La escena es tensa. Hay cinco deliverys en la puerta de un local cerrado, con las rejas bajas. La foto, tomada desde adentro de la sede del PIT-CNT, los muestra con rostros desconcertados y molestos, cargando en las manos las bolsas con la comida que nadie había pedido. Al menos nadie que estuviera ahí adentro, porque alguien sí lo había hecho y repetidas veces. En la noche del miércoles 24, en la que en Montevideo sonaron cacerolas en el marco de una medida promovida por un conjunto de organizaciones sociales lideradas por el PIT-CNT, por esa puerta pasaron unos 20 deliverys.
Fue el principio de una semana agitada en el ámbito sindical, con varios episodios marcados por una nota de incomodidad. A esa maniobra, que la organización denunció días después en sus redes sociales, le siguieron una serie de ataques a su página web oficial. Circularon también algunas fake news; el secretario general, Marcelo Abdala, fue víctima de una de ellas y publicó en Twitter su recibo de sueldo. Hasta hubo amenazas de muerte virtuales al presidente del sindicato de Antel, Gabriel Molina, y agravios para otros tantos dirigentes, entre ellos el presidente del sindicato de UTE, Gabriel Soto.
Quizás el insulto de Molina al presidente Luis Lacalle Pou, que nació en un grupo de WhatsApp y se volvió viral, es el mejor reflejo de los días pasados. En sus palabras —“Fue muy inteligente lo que este hijo de mil putas hizo”— hay, además de irritación, el reconocimiento de otro movimiento que tomó al PIT-CNT desprevenido.
La misma noche de las cacerolas y los deliverys, a Joselo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), le llegó un mensaje del presidente a su celular. Luis Lacalle Pou le preguntó si se podía reunir al día siguiente y le dijo que lo esperaba al mediodía en la Torre Ejecutiva. Hasta ese momento López no sabía el motivo.
Llegó acompañado por el presidente de COFE, Martín Pereira, y el secretario general del sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Carlos Salaverry. Lacalle los recibió solo, y después de una charla general les dijo que el Poder Ejecutivo había decidido crear el Fondo Coronavirus, que se financiaría, en parte, con una reducción temporal de los salarios públicos. Uno de los pocos planteos que hicieron los sindicalistas fue que se excluyera a los trabajadores de la salud, que en principio estaban alcanzados por el descuento.
A ese encuentro le seguirían varios mensajes y llamadas entre López, Lacalle Pou y otros jerarcas. La aplicación no estaba clara y los cambios eran permanentes. Tanto que, antes de que el proyecto ingresara al Parlamento, López solo tenía claras dos cosas: que ninguno de los afectados cobraría menos de $ 80.000 y que no se afectaría a escala salarial.
Un palo político y popular
Desde que salió de la reunión, López dijo que la propuesta no llevaría a grandes movilizaciones, aunque reconoció que les molestaba la “imposición” y, sobre todo, que una vez más no se respetara la ley de negociación colectiva de los públicos. Consultado por Búsqueda, mencionó una segunda conclusión que le deja el Fondo Coronavirus: el impuesto anunciado tiene “un efecto más político que recaudatorio”. López cree que el gobierno buscó también “reafirmar su respaldo” y, en su opinión, la medida resultó exitosa porque tuvo un “efecto popular positivo”. También parece tener un respaldo político. López recuerda que en las semanas previas hubo un centro de Guido Manini Ríos que cabeceó después José Mujica. El miércoles 1º, con algunos reparos, el Frente Amplio decidió apoyar la medida en el Senado.
“La gente ya critica de por sí al funcionario público, imaginate cuando ven que algunos tienen salarios de las cifras que se están manejando. La gente aplaude eso”, reconoce, aunque no le gusta.
Una de las pocas cosas positivas que López ve en la crisis sanitaria es el reconocimiento del trabajo de los médicos. Sin embargo, lamenta que no se reconozca de la misma manera a otros trabajadores públicos que también están en la primera línea de batalla. Como ejemplos, resaltó el trabajo en las cárceles, en Aduanas, en Migraciones, en la DGI para darle continuidad a la recaudación, en los centros del INAU y el Inisa, en el Ministerio de Desarrollo Social.
“Son servicios esenciales. No podés cuidar a los presos por teletrabajo. El Mides no puede repartir canastas por teletrabajo. Hay una gran cantidad de trabajadores públicos trabajando y poniendo la carita todos los días. Son ellos los que sostienen el Estado mientras el gobierno, la población y los medios de comunicación nos dan palo. Es muy fácil pegarle al trabajador público y darle duro”, lamentó.
En su opinión, “es inentendible” que los privados queden por fuera del alcance del fondo.
