas dependencias policiales, dijeron a Búsqueda fuentes del Ministerio del Interior.
A su vez, el jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, transmitió a las autoridades del Ministerio que quiere cambiar algunos “compromisos de gestión” para adaptarlos a su nueva estrategia de prevención y disuasión del delito.
Cámaras.
Un grupo de jóvenes del barrio Santa Catalina denunció que la noche del lunes 2 de setiembre cuatro policías se bajaron de una camioneta blanca “fuertemente armados”, los detuvieron y los golpearon. Según el relato publicado el viernes 6 por “Brecha”, los llevaron a la seccional 19, los dejaron incomunicados y les volvieron a pegar “en reiteradas ocasiones”.
La ex ministra del Interior Daisy Tourné (Partido Socialista) declaró a ese semanario que las denuncias son “gravísimas” y reclamó que las autoridades investiguen. “Desde mi humilde experiencia, que la Policía es una institución vertical. Si tú das claramente la seña política de cómo actuar, ellos actúan”, añadió. El Instituto Nacional de Derechos Humanos inició una investigación sobre los hechos, mientras que el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj-Uruguay) denunciaron en un comunicado que existe un “aumento de la gradación de la violencia estatal en procedimientos policiales”.
Consultado por Búsqueda, el director de Secretaría del Ministerio, Charles Carrera, dijo que la Dirección de Asuntos Internos está investigando y que “si hubo algún exceso policial, se va a castigar con todo el peso de la ley, se va a juzgar a las personas y se las separará del cargo”.
“Estamos tranquilos porque tenemos un promedio, desde el 2010 tenemos 300 cesantías por mala conducta por año. Es decir, nosotros no permitimos abusos y somos muy estrictos a la hora de juzgar los abusos policiales. Y si tenemos un promedio de 300 cesantías por año es porque algo hacemos”, explicó.
Ese no es el primer problema que tienen las autoridades con las comisarías este año. En abril, el Ministerio del Interior presentó una denuncia penal por “abuso de funciones” contra la Seccional 14, ubicada en Carrasco, para que la Justicia investigue si hubo “omisión” por parte de los efectivos de esa dependencia, que se negaron a concurrir a una llamada con el argumento de que no tenían vehículos. Además, en mayo el jefe de Montevideo separó del cargo al comisario de la Seccional 18 para investigar otra posible omisión.
Cansadas de que sigan apareciendo denuncias, las autoridades policiales y civiles acordaron instalar cámaras en todas las seccionales. Layera transmitió a su entorno que es indispensable “bajar a cero” las “quejas en la atención” y que la Policía necesita “mejorar su imagen”, dijeron los informantes.
Los jerarcas del Ministerio y de la Jefatura creen que las cámaras generarán “las mismas” resistencias que provocaron los relojes biométricos, instalados en 2011 para controlar el cumplimiento del horario. Poco después de que se pusieron en marcha, varios relojes aparecieron rotos, uno de ellos por un disparo, recordaron varios de los consultados.
Además de instalar cámaras, se decidió monitorear todas las comunicaciones que entran a las comisarías. El Ministerio quiere que todas las llamadas de emergencia se hagan al servicio 911 —el cual tiene un software que registra todas las llamadas y que permite una auditoría posterior para controlar el nivel de asistencia—, pero como parte de la población está acostumbrada a telefonear a la seccional de su barrio, las autoridades mantendrán esas líneas disponibles y grabarán las llamadas. Cuando una persona denuncia una emergencia en una comisaría, los policías deberán transmitir los datos por radio al personal que tiene que dar la respuesta inmediata, explicaron las fuentes.
Información falsa.
En la reestructura de la Policía que impulsa el ministro Eduardo Bonomi las comisarías pasan a tener un rol más cercano a los vecinos, mientras que la parte operativa se concentra en cuatro zonas. Con eso en mente, en enero el Poder Ejecutivo aprobó un decreto en el que fijó “compromisos de gestión” que deben cumplir los comisarios a cambio de una partida extra de dinero que puede llegar a los $ 20.000 por mes (su salario sin ese sobresueldo es de unos $ 40.000 nominales).
