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Marcelo Recalde trabaja hace 12 años como administrativo para el Banco de Previsión Social (BPS). Está integrado a la línea jerárquica del organismo, maneja recursos del banco, su jefe es un funcionario público presupuestado y sus compañeros también. Él, sin embargo, es un empleado privado, aunque la empresa de la que es dependiente no sabe en qué consiste su trabajo diario. Cobra menos que quienes trabajan a su lado, tiene menos días de licencia y no está previsto que pueda ir al médico en horario laboral sin que le hagan el descuento correspondiente.
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La Comisión de Trabajo Tercerizado (CTT) del PIT-CNT —de la que Recalde es coordinador general— estima que hay a lo largo y ancho del Estado más de 100.000 personas en situaciones similares. El fenómeno no es exclusivo del sector público. Las tercerizaciones también se utilizan en el sector privado, pero el Estado es, según Recalde, el que peor trata a los trabajadores que están en esa condición. Es “el mayor precarizador”, afirma.
Sucede que la actividad privada está regulada por la rama de actividad, los consejos de salarios y los convenios bipartitos. Eso achica la brecha entre empleados directos y tercerizados.“Si entro a una fábrica de bebidas como empleado directo o tercerizado, gano lo mismo, tengo la misma licencia y los mismos beneficios”, plantea Recalde.
En el sector público, en cambio, los tercerizados cobran entre 40% y 70% menos por cumplir las mismas tareas que los funcionarios, asegura. A eso se suman diferencias en horarios, licencias, beneficios y, sobre todo, inestabilidad laboral. Cuando se termina el vínculo entre el Estado y la empresa privada, el trabajador no sabe cuál será su destino.
Según Recalde, el Estado no sabe ni siquiera cuántos trabajadores tercerizados tiene. La CTT le pidió en 2016 esa información a todos los entes y servicios descentralizados. También les requirió evaluaciones económicas respecto a las tercerizaciones. Es decir, si habían calculado cuánto ahorraban y cuánto más eficiente era ese tipo de contratación. La mayoría de los organismos ni siquiera pudo contestar la primera pregunta. La Dirección General Impositiva (DGI), el BPS y el Palacio Legislativo fueron algunas de las excepciones. Los principales tercerizadores —según Recalde UTE, OSE y Ancap— no pudieron responder. A través de los sindicatos de base, calculan que solo UTE tiene unos 2.500 tercerizados.
La segunda pregunta, ningún organismo supo responderla.“No hay un estudio que diga ‘tercericé tal sector y sé que fue más eficiente o no lo fue’. Ninguno pudo responder eso”, lamenta Recalde.
Reunificación
Las tercerizaciones tienen un efecto paralelo en la organización sindical. Lo que empieza a suceder como consecuencia de ese fenómeno es una atomización. Los tercerizados de cada organismo van conformando sus propios sindicatos, separados del sindicato de base del lugar. En los últimos años, muchos de ellos comenzaron a integrarse a la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), pero la CTT quiere ahora desandar ese camino.
“Si trabajo en BPS pero pertenezco a Fuecys, tengo una ley diferente de fueros, un lugar diferente al que ir a negociar, y otros compañeros. Todos son trabajadores de BPS, pero se rompe la unidad y se debilita la fuerza sindical”, plantea Recalde como ejemplo.
La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) es uno de los sindicatos que ya dio los primeros pasos de unificación. Ese gremio resolvió integrar a todos los trabajadores contratados bajo la modalidad de suministro de personal. Aún quedan por fuera los tercerizados de limpieza y seguridad, por algunos obstáculos estatutarios.
La precursora de la unificación de los trabajadores tercerizados fue en realidad la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Desde hace años allí modificaron los estatutos para que pudieran convivir funcionarios con tercerizados. Entre 2018 y 2019, destaca Recalde, la federación consiguió “destercerizar” a 700 trabajadores, en tiempos en que cada contrato nuevo de función pública es analizado bajo lupa por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.“Si hubieran sido 70, los aplaudíamos igual”, destaca.
Ese ejemplo es el camino a seguir. La CTT —integrada por 24 sindicatos— aprobó el año pasado una recomendación y un protocolo de unificación. La intención es que funcionarios y tercerizados en cada sindicato conformen una única plataforma reivindicativa.
“La receta es simple, cuanta más unidad y disciplina, mayores son las conquistas. Cuanta menos unidad, más difíciles son las conquistas”, resume.
El proyecto encajonado
Los procesos de tercerización no son nuevos. Recalde ubica su origen en los 90 como alternativa a los intentos de privatización fallidos de algunas áreas del Estado. La tendencia no cambió demasiado con la llegada del Frente Amplio al gobierno. Durante 2005 y 2013 hubo algunos avances. Sobre todo durante el primer período de Tabaré Vázquez, cuando se dio una “regularización importante” de contratos. Pero quedó en amagues, porque a partir de 2013 los procesos de tercerización aumentaron y se profundizaron, relata Recalde.
Como complemento del proceso de unificación de sindicatos, la CTT también se propone reflotar un proyecto de ley que quedó “encajonado”. En esencia, el texto plantea que los organismos del Estado no pueden tercerizar “tareas permanentes”. Tienen que cumplirlas con trabajadores propios. Sí se puede tercerizar tareas no permanentes, pero con algunos mecanismos de control.
El proyecto de ley empezó el trámite parlamentario a través del diputado oficialista Luis Puig. A pesar de que en principio contaba con el respaldo de la bancada del Frente Amplio, quedó estancado. Este martes la CTT se reunió con los parlamentarios oficialistas para intentar destrabar la situación.
Los sindicatos que integran la comisión harán un paro el próximo miércoles 18 como medida de presión. Ese día irán hasta la Torre Ejecutiva para entregarle una carta al presidente Tabaré Vázquez detallándole sus reivindicaciones.