El grado 5 en Derecho Laboral, Hugo Barretto, —director del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho— se expresó en una línea similar aunque matizada. En su opinión los argumentos expuestos hasta ahora son “insuficientes” para explicar la distinción. “Se parte de un presupuesto equivocado o insuficiente que intenta contraponer al trabajo público como un trabajo que queda totalmente al margen de los riesgos derivados de la emergencia sanitaria y al trabajo privado como que está absolutamente afectado por la situación. Habría que hacer un análisis más fino. Ahí hay un problema”, explicó.
La Mesa Sindical Coordinadora de Entes se expresó en términos más contundentes el martes 31. En una resolución dijeron que no se iban a oponer a hacer ese “esfuerzo económico extra”, pero denunciaron una “enorme hipocresía” al no exigirles “ni un peso” a los sectores económicos que “aplauden el dólar por las nubes, los dueños del capital, los que viven pidiendo exoneraciones”.
En esa misma línea, Soto dijo a Búsqueda que AUTE le propondrá al Poder Ejecutivo que también traslade a ese fondo el dinero que UTE les paga a generadores privados por energía que no necesita. Según sus estimaciones, la cifra ronda los US$ 75 millones.
Aislamiento y acercamiento
Los dirigentes del PIT-CNT creen que el movimiento sindical está siendo víctima de una campaña de deslegitimación que pretende aislarlos de la gente. En ese marco ubican el episodio de los deliverys, los ataques a la página web, una serie de memes que circulan por las redes sociales, las fake news, las amenazas y también algunas posturas de sectores políticos frente a sus decisiones.
El presidente de la organización, Fernando Pereira, lo desarrolló en una publicación en su cuenta de Facebook. “Intentan bloquear al movimiento social, satanizando cada una de sus acciones, intentando generar la idea de que pretendemos desestabilizar al gobierno, que no se puede protestar”. La creación del Fondo Coronavirus también fue incluida en el análisis. En esa línea sostuvo que el descuento sería comprensible si se hiciera mediante negociación colectiva y si también incluyera los “salarios abultados” del sector privado y los ingresos de los sectores más ricos.
“Que nadie piense que los trabajadores no vamos a aportar para enfrentar la crisis, pero también debemos exigir que todos aportemos”, analizó.
Como contraofensiva, en los días siguientes las redes oficiales del PIT-CNT informaron ampliamente de cada una de las acciones solidarias que impulsan sus sindicatos. La campaña de aislamiento fue analizada, el miércoles 1°, por el Secretariado Ejecutivo.
Barretto coincide en parte con ese análisis y ve algunas señales del nuevo gobierno que alejan a las organizaciones sociales de los ámbitos de decisión política. Detrás de algunos de los cuestionamientos al caceroleo —que van más allá de los integrantes de la coalición de gobierno— ve un “prejuicio muy fuerte” y una concepción social que sostiene que hay solo dos sujetos, “el Estado y el individuo”.
“La existencia de organizaciones sociales fuertes, genuinas y representativas son un reaseguro de que la democracia no quede en el ejercicio político de la elección quinquenal, sino que alcance una práctica cotidiana”, argumentó.
En ese sentido, valoró como una buena noticia la decisión del Poder Ejecutivo de convocar nuevamente a un ámbito tripartito. El miércoles 1º en el Ministerio de Trabajo se desarrolló una reunión con dirigentes sindicales y empresariales. Ambos sectores coincidieron en que es inviable cumplir con la ronda de negociación de los Consejos de Salarios y empezaron a intercambiar alternativas. Además, el PIT-CNT hizo énfasis en que el gobierno promueva una renta básica para los trabajadores informales durante el período de emergencia y que las empresas suspendan los despidos, que son 6.689 en lo que va del mes. La convocatoria, con la que el gobierno pareció tender una mano al diálogo, llegó con algunos días de distancia del caceroleo y con el Fondo Coronavirus encaminado en el Parlamento.
La reunión del jueves 26 entre Lacalle Pou y COFE también había terminado con una señal positiva. Aprovechando el tono de confianza en el que había transcurrido el encuentro, López se permitió hacerle un pedido al presidente antes de irse: “Che, ¿te puedo tirar un mangazo?”, le dijo. Le explicó que en el INAU y en el Inisa los funcionarios seguían trabajando y no tenían los implementos de seguridad adecuados. Que en el sindicato estaban haciendo pero que la producción no era suficiente, y le preguntó si era posible que les dieran algunos de los que estaba produciendo el Ministerio de Defensa. Un rato después, López recibió otro mensaje de texto de Lacalle. Les había conseguido 2.000 tapabocas.
“Algo le sacamos por lo menos”, se consuela con humor.