A partir del decreto, los comisarios tienen como meta mejorar el patrullaje realizado por sus efectivos. Este objetivo se controla mediante los sistemas de GPS instalados en las radios portátiles de la Policía y en los motores de los vehículos. Además deben dedicar al menos un 10% de los efectivos a su cargo para tareas de Policía Comunitaria y mantener cuatro reuniones con referentes del barrio. Para “mejorar” la relación con la población, el Ministerio premia a los encargados de comisarías que no tengan ningún procedimiento disciplinario por “tratos crueles” y les obliga a “monitorear” por mes 25 denuncias recibidas, lo que implica comunicarse con el denunciante, explicarle “los pasos seguidos”, y verificar su “grado de satisfacción” con la “atención recibida” (Búsqueda Nº 1.697).
La gerenta de Gestión y Seguimiento Presupuestal del Ministerio, Gabriela Valverde, informó a Búsqueda que el “cumplimiento fue heterogéneo”, y que en promedio los comisarios de Montevideo no llegan a cumplir el 50% de los compromisos.
Valverde dijo que las metas con menor cumplimiento son las de “coordinación con las unidades de violencia doméstica, destinar efectivos al área comunitaria, el control de patrullaje y en seguimiento de las denuncias”. En cambio, sí se logró que elaboren “planes tácticos” para presentar a las autoridades.
Los técnicos del Ministerio que hicieron un control del cumplimiento en los meses de marzo-abril (el pago es bimestral) se llevaron la sorpresa de que la amplia mayoría de los comisarios habían mentido cuando llenaron el formulario con la información de las denuncias monitoreadas. Solo tres de 25 dijeron la verdad.
Cuando una persona hace una denuncia en una comisaría, el Sistema de Gestión Policial le asigna un número. Para demostrar que habían cumplido los encargados de las seccionales debían entregar una planilla con los números de las denuncias que habían seguido. Los técnicos encontraron casos en los que los comisarios no habían llamado a los 25 denunciantes que aseguraban haber contactado y que otros no solo no habían llamado, sino que en las planillas pusieron números de denuncias que habían sido presentadas en departamentos del interior, relataron varias fuentes. “Ni siquiera se preocuparon de ocultar su mentira porque están acostumbrados a que no los controlen”, lamentó un jerarca policial.
“Solicitamos una auditoría y se empezó una investigación administrativa a los 22 comisarios que mintieron”, dijo Valverde.
“Como vimos que el cumplimiento era más bajo de lo que esperábamos estamos haciendo un desembarco seccional por seccional explicando qué son los compromisos y explicando la forma de trabajar”, afirmó la gerenta. “En las reuniones que hemos tenido, los comisarios plantean que les falta capacitación. Ellos están preparados para la operativa, para la calle, pero cuando llegan a un nivel de subcomisario, comisario, ellos gestionan, no es solo el ir a la tarea”.
Un oficial de alto rango de la Policía sostuvo que el problema radica en que los comisarios no están acostumbrados a trabajar de acuerdo a metas y que ese “cambio cultural” requiere tiempo.
Cambios.
Si bien está de acuerdo con la política de fijar “compromisos de gestión”, el nuevo jefe de la capital quiere cambiar algunos para adaptarlos a su estrategia de patrullaje. Layera instauró en agosto Unidades de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM) que serán destinadas a “sectores de la ciudad”.
Cada URPM consistirá en un patrullero con chofer, dos policías y un oficial, cuatro motos y un auto sin identificación policial con cuatro detectives vestidos de civil. “Todos menos el comisario y el subcomisario deben estar en la calle”, explicó Layera a sus oficiales subalternos (Búsqueda Nº 1.725).
El jefe de Montevideo trabaja con el equipo de Valverde para que el concepto de las URPM esté incorporado en el próximo decreto y que se premie por profundizar el trabajo de inteligencia y análisis de lo que sucede en cada barrio. Según le dijo Layera a uno de sus allegados en los últimos días: “Cada barrio de Montevideo tiene características especiales y la Policía debe entenderlas y responder a esa demanda específica”.
